Una década cumplen este año los intentos de las comunidades zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa, Oaxaca, de resolver, por la vía de la negociación, el embrollo provocado por autoridades estatales y federales --que ha costado muchas vidas y enfrentamientos-- al asentar 28 comunidades chiapanecas en tierras que históricamente han pertenecido a los oaxaqueños y que les fueron reconocidas --594 mil hectáreas-- mediante resolución presidencial, en marzo de 1967.

La propuesta negociadora "de comunero a ejidatario" que los comuneros chimas --como se conoce a los zoques-- pusieron en marcha en 1991, proponía a los campesinos chiapanecos llegados a la región después de marzo de 1967, que podían quedarse en las tierras que detentaban si reconocían a las comunidades chimalapas y accedían a convertirse en comuneros.

Ésta sin embargo ha sido boicoteada por autoridades estatales y municipales, principalmente de Chiapas, vinculadas con los intereses de madereros y ganaderos. La situación se complicó más al superponerse al problema agrario uno de límites interestatales entre Oaxaca y Chiapas.

El conflicto agrario involucra unas 70 mil hectáreas; el de límites cerca de 160 mil hectáreas.

También contribuyeron a boicotear la negociación autoridades ambientales federales que durante esta década han pretendido instaurar una Reserva de la Biosfera en los Chimalapas, contrapuesta al interés de los comuneros de crear una Reserva Ecológica Campesina (rec) en sus tierras, con políticas diseñadas por ellos con apoyo organizaciones ecologistas, pero después de que se resuelvan los problemas agrario y de límites.

No obstante, los chimas lograron acuerdos con cuatro de los poblados chiapanecos, que aceptaron convertirse en congregaciones integrantes de Santa María: San Pedro Buenavista en 1996; el ejido que llevaba el nombre de la esposa del ex gobernador chiapaneco Absalón Castellanos, Elsy Herrerías de Castellanos, que al aceptar el cambio, en 1997, optó por denominarse La Libertad; los ejidos Pilar Espinoza y Nueva Jerusalén, en 1999, informó Álvaro Román Ríos, ex presidente del consejo de vigilancia del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel.

Mencionó además que en este proceso "lo único bueno" fue haber logrado, en el 94, que el predio San Isidro La Gringa se recuperara, 40 945 hectáreas que estaban en manos de ganaderos chiapanecos, "y eso se ha valorado por las comunidades porque fue en esfuerzo conjunto de San Miguel y Santa María y del Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas (cndchim). De ahí para adelante todo quedó en el papel".

Por ahora los comuneros zoques están a la expectativa, esperanzados en que con Vicente Fox en la presidencia de la República y con Pablo Salazar Mendiguchía en el gobierno de Chiapas, pudiera haber un cambio en la actitud de autoridades federales y estatales. "A ver si podemos dialogar, a ver si a mediados de febrero se tiene que hacer una reunión" comentó en entrevista vía telefónica, el pasado 31 de enero, el comisariado de San Miguel Chimalapa, Artemio Aguilar Juan.

Al respecto, Miguel Angel García, coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste (mps) --organización con más de una década trabajando en la región-- indicó que durante la intervención de Salazar Mendiguchía el pasado 23 de enero en un acto en la Universidad Iberoamericana en el Distrito Federal, él interrogó al gobernador chiapaneco sobre su perspectiva para la solución del conflicto en Chimalapas. "Salazar contestó que hay que resolverlo por la vía agraria primero, sin entrar a decir si es territorio de Chiapas o de Oaxaca", afirmó.

Por lo pronto el impasse no significa que los problemas en Chimalapas hayan cesado.

El 31 de diciembre, la comisión de Difusión y Enlace de la región Oriente de los Chimalapas le envió un escrito a Fox --con copia a los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, al cndchim, al titular de la Semarnat y al Centro de Derechos Humanos Tepeyac, mencionándole los problemas que han tenido "con caciques, terratenientes y talamontes de Chiapas".

Le mencionan que en octubre de 2000 desalojaron a "invasores de los predios denominados La Hondonada, La Orquídea y últimamente decomisamos una grúa que se encontraba laborando en un área de aprovechamiento forestal por parte del estado de Chiapas dentro de los bienes comunales".

"Actualmente nos encontramos preocupados por los resultados de nuestras luchas por la defensa de nuestros bienes comunales, por la represión e intimidación por parte del Ejército mexicano y de la Policía Federal Preventiva. En nuestra región, los indígenas zoques creemos que esto no es la solución del problema agrario que hoy vivimos y menos que garantice la paz en nuestra región, y es por esto que le pedimos de la manera más urgente su intervención en este conflicto agrario, ya [que] por parte de los invasores talamontes chiapanecos estamos recibiendo muchas amenazas. Nosotros ya no estamos para aguantar tanta agresión de estos grupos ya mencionados", agregan en su carta al Ejecutivo federal.

