Drástico ajuste al gasto corriente del gobierno

Ť Queda anulado el uso de vehículos oficiales, choferes y teléfonos celulares

Ť Se reasignará al personal sindicalizado y se abre el programa de retiro voluntario

ANTONIO CASTELLANOS

El gobierno federal comenzó el ajuste de su gasto corriente y canceló el pago de rentas de edificios; no reactivará plazas de mandos medios que fueron desocupadas y abrirá el programa de retiro voluntario en todas las dependencias. El grupo de 40 asesores del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, será reducido a únicamente tres, y sus correspondientes equipos, entre ellos secretarias y choferes, en caso de ser sindicalizados, serán reasignados a otras áreas.

De acuerdo con la información proporcionada, también se cancelará el uso de vehículos oficiales, teléfonos celulares y otros gastos, que tenían estos funcionarios de mediano y alto nivel que ya presentaron su renuncia. La mudanza de diversas oficinas de la Secretaría de Hacienda comenzará el próximo mes y con ello empezará un mayor control del gasto corriente.

Se informó que una situación similar se presenta en las subsecretarías de Hacienda, en el Servicio de Administración Tributaria y en todas las direcciones generales. El fenómeno es parecido en el resto de las dependencias del Ejecutivo federal y está previsto que en todas sus áreas se haga un examen crítico sus gastos y cómo se están ejerciendo para ajustarlos donde sea posible.

Un fenómeno similar se presenta en todas las dependencias del Ejecutivo federal para lograr una mejor aplicación del gasto. De manera paralela, se tiene ya un mecanismo de ajuste automático ante una eventual disminución de los ingresos públicos por la caída en los precios internacionales del petróleo.

Si esto llegara a ocurrir se utilizarían los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

En el supuesto de que se agotaran, se reducirán los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, pero se procurará no afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión.

En el caso de la Secretaría de Hacienda se eliminará la renta de un edificio en la colonia del Valle, donde se localizaba la oficina del vocero, así como de otras direcciones que ocupaban despachos en las instalaciones del World Trade Center. Definitivamente, el personal de la Dirección de Comunicación Social será reducido de manera sustancial.

De 200 personas y cuatro oficinas que existen en esa dirección, quedarán menos de 100 y una sola oficina. Aproximadamente 160 que son sindicalizadas podrán ir a Recaudación, para llevar a cabo tareas de verificación, y en esa oficina se bajarán los gastos por honorarios que se pagan de manera eventual para llevar a cabo las notificaciones a los causantes.

En este caso concreto quedará una sola oficina que podría ubicarse en Insurgentes Sur. El edificio de República de El Salvador sería desocupado por Comunicación Social para ser asignado a otra dirección, y el titular de la dependencia podría establecer sus oficinas, de manera definitiva, en Palacio Nacional.

El objetivo central es consolidar oficinas, y el secretario de Hacienda no contratará más asesores. Hasta el mes pasado había una ''cantidad enorme de oficinas y de puestos de mediano y alto nivel, cuyos titulares ya presentaron su renuncia y que no serán contratados nuevamente''.

En medio del debate sobre la reforma fiscal y la necesidad de aumentar la disponibilidad de recursos públicos, el sector empresarial vuelve a poner a discusión la eliminación de dependencias de gobierno. En su análisis semanal, el Centro de Estudio Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que los programas de gasto deben evaluarse para determinar si realmente sirven a la población más pobre. Hasta ahora, critica, el gobierno y el Congreso se limitan a pedir cada vez más recursos presupuestales para atender a esos grupos, pero de la eficiencia del gasto, ni una palabra.

El CEESP también propone evaluar con mayor rigor aquellos programas que no tienen una orientación social clara, para determinar si deben continuar o desaparecer. ''Lo más probable es que muchos no resistan la prueba y deban ser eliminados, lo que irremediablemente llevaría a cerrar varias dependencias públicas que resultan de escasa o nula utilidad para la sociedad''.

Entrevistado vía telefónica, el director del CEESP, Mario Rodarte, señaló que el análisis no se refiere a alguna dependencia en particular, e insistió en que la propuesta es determinar si las secretarías aún cumplen con su cometido. ''Sólo como ejemplo'' mencionó a la Secretaría de la Reforma Agraria. ''Habría que ver si realmente cumple su función de garantizar la seguridad alimentaria''.

El objetivo, según Rodarte Esquivel, no es el adelgazamiento del gobierno per se, sino como parte de una política orientada a usar los recursos públicos de manera más clara y eficiente. DAVID ZUÑIGA