El presidente Vicente Fox recibirá mañana, en su rancho de San Cristóbal, al nuevo mandatario estadunidense, George W. Bush. El encuentro se presenta en circunstancias novedosas, no sólo por el hecho de que ambos países cuentan con gobiernos nuevos, sino porque en los dos ha habido recientemente sendas alternancias en el poder y éstas conllevan cambios significativos en la política exterior de las dos naciones. 

En esa medida, la reunión de los mandatarios tendrá necesariamente un carácter exploratorio, y es posible que ambos se concentren más en delinear los términos generales en que habrá de desarrollarse en los próximos años la relación bilateral que en buscar acuerdos específicos o soluciones a los múltiples conflictos que se presentan en esa relación. Así, el encuentro de San Cristóbal será, para los dos presidentes, la primera prueba importante de sus respectivas políticas exteriores. 

Lo anterior no implica, ciertamente, que la reunión carezca de agenda: puede darse por descontado que Fox y Bush hablarán de asuntos energéticos y comerciales, de los problemas migratorios y de los constantes desencuentros en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. En todos esos temas, el mandatario mexicano enfrenta el desafío de buscar vínculos tersos y fluidos con el país vecino, pero sin ceder terreno en materia de soberanía nacional. 

Es claro que Bush, proveniente de una familia de empresarios petroleros, pretenderá impulsar, como casi todos sus antecesores, una mayor subordinación y dependencia de nuestro país hacia Estados Unidos en materia energética, y eso implica, en primer término, presionar --así sea para no variar la tradición presidencial estadunidense-- a su homólogo mexicano para privatizar Pemex. Asimismo, se sabe que el actual ocupante de la Casa Blanca tiene en mente convertir a nuestro país en abastecedor de energía eléctrica y gas natural. Ambos propósitos pasan por el establecimiento de una "política energética común" que no resultaría provechosa para México y que, en el terreno del mercado petrolero internacional, podría incluso provocar desequilibrios nocivos para las naciones productoras, como la nuestra. 

En materia de migración existe la expectativa de que las nuevas autoridades estadunidenses propongan una reedición del Programa Bracero y establezcan, en acuerdo con el Capitolio y los gobiernos estatales, una cuota de migrantes mexicanos "legales". Es un arma de dos filos: ciertamente, una medida semejante beneficiaría a las decenas o centenas de miles de trabajadores mexicanos "legalizados", pero daría al país vecino un argumento para perseguir, con saña y crueldad aun mayores a las actuales, al resto de connacionales que cruzan la frontera en busca de trabajo, y que suman millones. Asimismo, es probable que Bush busque vincular el tema energético con el migratorio e imponer un esquema de trueque: más permisos de trabajo a migrantes mexicanos a cambio de concesiones en petróleo, gas natural y electricidad. Para México, semejante propuesta de transacción sería inaceptable porque tanto la defensa de la soberanía petrolera --y energética, en general-- como la protección de los derechos humanos, laborales y sociales de nuestros ciudadanos, son obligaciones incondicionales del Estado, y no asuntos sujetos al regateo de una transacción comercial, así sea al más alto nivel. 

En el ámbito del combate al narcotráfico es poco probable que en el encuentro de San Cristóbal logre superarse alguno de los puntos conflictivos más exasperantes. Ni la afrentosa certificación estadunidense al desempeño de otros países en la materia, ni la proverbial incapacidad de la nación vecina para atender sus problemas internos en el tema de las drogas ?adicción masiva, corrupción, existencia de mafias, lavado de dinero? van a solucionarse en un encuentro bilateral; cabe esperar, en todo caso, que el presidente Fox exponga a su homólogo que no es con la mera represión policial de los cárteles de las naciones productoras y de tránsito como va a resolverse este grave conflicto social de nuestro tiempo, y que para ello se requiere, por el contrario, de acciones concertadas en el respeto a las soberanías y de una visión del mundo más amplia --social, educativa, médica, familiar, política-- que el estrecho enfoque policiaco-militar desde el que Washington percibe el problema. 

En todo caso, también en el punto de la lucha contra las drogas será necesaria, por parte del presidente Fox, una defensa firme de la soberanía.