LUNES Ť 12 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Cuestiona la Profepa acuerdos de bioprospección

Propician convenios oficiales el robo de recursos genéticos

Ť Pide al INE realizar una consulta popular sobre el tema

ANGELICA ENCISO L.

Empresas transnacionales, en convenios oficiales con instituciones académicas mexicanas, desde hace siete años han sustraído una cantidad incuantificable de recursos genéticos del medio ambiente que son propiedad de la nación. Pero ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su resolución sobre la denuncia popular del caso UNAM-Diversa ha puesto en cuestionamiento la validez de esos contratos.

A través de los llamados acuerdos de bioprospección que las transnacionales, universidades estadunidenses y mexicanas han suscrito, se establece el acuerdo de investigación de plantas y hongos nacionales para ser utilizados con fines comerciales en el desarrollo de medicamentos o químicos. Así se cede el derecho a las empresas de llevarse las variedades naturales. Además de esto hay casos en los que extranjeros han patentado productos de origen mexicano. Esto ocurrió con el frijol enola o el pozol.

En México hay cuatro contratos de bioprospección en los que a cambio de limitadas regalías y donaciones, se compromete la biodiversidad biológica de México, que está entre las seis naciones más ricas de especies de flora y fauna del mundo, indican organizaciones.

Mínimas regalías

Por ejemplo, la UNAM, en el convenio con la empresa estadunidense Diversa expone los recursos nacionales a cambio de equipo por un valor de 5 mil dólares, 50 dólares por cada muestra, 0.5 por ciento de regalías sobre las ventas netas en caso de que sean productos farmacéuticos, y 0.3 por ciento si son químicos, señala la argumentación de la denuncia popular presentada ante la Profepa por Alejandro Nadal y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, Greenpeace México, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Grupo de Estudios Ambientales ante la Profepa.

Los otros acuerdos son Investigación y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y la biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas, en el que participa el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Georgia y la empresa Molecular Nature; el ICBG-Zonas Aridas, y el Proyecto Biolead, donde participa la empresa Novartis y la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas Chinantecas (UZACHI).

Intermediarias

Los proyectos siempre incluyen a una empresa biotecnológica transnacional que funciona como intermediaria de otras de mayor tamaño, convienen con universidades o centros de investigación públicos y con organizaciones. Los grupos locales se encargan de las colectas, transferir sus conocimientos e identificar los componentes activos o microorganismos con interés comercial potencial, resume Silvia Ribeiro, de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI por sus siglas en inglés).

Todos ellos han despertado polémica por la forma en que se establecieron. Entre los argumentos que las organizaciones no gubernamentales han establecido están que no se presentó la información adecuada a las comunidades, que se trata de saqueo y de acciones de biopiratería. Y sólo en el caso UNAM-Diversa se presentó una denuncia popular ante la Profepa, la cual en su argumentación da la razón a los demandantes.

Convenio sin límites

El Instituto de Biotecnología de la UNAM celebró en 1998 con la compañía estadounidense Diversa un convenio por tres años en el que se compromete a proporcionar a la empresa muestras del medio ambiente que consisten en cultivos enriquecidos, aislados o extractos de ADN de especies de flora para que busque componentes de interés industrial con la posibilidad de explotarlos comercialmente. La empresa, por su parte, se obligó a donar a la UNAM el equipo para la realización de las tareas y aportaciones económicas.

Sin embargo, este convenio, según indica en su argumentación la denuncia popular, "no parece tener límites. Su objeto cubre toda la biodiversidad microbiana de México y, por esa razón, sus implicaciones son de gran envergadura. Los intereses involucrados son enormes y el daño potencial para el país puede ser de grandes dimensiones".

Esta denuncia fue presentada en marzo del año pasado, con el fin de que el convenio se declarara nulo y se recomendara al Instituto Nacional de Ecología (INE) que impidiera la autorización y aplicación de este tipo de acuerdos. En el documento se presentan como presuntos responsables a las autoridades de la UNAM y el INE, ya que "firmaron y dieron su autorización indebidamente para que se pudiera celebrar e instrumentar este convenio".