Por su parte el comisariado de San Miguel, Artemio Aguilar, confirmó en la entrevista telefónica, el 31 de enero pasado, que a la congregación Benito Juárez, donde se detuvo la grúa citada y dos motosierras con las que estaban cortando madera los chiapanecos, "siempre llega el Ejército y la Federal Preventiva para que no haya problema en la congregación, llegan a vigilar la grúa", y que él estaba en pláticas con la propietaria del aparato para ver cómo se iba a arreglar su devolución.
 
 

La historia interminable

La conciliación de comunero a ejidatario, se inició en 1991 a iniciativa de los chimas ante la posición de la sra de no ejecutar físicamente las resoluciones presidenciales ni entregar los planos definitivos para integrar las carpetas básicas agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapas en tanto no se pusieran de acuerdo los gobiernos de Oaxaca y Chiapas.

El recorrido por los poblados en conflicto --sobre todo con los de origen chiapaneco-- terminó en marzo de 1992. El resultado fue la aceptación de algunos ejidos de incorporarse como comuneros a San Miguel y Santa María, pero el gobierno de Chiapas, entonces encabezado por Patrocinio González, los obligó a desistirse

El 20 de diciembre de 1993, después de una movilización de comuneros a la ciudad de México, los gobiernos federal y de Chiapas y Oaxaca, acordaron con los zoques dar una solución "definitiva" al conflicto agrario, que quedaría resuelto el 1º de julio de 1994.

Entonces los comuneros y los integrantes del cndchim informaron que se habían aceptado los cinco puntos propuestos por ellos, lo que implicaba la oficialización de la conciliación que ellos habían realizado con los núcleos chiapanecos y la propuesta de creación de la Reserva Ecológica Campesina.

García explicó que había cuatro estatus en los ejidos chiapanecos: seis tenían resolución anterior a las de los chimalapas, "pero se ha exigido que se deslinden para que se excluyan del plano, los chiapanecos no han querido que se deslinden porque tienen más tierra de la que les toca, y sra no ha hecho nada porque está esperando que se convenzan y den permiso. Son los ejidos más ganaderizados que fueron la base de la Coalición de Defensa de la zona noroeste de Cintalapa".

Otro grupo de cinco ejidos tiene mandamiento del gobernador; doce tienen resolución presidencial posterior a la de los chimalapas; diez no tienen mandamiento, y de ésos, dos ni siquiera expediente instaurado. Se acordó que a los diez que no tienen mandamiento gubernamental se les notificaría que su trámite no iba a tener ninguna solución, que si querían volverse comuneros se quedaban y si no, se salían.

Los que tenían mandamiento gubernamental, los chimalapas proponían ir a verlos acompañados por la sra, para explicarles que les dieron mandamiento donde no debían, su trámite iba a salir negativo en oficinas centrales pero tenían la opción de volverse comuneros.

Con un procedimiento igual, pero más delicado, se iría con los que tenían resolución presidencial posterior a la de los chimalapas, señalando que si no aceptaban volverse comuneros, entonces se iba a ir a un juicio de nulidad al Tribunal Unitario Agrario y luego al Superior, "pero finalmente todo mundo estaba de acuerdo en que la resolución era nula de origen".

El problema principal, "y fue donde [Arturo] Warman pegó de gritos, fue que los chimalapas querían que se hiciera un censo en el terreno, ellos con personal de la Procuraduría Agraria, para verificar quién efectivamente vivía en el ejido, de la tierra, porque no aceptaban volver comunero a los que vivían en otras partes, como Cintalapa o Veracruz. La segunda bronca fue que los chimalapas dijeron que de los nacionaleros y supuestos propietarios no aceptaban a nadie porque el gobierno los metió", indicó García.

El 28 de abril de 1994 se acordó el desalojo del predio La Gringa, ocupado por ganaderos chiapanecos, mismo que se entregó a la comunidad de Santa María el 8 de septiembre. Entonces, recordaron García y Álvaro Román, en entrevistas por separado, se indemnizó a los ganaderos con 14 millones de pesos.

