Ť No se utilizará como herramienta discrecional de conducción política: Martín Huerta

Descarta Gobernación usar la fuerza pública en el conflicto de Yucatán

Ť Apelaremos al derecho como recurso de convivencia, precisa el subsecretario de Gobierno

Ť Confirma la PGR que dio inicio a una averiguación previa sobre los hechos en Mérida

JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA

Vencidos los plazos establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que las autoridades yucatecas acataran las disposiciones que respaldan la actuación del Consejo Electoral insaculado, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ramón Martín Huerta, sostuvo que el gobierno de la República ''no utilizará la fuerza pública como herramienta discrecional de conducción política, sino la fuerza del derecho como recurso de convivencia''.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) dio inicio a una averiguación previa sobre los acontecimientos que tienen lugar en Yucatán, confirmó ayer el titular de la dependencia, general Rafael Macedo de la Concha.

Sin revelar mayores detalles, el procurador agregó que la PGR cumple exclusivamente con el mandato del Tribunal Electoral de establecer quién o quiénes son responsables del delito que obstruye la toma de posesión de los consejeros electorales en Yucatán, para lo cual trabaja ''intensamente'' en la integración y perfeccionamiento de la averiguación ''que ya se abrió''.

Análisis de los informes

A su vez, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzaron ayer el análisis de los informes requeridos a la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Gobernación y al Consejo Electoral del estado para determinar las acciones a seguir.

Según trascendió, el informe más importante será el que rindieron los consejeros electorales yucatecos insaculados, ya que éste deberá precisar en qué términos se solicita la intervención de los magistrados electorales.

Es decir, en razón de que el TEPJF no actúa motu proprio, sino a petición expresa de parte, los magistrados ?que se espera se reúnan en pleno privado en las próximas horas? definirán su posición sobre el problema con base en el informe y peticiones que hagan los únicos consejeros reconocidos legalmente por el tribunal.

Por su parte, Martín Huerta insistió en que aún puede haber una salida negociada ''dentro del marco de la ley'', por lo cual, dijo, la Secretaría de Gobernación no se opone a algunas de las propuestas que han comenzado a manejarse, como es el caso de la denominada tercera vía, misma que contempla la posibilidad de designar un tercer consejo electoral y la dimisión de los dos actualmente en disputa.

''Cabría la posibilidad de alguna combinación de alternativa que han propuesto los propios diputados yucatecos, así que existe una tercera posibilidad, si los yucatecos, apegados a sus leyes, así lo quieren'', dijo el funcionario.

Al fijar la postura del gobierno federal frente al desacato de las autoridades yucatecas a cumplir el fallo del TEPJF, Martín Huerta dio a conocer que las diversas instancias federales cumplieron puntualmente con lo establecido en el fallo.

Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colaboró en la protección de la integridad física de los consejeros insaculados y la preservación de las instalaciones donde laboran actualmente; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó a las instituciones de crédito que operan en Yucatán la identidad de los consejeros electorales insaculados, ''únicos autorizados para disponer de fondos en las cuentas bancarias del Consejo Electoral''.

El jueves, día clave

En entrevistas radiofónicas, el funcionario señaló que el plazo para encontrar una salida política y efectuar las elecciones en la fecha prevista es el jueves 15. De lo contrario, los comicios serían pospuestos.

Asimismo, dijo que la PGR ''conoció ya de los hechos relativos a las acciones y omisiones en que personas e instituciones han incurrido en el cumplimiento de la resolución judicial, a fin de integrar la averiguación previa correspondiente y atraer las indagatorias que hubiera iniciado la Procuraduría estatal.

El subsecretario reconoció que fue hasta este lunes cuando se realizaron los primeros contactos con el gobierno de Yucatán, tras conocerse el fallo del TEPJF, el jueves pasado, aunque dijo que la Secretaría de Gobernación ha sido ''respetuosa'' .

-¿Por qué buscar una solución negociada en Yucatán, cuando se supone que la ley no se negocia sino se aplica?

-Hay tribunales que deben calificar esto. Estamos empeñados en dar cumplimiento a los mandatos legales, pero en un ámbito de estado de derecho. Algunas instancias en Yucatán argumentan que están cumpliendo con la ley, y el máximo tribunal está juzgando estas acciones. Este es un estado de derecho y tiene sus tiempos. Durante estos días habremos de tener las conclusiones, que determinará un juez ?respondió.

Sin embargo, una y otra vez dijo que a Gobernación le toca aplicar la mesura y que, pese a las críticas de tibieza en sus acciones, mantendrán la prudencia para lograr una salida. 

El subsecretario señaló que se ha mantenido la comunicación con las autoridades yucatecas, aunque puntualizó que ''son llamados para consultar algunos aspectos, para intercambiar opiniones y nosotros con profundo respeto los escuchamos''.

-¿Las autoridades yucatecas están o no violando la ley en estos momentos?

-Estamos informando de manera oficial al tribunal acerca de los requerimientos al Ejecutivo, y seguramente durante este día se dará la respuesta de las autoridades yucatecas. Hasta que sepamos la respuesta de cada instancia, habremos de saber quién ha violado la ley, quién ha incumplido y qué instancias le quedan en el caso de haberlo hecho.

Por su parte, entrevistado en el marco de la reunión que sostuvo con la directiva de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, el procurador Macedo de la Concha indicó que la PGR tiene como obligación el cumplir con el ordenamiento del TEPJF, ''desde luego, también siempre pensando que esto tenga la mejor solución''.

Precisamente, ''el fortalecimiento del pacto federal es fundamental en este asunto, y a la PGR le corresponderá hacer lo suyo con estricto apego al estado de derecho''.

Macedo de la Concha aclaró que a la Procuraduría General de la República no le corresponde entrar en una polémica sobre si debe intervenir directamente en el desalojo del Instituto Electoral de esa entidad o no.

''Nosotros tenemos de un Tribunal Electoral Federal un mandato judicial. A mí no me corresponde cuestionar sobre la legalidad o ilegalidad del mandato. Entonces, nuestra obligación es cumplimentar únicamente ese mandato. Es lo que estamos haciendo, ya lo estamos haciendo'', concluyó.