Ť Su actitud, contumaz y obstruccionista, dice
Acredita el TEPJF desacato de Cervera a ejecución de fallo
Ť En su notificación a la PGR y Gobernación, magistrados no solicitaron el desalojo de consejeros de la sede del CEE
ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio ayer por acreditado el desacato del gobernador yucateco, Víctor Cervera Pacheco, y su "reiterada actitud contumaz y obstruccionista a la plena ejecución de la sentencia" emitida por el propio tribunal, así como la actitud de los "ciudadanos" que se negaron a desalojar las instalaciones del Consejo Estatal Electoral.
Sin embargo, en su acuerdo, los magistrados no hicieron ninguna petición a las autoridades federales para que desalojen inmueble alguno.
En el documento en que dio vista a la PGR, los magistrados electorales establecieron la existencia de "hechos y omisiones en que ha incurrido dicho ciudadano (Cervera)", para los efectos legales a que haya lugar.
Los magistrados precisaron que el gobernador yucateco no cumplió con el resolutivo del pasado 6 de febrero para que "proveyera lo necesario" para que los integrantes del Consejo Estatal Electoral ?insaculado por el TEPJF? tomaran posesión de los bienes e inmuebles que conforman el patrimonio del Instituto Electoral de esa entidad, incluida la partida correspondiente del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso local para el ejercicio de este año.
Tampoco cumplió Cervera con el mandato judicial de girar instrucciones a las dependencias estatales correspondientes para desalojar de las instalaciones del consejo a "las personas ajenas al mismo, que ilegalmente se encontraban ocupando tales instalaciones", las que debían ser puestas a disposición del referido consejo, al igual que la ministración del presupuesto designado.
El gobernador desacató también la instrucción judicial de garantizar la integridad física de los consejeros electorales.
Asimismo, el tribunal dio por cumplida la orden girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual dio instrucciones a las instituciones bancarias que operan en Yucatán en las que tenga cuentas bancarias el Consejo Estatal Electoral, para que queden "debidamente informadas" de quiénes son los ciudadanos que "válida, legítima y jurídicamente" integran el citado órgano.
Cumplen recomendaciones a la PFP, la CNBV y el CEE
Por otra parte, en el acuerdo aprobado por unanimidad, los magistrados electorales dieron como cumplidas las recomendaciones hechas a la Policía Federal Preventiva, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Consejo Estatal Electoral.
En el caso de la Policía Federal Preventiva, los magistrados reconocieron su labor de "protección y salvaguarda" a los consejeros ciudadanos, así como al resguardo de las instalaciones en que se encuentran desempeñando sus funciones.
También mencionan la notificación que hizo a la Secretaría de Gobernación sobre los acuerdos emitidos a efecto de que la dependencia encargada de las relaciones políticas con los estados tenga conocimiento de los hechos.
Pero también, el acuerdo señala que dio vista a la PGR sobre la conducta de los ciudadanos Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, José Manuel Alvarez Araujo y Luis Humberto Baeza Burgos, quienes han incumplido la orden de desalojar las instalaciones del Consejo Electoral local.
Por otra parte, el tribunal reiteró que de acuerdo con la Constitución es "la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral" y que le corresponde resolver "en forma definitiva e inatacable las impugnaciones respecto de actos de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar los comicios", como es el caso Yucatán.
Cabe recordar que en su momento, el magistrado ponente, Jesús Orozco, dijo a La Jornada que el único Consejo Electoral legal es el que insaculó el TEPJF, y que aquellos partidos que no se registren ante esta instancia quedarán automáticamente marginados de los comicios locales. Asimismo, estableció que toda acción que lleven a cabo los "ciudadanos", cuyo consejo fue considerado inexistente por el Tribunal Electoral desde diciembre pasado, es ilegal y que quienes asuman ilegalmente cargos que no les corresponden podrían ser acusados de varios delitos, como usurpación de funciones.
"Inoperante, la figura del juicio político"
No existen medidas constitucionales ni legales para obligar al gobernador Víctor Cervera Pacheco a cumplir con el ordenamiento del tribunal electoral, señaló el constitucionalista Clemente Valdés, quien agregó que resulta inoperante la figura del juicio político por el tiempo que requeriría éste para su consumación.
Valdés acusó también al gobernador yucateco de violar la Constitución, en razón de que al tomar posesión de su cargo juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna por encima de sus intereses partidistas, cosa que no ha hecho, dijo.
En entrevista, el constitucionalista se manifestó por reformas legales que creen la figura de la "inconstitucionalidad abierta", en la que la Suprema Corte u otro tribunal constitucional estén facultados para intervenir "cuando un gobernador no obstante la limitación jurídica, amparándose en que él controla y domina a la población, dure en su cargo 10 años o 15 o 30", comentó en alusión directa a Cervera.
Por otra parte, advirtió que existe un grave riesgo de que Cervera incite hechos violentos para impedir el cumplimiento del mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" "de los que sería directamente responsable" ?subrayó?, e incluso de que impulse la separación de Yucatán, la cual, dijo, "no podría ser una república, con Cervera sería una monarquía".