jueves Ť 15 Ť febrero Ť 2001
Samuel Salvador OrtizŤ
Derechos indígenas en Jalisco
Después de la firma de los primeros acuerdos con el EZLN sobre derechos y cultura indígenas, ha sido común que los gobiernos de los estados impulsen modificaciones a sus Constituciones que reconocen, en parte, los derechos de los pueblos indígenas. Tal es el caso de Oaxaca con la Ley Diódoro Carrasco; en Chiapas, con la Ley Albores; en Quintana Roo, con la Justicia Indígena, y otros tantos estados que están en ese proceso, como San Luis Potosí, Chihuahua y otros.
Jalisco no podía ser la excepción, debido a que el Congreso del estado, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 55 Legislatura, presentó en el pleno (24 de enero de 2001) el dictamen que crearía el Consejo Estatal de los Pueblos Indígenas, "órgano de participación y coordinación; público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía y que tiene por objeto apoyar los programas de autodesarrollo de pueblos y comunidades indígenas".
Este proyecto de ley tenía como objeto sustituir a la ya existente Procuraduría para Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Gobierno (1992), que ha servido sólo como una instancia de control político, burocracia e ineficacia hacia nuestras comunidades. Sin embargo, en este nuevo órgano no había cambios sustanciales debido a que la ratificación "de los del consejo" recaía de nueva cuenta en el Ejecutivo estatal haciéndose a un lado las propuestas de los wixaritari y nahuas, que siempre han nombrado a sus representantes en asambleas comunales y por consenso.
En la presentación del ahora dictamen retirado, que no fue avalado por los pueblos indígenas de Jalisco, después de una andanada de dimes y diretes, Liliana Reguera, diputada del PVEM, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y responsable de impulsar dicha iniciativa, argumentó que este trabajo había sido consensuado con los indígenas del estado, que se había trabajado bastante y que no era justo que por cuestiones mezquinas no pasara y que iba a significar un enorme costo político para los que votaran en contra. Finalmente, a pesar de sus ruegos y llantos, el dictamen fue desechado por 20 votos de la oposición contra 18 votos a favor del Partido Acción Nacional y un voto del partido verde.
Después del show protagonizado por los diputados en la presentación del dictamen, queremos verter algunas consideraciones, máxime que fuimos partícipes en ese gran proceso.
Efectivamente, los pueblos indígenas de Jalisco dimos una muestra de civilidad al participar activamente en cada una de las consultas que convocó la comisión, en las que presentamos cada una de nuestras demandas y propuestas.
En un primer anteproyecto de ley quedó plasmada parte de la historia de los pueblos indígenas, en el sentido de que se recogieron todas las voces de las comunidades nahuas y wixaritari; los ancianos caminaron horas para llegar a las reuniones de trabajo a expresar sus inquietudes. Se podría decir que se coincidió con los acuerdos de San Andrés, debido a que quedaron contemplados los derechos a la tierra, a la educación, a la espiritualidad y sistemas normativos propios, recursos naturales, medicina tradicional, la autonomía, y otros aspectos; pero la iniciativa de ley que finalmente presentó la diputada Reguera es una mínima parte del anteproyecto original y sólo recoge lo que corresponde al Consejo Estatal de los Pueblos Indígenas (CEPI).
No es justo que ahora sí los diputados digan: "estamos cumpliendo con los pueblos indígenas", cuando ni siquiera con su dictamen, ahora retirado, retomaban los derechos mínimos de nuestras comunidades. Por el contrario, estaban retrocediendo las demandas y luchas de nuestros pueblos, que ya tienen varias décadas.
Considero que lo propio es que deberían haberse pronunciado en pro de los acuerdos de San Andrés Sacamch'en y la propuesta de reformas constitucionales de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que fue presentada por el Ejecutivo federal en el Senado de la República, y que actualmente se encuentra detenida por la oposición de varios legisladores del ala dura del PAN y del PRI, que todavía creen que los indios estamos pensando en separarnos de la nación y formar nuevos "estaditos", sin entender que nos sentimos más mexicanos que muchos de aquéllos que durante décadas han saqueado a nuestra patria.
También es importante enfatizar que la mirada de los pueblos indígenas está puesta en los acuerdos de San Andrés y en la propuesta de la Cocopa, porque ésas fueron las que consensamos, ahí está dada nuestra palabra. Legislándose bajo esos términos, ahora sí estaríamos empezando una verdadera reforma constitucional e institucional, una nueva relación entre pueblos indígenas y el Estado nación. Ahora sí, todos juntos a impulsar instancias de gobierno en las que verdaderamente estemos representados los indígenas, se oigan nuestras voces y nuestras demandas.
Ť El autor es abogado wixarika