Con un oscuro historial de corrupción, abusos de poder y complicidad con el crimen organizado, la Policía Judicial Federal --órgano ejecutor de la Procuraduría General de la República-- dejará en breve de funcionar como tal, para convertirse en agencia federal de investigaciones (AFI). 

Ciertamente, una restructuración de fondo como la que se pretende hacer a la PJF encaja con las exigencias sociales de seguridad y combate a la delincuencia, y el anunciado compromiso del gobierno de Vicente Fox de suprimir la corrupción que impera en los organismos encargados de la procuración de justicia en el ámbito federal. 

Este tipo de restructuraciones se vuelve necesario cuando la descomposición se hace evidente. Sería ocioso hacer una lista de los casos más sonados en la esfera pública que han sacado a flote la corrupción --y sus consecuencias-- instalada en casi todas las instancias de la PGR. Es de sobra conocido el vínculo de funcionarios con el narcotráfico, con grupos de secuestradores, y la vulnerabilidad del personal ante las jugosas ofertas de los criminales o sus amenazas, que ha hecho, en el caso particular de la PJF, un caldo de delincuentes al servicio de las mafias. 

El simple hecho de transformar la PJF en un centro de investigación criminal es un avance indudable, mas no una garantía de que esta instancia estará libre de corrupción, cuando este mal se encuentra enquistado en lo más profundo del sistema. Es decir, cambiar los métodos de acción de una instancia específica, no asegura la erradicación automática de las costumbres y vicios de los elementos que la conforman. En todo caso, el proceso para limpiar una instancia como la PJF requeriría de la suspensión definitiva de aquellos elementos susceptibles de oferta criminal, y la integración de una nueva generación de agentes con un perfil diametralmente diferente al de la mayoría de los actuales. Aun así, los tentáculos de la corrupción seguirían tocando las espaldas a los nuevos agentes. 

Es, sin duda, positivo el esquema de operación que se pretende para la AFI, basado en la prevención y anticipo a los actos criminales, y la aplicación de una metodología de investigación científica. El rigor en las indagaciones, si va de la mano con un estricto control de la información, puede ser un factor clave para evitar actos de corrupción que hoy son cosa común ante los escasos y manipulables sistemas informáticos de la PJF. 

La agencia federal de investigaciones que comenzará a operar formalmente a mediados de este año, tendrá un doble desafío. Por un lado, habrá de prevenir y combatir la criminalidad con la mayor eficiencia, que de por sí es un reto mayor. Pero también, tendrá que demostrar que se trata de un organismo honesto, cuyos elementos transmitan confianza y seguridad a la población. Tendrá, pues, que deslindarse de esa imagen nefasta de la PJF. Y la única manera de lograrlo será con hechos.