El conflicto prelectoral en Yucatán es producto de la pericia de un cacique político y pilar del priísmo arcaico, irrespetuoso de la ley, que se enfrenta a un gobierno federal que se dice devoto de la legalidad, pero que en los hechos está demostrando su inexperiencia y falta de habilidad política para resolver este tipo de controversias. 

Si bien los diferentes actores políticos en pugna --menos Víctor Cervera y el PRI-- se han manifestado por encontrar una solución por la vía del diálogo, línea que debe prevalecer ante lo acalorado de las discusiones y la posible intervención de la fuerza pública, resulta lamentable que el gobernador y sus aliados desacaten con lujo de cinismo una sentencia judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad electoral de la nación. 

Cervera Pacheco y el priísmo yucateco han retado a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Santiago Creel, había expresado que no permitiría que, tras la supuesta defensa de la soberanía estatal, se violara el marco constitucional del Estado mexicano. Arrogante, la diputada local priísta Myrna Hoyos, en sus encuentros con los medios, no evita mostrar su displicencia para con el gobierno federal. 

No se puede sugerir una plena solución al conflicto si ésta no parte de un consenso integral de todos los actores involucrados y en el marco de la ley. A la fecha, la propuesta de un grupo de empresarios, presumiblemente cercanos a Cervera --que desconoce de facto a los consejeros insaculados por el tribunal--, de votar en el Congreso local un tercer y definitivo bloque de consejeros que integren el Instituto Electoral del estado, sólo cuenta con el respaldo de los priístas y del propio gobernador. 

Llama la atención que a 24 horas de vencido el plazo anunciado por el gobierno federal para solucionar el problema, no se explique qué es lo que realmente está pasando, y todo esto lo único que genera es desconfianza e incertidumbre. No se ha llegado a ningún acuerdo y la incógnita sobre una posible intervención de la Policía Federal Preventiva se pasea por la calles de Mérida como un fantasma casi chocarrero. 

Es en este ambiente, viciado de origen, en el que se pretende poner en marcha un proceso electoral que difícilmente llegará a buen término. No cabe duda que el vacío legal es el peor antecedente para organizar una elección. Un Instituto Electoral ilegítimo, cuestionado en su imparcialidad, no puede cumplir con su función de arbitrio por la simple carencia de credibilidad. De no cumplirse la sentencia del TEPJF, sea cual sea el resultado de las elecciones que se avecinan en Yucatán, el conflicto político durante y después del proceso se presume como un hecho casi inevitable. 

La disyuntiva radica entre el acato a la ley o la rebeldía. Optar por lo segundo sentaría un precedente de vulnerabilidad legal que frenaría los avances en materia electoral y, peor aun, se podría convertir en una seria amenaza a la estabilidad democrática que anhela y se merece el país. 

El gobernador de Yucatán no ha dado la mínima señal de respeto a la ley, y el gobierno federal no ha encontrado la manera de hacerla cumplir. El gran reto: resolver el conflicto por la vía del diálogo, sin transgredir la ley, y garantizar una elección democrática.