domingo Ť 18 Ť febrero Ť 2001

Antonio Gershenson

Empresarios en Pemex

El consejo de administración de Pemex se compone, según la ley, de seis "representantes del Estado", designados por el Presidente de la República, y cinco por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El titular del Ejecutivo ha decidido en este caso que cuatro de los seis representantes mencionados sean grandes empresarios.

Esta decisión ha sido muy comentada y tiene varias vertientes. Una de ellas es que si bien Pemex es y debe ser una empresa, si bien debe dejar de ser exprimida por Hacienda y tener un régimen fiscal más acorde con la realidad, y si bien es cierto que debe tener autonomía de gestión, no es sólo una empresa: es una empresa pública con obligaciones hacia el país. Entre esas obligaciones podemos citar la de asegurar el suministro, en corto y largo plazos, de los energéticos y de las materias primas que produce a precios accesibles. De esto depende la marcha de la economía del país y la forma de vida de muchos mexicanos.

Por esto mismo, cuando se ha querido que el funcionamiento de Pemex se rija por el mercado, y además por el mercado de otro país, este organismo ha fallado en su objetivo de suministrar gas natural a precios accesibles y se han cerrado fábricas en diversos lugares del territorio mexicano. Un criterio empresarial no necesariamente coincide con el cumplimiento de las obligaciones de Pemex. Sí se debe buscar productividad, pero no rentabilidad a toda costa, sólo en la medida en que no afecte a la economía nacional.

Otra vertiente es el hecho de que la industria petrolera debe planearse a largo plazo. En los primeros años del pasado gobierno, y aun en tiempos anteriores, se abandonó la inversión en refinación y gas natural, en aras de la rentabilidad de Pemex como empresa. Esa falta de visión de largo plazo nos ha conducido a importar cantidades crecientes de gas y refinados, y a depender del exterior de manera absurda dado que tenemos suficientes recursos petrolíferos propios. La visión de negocios, por ejemplo, de un embotellador de Pepsi Cola, para citar a uno de los cuatro nombrados, es de corto plazo, dado que el ciclo económico, el tiempo de recuperación de la inversión son cortos en esa rama de la actividad económica.

Un tercer aspecto a considerar: ninguno de los seis "representantes del Estado" ha tenido que ver con la industria petrolera. Su relación con este ramo se ha dado, tal vez, cuando alguien les echa gasolina a sus respectivos automóviles. Y para las principales decisiones de Pemex es indispensable una política petrolera. Bastante desastroso ha sido que se haya entregado su manejo a personas ajenas a sus problemas específicos.

Un aspecto más a mencionar en este espacio es el conflicto de intereses sobre el que ya se ha escrito con razón. Es más, el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones federal y el 51 de la Ley de Obras Públicas del mismo ámbito se refieren claramente a este conflicto restringiendo la posible firma de contratos de Pemex con funcionarios de la propia empresa o con sus empresas. Esta prohibición, que era absoluta y lo sigue siendo en leyes de ámbitos locales, tiene ahora un condicionante que podría ser usado para violar el principio de evitar el conflicto de intereses: la autorización previa y expresa de la Contraloría.

Este problema se puede amplificar cuando se nombre, como se ha anunciado, nuevos directores en cada una de las empresas subsidiarias de Pemex, que son las que se hacen cargo de toda la operación de la industria. Los aspectos positivos de dar a Pemex más autonomía y recursos no deben ser contrarrestados privando a esta entidad de la posibilidad de seguir una política petrolera acorde con los intereses nacionales de corto y largo plazos.