Argumenta que la UNAM violó la legislación ambiental ya que no es una dependencia del gobierno federal, "sus atribuciones son en el terreno de la educación superior y en la investigación científica, por lo que no es representante de la federación en el ámbito de política ambiental y tampoco en el manejo y acceso de los recursos genéticos del país".

Señala que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) tiene como fin coordinar las acciones y estudios relacionados con las especies biológicas, pero no es regulador de la política de acceso a los recursos biológicos. Estas instituciones "no tienen la facultad o derecho de disponer sobre los recursos genéticos de México pues no tienen el dominio sobre los mismos, ni mandatarios de quien teniéndolo pudiera haberlo concedido". Además, establece que el fin de ese acuerdo es contrario a lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Resolución de la Profepa

A todo ello, la resolución de la Profepa, dada a conocer el 30 de noviembre del año pasado, da la razón a las organizaciones. Indica que aunque la argumentación de los abogados de la UNAM señala que el convenio es de carácter privado y de colaboración, "es incuestionable que el objeto es el acceso a los recursos genéticos con lo que su ejecución queda sujeta a disposiciones de orden público", además no se trata sólo de un convenio de "colaboración", ya que tiene entre sus efectos previstos poner a disposición de la empresa materiales con fines biotecnológicos para su explotación comercial.

Señala también que disposiciones del Convenio sobre Biodiversidad Biológica y la LGEEPA no se cumplen. Indica que el "consentimiento fundamentado previo" de quien otorga los recursos genéticos, la dirección general de Vida Silvestre del INE que se encargó de ello, "carece de facultades para otorgar el consentimiento respecto de actos que afectan al patrimonio federal" y en todo caso lo habría podido haber hecho el presidente del organismo.

Respecto al intercambio equitativo refiere que aunque se establecieron bases generales, Diversa no sido clara en cuanto a la aportación como para ponderar si es equilibrado o no. Además ha sido la UNAM la que ha solicitado los permisos para las actividades de "colecta y exportación" de los recursos, "pero no es la persona interesada en la utilización de los recursos con fines de biotecnología, sino la intermediaria para ese propósito, hasta ahora sin mandato expreso para ello de la Federación. Lo anterior desde luego en perjuicio del legítimo interés científico de la UNAM en la colecta de ese material".

La conclusión general a que llega la Profepa es que se han llevado "acciones preparatorias" para el proyecto que incluye actividades con fines biotecnológicos que "pueden resultar de gran relevancia para el país" y una vez que se cumpla con los requisitos jurídicos, podría sentar precedente para futuras iniciativas en la materia; pero aclara que están pendientes el otorgamiento del consentimiento de la Federación como propietaria de los terrenos y la autorización para la realización de las actividades.

Cuestión de equidad

La Profepa, aun con la argumentación que presenta asume que carece de facultades para manifestarse sobre la validez o nulidad de los convenios que constituyen parte de los hechos denunciados, aunque en algunos aspectos las reglas son claras, "no lo está tanto en lo que se refiere precisamente a la cuestión de equidad, lo que amerita que se desarrolle una amplia discusión pública al respecto". Esto, porque la ley no es clara y se presta a interpretaciones. Pide al INE convoque a una consulta popular sobre el caso, la cual no se ha dado.

Este fallo es histórico, porque es la primera vez que una autoridad federal da la razón a organizaciones sobre el status jurídico de los convenios de bioprospección y aunque sólo es una recomendación, sienta precedentes para los otros casos, señala Alejandro Nadal. Destaca que aunque esta resolución se dio hace más de dos meses, las actuales autoridades ambientales no han dado respuesta a las recomendaciones de la Profepa.

Ante la tibieza de las recomendaciones finales, luego de que la resolución rechaza cada argumentación de los involucrados y apoya la demanda de las organizaciones, considera que la denuncia popular tal como aparece en la ley no da para más, aunque es posible decir que hay despojo de bienes nacionales y se debería abrir una investigación de oficio.