Ambos coincidieron en que de esa cantidad, dos cheques por tres millones de pesos salieron a nombre de Saúl Prado, a la sazón director de Asuntos Agrarios del gobierno de Chiapas, y aunque se exigieron explicaciones al respecto, nunca hubo respuesta. "Eso demuestra que ha habido contubernio entre los funcionarios y los ganaderos", afirmó Román.

Posteriormente, el titular de la sra, Arturo Warman, "en vez de cumplir los acuerdos realizó un proceso de conciliación oficial en Acayucan, Veracruz, pero fue boicoteado por la Coalición de Defensa de la zona noroeste de Cintalapa"; en 95 vuelven a presionar los chimas a Warman y al gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, con movilizaciones y toman tierras, Cerro Baúl y La Hondonada, por lo que el 25 de julio de 1995 se firma otro acuerdo ratificando el de 1993.

En 96 llevaron a los chimas a conciliar a Tuxtla Gutiérrez; en 97 a Cintalapa, ambas en Chiapas; en 98, "ya no había disposición de seguir buscando la conciliación con aquellos que se han cerrado totalmente. Los núcleos agrarios chiapanecos han dicho que no van a conciliar más con chimalapas. Lo que pude ver con los hermanos indígenas de Chiapas con los que he estado platicando, porque son indígenas, es que ellos si querían pero detrás de ellos están los otros que no quieren" aseveró Román.

El 14 de agosto de 1999, el entonces Procurador Agrario, Froylán Hernández Lara, informó a la reportera de La Jornada, Matilde Pérez, que ya se habían identificado y ubicado geográficamente los límites comunales. La situación de Santa María con los poblados estaba así: San Pedro Buena Vista, Pilar Espinoza de León, Elsy Herrerías de Castellanos, Ignacio Zaragoza y Nuevo Jerusalén (11 847 hectáreas y 128 posesionarios) aceptaron ser comuneros. Mientras que Francisco Sarabia, La Reforma, La Lucha y Canaán (7 972 hectáreas y 220 jefes de familia) aceptaron reubicarse fuera de los terrenos comunales. Los poblados Jorge de la Vega Domínguez, Nuevas Maravillas y Plan de Guadalupe II (7 943 hectáreas, 139 posesionarios) están fuera de la superficie comunal.

En San Miguel, los poblados Nuevo Tenochtitlán y la ampliación Nuevo Tenochtitlán (7 171 hectáreas, 137 sujetos) están fuera de la propiedad de los comuneros zoques.

Respecto a los núcleos agrarios chiapanecos, los llamados Constitución, Merceditas y Felipe Angeles (7 139 hectáreas) tienen resolución presidencial anterior a 1967, cuando se reconoció la propiedad de Santa María. Lo mismo acontece con los de Ramón E. Balboa y Rodulfo Figueroa (2 563 hectáreas) en San Miguel, Chimalapa.

Los núcleos agrarios con resolución presidencial posterior a los bienes comunales son: Rafael Cal y Mayor, Benito Juárez, Benito Juárez II, Guadalupe Victoria II, Luis Echeverría y Constitución (17 721 hectáreas). En el caso de Luis Echeverría, la acción agraria está fuera de la tierra de los zoques pero sus habitantes se posesionaron de tierra de aquéllos: los de Constitución tienen una sentencia negativa del Tribunal Superior Agrario.

Los poblados Flor de Chiapas y Díaz Ordaz (5 208 hectáreas) también tienen resolución presidencial posterior a la de San Miguel.

"Esa situación jurídica tardaría varios años en resolverse dentro de un marco estrictamente legal, por eso la insistencia de una búsqueda conciliatoria entre indígenas zoques con los chiapanecos", subrayaba el Procurador Agrario indicando que se buscaba concluir con las acciones conciliatorias de los 15 poblados incorporados ya a dicho proceso y apoyar la participación de 14 más "que aún no otorgaban su anuencia para la medición correspondiente". Informaba que el gobierno de Chiapas entregaría pies de casa y superficies similares a las que poseían, a los pobladores que ya habían aceptado su reubicación fuera del territorio comunal de Chimalapas.

Se buscó información de la sra y la Procuraduría Agraria para actualizar este recuento pero no fue posible obtenerla.

Álvaro Román mencionó que los comuneros están en espera de la respuesta de los gobiernos federal y estatales. "Esperamos que sea pronto porque en Benito Juárez las cosas están difíciles y se aproxima la temporada de secas, se deben tomar precauciones por los incendios que se dan en esa área". El comisariado Aguilar Juan informó que ya se cuenta con una brigada contra incendios de 13 personas. En 1998 los incendios afectaron 210 mil hectáreas boscosas, de las cuales 25 mil fueron de pérdida total.