LUNES Ť 19 Ť FEBRERO Ť 2001

León Bendesky

La fiscalidad

Hasta ahora no se sabe aún a qué reforma fiscal nos referimos cuando hablamos del asunto. Falta ya muy poco tiempo para que Hacienda mande una propuesta de reforma al Congreso, y convendría ir estableciendo algunos puntos de convergencia para hacer más fructífero el trabajo y ampliar los márgenes de la discusión. A esta reforma debe dársele la relevancia que amerita y no sólo desde una perspectiva técnica, sino principalmente política.

La fiscalidad involucra a todos de manera ineludible; es, en ese sentido, una cuestión más general que la misma práctica electoral en la que hasta ahora se ha estado fincando la transición a la democracia. Después de todo, uno tiene el derecho de ir a las urnas y puede elegir no ir a votar, y así son claros los casos en los que la abstención es muy grande. Claro que al final del proceso uno puede padecer las consecuencias de su decisión de no votar o, si tiene suerte, gozar de un viaje gratis si es que el gobierno electo no lo hace tan mal en su gestión.

En el caso de la reforma fiscal no son evidentes los canales disponibles para la participación y la forma de hacer llegar al gobierno, a los diputados y a los senadores las posturas de los distintos grupos. Unos cuentan para ello con mucho más poder que otros, signo consistente con la desigualdad que prevalece en la sociedad. Los consensos sobre la reforma fiscal son difíciles porque no se ha ido creando, necesariamente, un consenso con respecto al país que se quiere.

Por eso es que el tema de la reforma se puede referir a la necesidad de construir un nuevo contrato social del cual la fiscalidad es un componente crucial, puesto que establece las pautas con las cuales los individuos y las empresas contribuyen a generar un ingreso que debe usarse para el beneficio social, y con las que el Estado define y realiza los gastos necesarios previamente acordados. Por eso es que las leyes fiscales y el presupuesto federal y de los estados constituyem una de las relaciones más importantes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los derechos y las obligaciones relativas a la libertad individual para el disfrute de la propiedad y el uso de los recursos de cada uno son un asunto de la democracia, como lo es su contraparte, que se refiere al uso general que se hace de lo que cedemos al Estado. Ni modo, en esta sociedad una de las medidas de esa relación es en la forma de dinero.

La reforma tendrá que hacer un planteamiento muy claro de cómo alcanzar el objetivo de recaudar más, pues, no olvidemos, es el principal fin de los impuestos, pero en un entorno en el cual se pueda conseguir una mayor participación y equidad en las contribuciones de cada uno. Y, en el cual, también, se establezcan las pautas para asociar esos ingresos con la política de gastos del gobierno. La gran ineficiencia a la que ha llegado el régimen fiscal en México, según el propio diagnóstico que ofrece Hacienda, tiene que ver de modo directo con la manera en que se ajusta a los intereses de diversos grupos.

El sistema fiscal, en cuanto al cobro de los impuestos, se ha estado haciendo como si fuera "a la carta", según los apetitos y la capacidad de influencia de ciertos sectores. Así, muchos impuestos casi tienen nombre y apellido. No hay régimen fiscal que aguante esta situación. Por eso es que la captación fiscal con respecto al producto es tan baja, por eso es que existe tanta evasión, por eso es que deben devolverse cantidades enormes por concepto del IVA, por eso hay tantas formas en que las grandes empresas pueden beneficiarse con los manejos de los impuestos sobre la renta. Y ese es, precisamente, uno de los puntos que deben enfrentarse en la reforma fiscal, si es que va a ir más allá de ser un intento de cobrar más y, sobre todo, por la vía más fácil, que es la del IVA.

Cómo hacer la reforma fiscal tiene, entonces, un componente técnico en el que la responsabilidad, cuando menos en cuanto a la propuesta, recae inicialmente en Hacienda, y un componente político que involucra una activa participación del Congreso como una representación efectiva de los intereses colectivos. Hay, pues, un significado amplio en la decisión de ahora sí ofrecer una reforma fiscal integral, después de que había sido irresponsablemente pospuesta durante muchas décadas. Esto requiere un serio compromiso de los actores principales, el gobierno mediante la Secretaría de Hacienda y del Congreso para medirse como lo que son: dos poderes distintos e independientes, pero con una responsabilidad común que es el bienestar de la nación.

Los indicios son que hasta ahora Hacienda ha hecho sólo parcialmente su tarea, que consiste en ofrecer los elementos técnicos y analíticos necesarios para trabajar en la definición de la reforma fiscal. Los documentos que ha presentado al Congreso son parciales e insuficientes para un trabajo de la magnitud que se requiere. Este no puede hacerse con los criterios que aún parece que prevalecen entre los altos funcionarios de esa dependencia y que remiten a una forma jerárquica y de carácter tecnocrático para imponer los principios de la reforma. Será conveniente comenzar el debate de la reforma fiscal en el próximo periodo de sesiones del Congreso, pero este proceso va a requerir tiempo para llegar a un acuerdo satisfactorio y para crear progresivamente un nuevo entorno para la fiscalidad en el país.