Uso directo de variedades y conocimiento indígena

Silvia Ribeiro, de RAFI, explica en entrevista que hay dos tipos de robo de variedades genéticas. La que utiliza directamente los recursos, como los casos de alimentos patentados en otras naciones, y la que hace uso del conocimiento indígena para obtener los recursos. De esto se tratan los convenios de bioprospección.

Indica que las plantas medicinales y microrganismos provenientes de naciones como México, contribuyen al menos con 30 mil millones de dólares al año para la industria farmacéutica de los países desarrollados.

Detalla que una forma de facilitar los acuerdos "legales" es el Grupo Internacional de Colaboración en Biodiversidad (ICBG), un consorcio de agencias federales de Estados Unidos que incluye institutos de salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura. Hace donaciones a instituciones de investigación públicas y privadas que realizan programas en los países de bajo desarrollo.

De acuerdo con un documento que coordinan Andrés Barreda y Ribeiro, de Casifop y RAFI, respectivamente, que en breve se publicará, además del caso de UNAM Diversa, están los siguientes:

-El ICBG-Maya (Investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y la biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas) se firmó en 1998 con duración de cinco años y participan el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la empresa Molecular Nature, con sede en Gales, y la Fundación de Investigación de la Universidad de Georgia se firmó en 1998. El fin es descubrir fármacos en plantas y hongos, a partir de aislar 2 mil componentes activos. Hasta diciembre de 1999 se habían recolectado casi 6 mil muestras en Chenalhó, Oxchuc, Tenejapa y Las Margaritas, además de que se registraron 200 fórmulas medicinales.

De acuerdo con el Ecosur los beneficios para la población indígena serían la copropiedad entre los miembros del proyecto, al menos 25 por ciento de las regalías; la promoción de jardines medicinales y cooperativas. En septiembre de 1999 el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales del estado se inconformó con el proyecto y pidió su cancelación. La Semarnap intervino como mediadora, pero no hubo oportunidad de discusión. Ante ello, los investigadores determinaron no solicitar más permisos de colecta hasta que se definan los mecanismos jurídicos para ello y que hubiera una instancia de representación de las comunidades. El proyecto está suspendido.

-ICBG-Zonas Aridas (Bioactive agents from dryland plants in Latin America), desde 1994 participan la UNAM a través del Jardín Botánico; las Universidades de Arizona, Louisiana y Purdue; el Centro para las Enfermedades GWL Hansen, de Estados Unidos. Se desarrolla en varios países de América Latina, con el fin de investigar en zonas áridas plantas, de las que se puedan obtener fármacos. Se han colectado variedades en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. Hasta 1997 se habían obtenido 3 mil 500 extractos de más de mil plantas.

-En Biolead Project participan desde 1995 la transnacional Novartis, la organización Estudios Rurales y Asesoría (Era) y la Unión de Comunidades Forestales Zapoteco-Chinantecas (UZACHI). Aquí se han recolectado entre 9 y 10 mil muestras de hongos micro y macroscópicos que se pueden utilizar en tratamientos contra el sida y cáncer.

Pozol, tepezcohuite, frijol... patentados en otros países

Alimentos reconocidos como mexicanos han sido patentados en otras naciones, con lo que el país ha perdido los derechos sobre ellos. Esto ocurrió con el pozol, registrado por la Universidad de Minesota, el Tepezcohuite y los nabos negros de la Montaña de Guerrero se registraron en España, el nopal en Italia y el frijol enola en Estados Unidos.

Sólo en el caso del frijol amarillo enola se ha presentado una apelación. Esto lo hizo el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) el pasado 20 de diciembre ante autoridades estadunidenses. El frijol amarillo enola fue expropiado a México y viola los derechos del país sobre sus recursos genéticos, tal como lo establece el Convenio de Diversidad Biológica, informó la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI por sus siglas en inglés).

Este frijol fue registrado por Larry Proctor, de la empresa PODNERS con sede en Colorado, quien compró frijoles en 1994 y luego presentó una solicitud de patente monopólica exclusiva en ese país que se le autorizó en abril de 1999.

Después de esto, estableció un juicio contra dos empresas mexicanas que vendían esa variedad a Estados Unidos, bajo el argumento de que violaban sus derechos de patente.