martes Ť 20 Ť febrero Ť 2001

José Blanco

Reforma fiscal en veremos

Amediados de 1997 los precios internacionales del petróleo comenzaron a hundirse; como consecuencia, la demanda pública empezó a descender debido a sucesivos recortes presupuestales. A ello le siguió en 1998 la baja en la demanda privada, como secuela de restricciones monetarias y fiscales obligadas por la turbulencia financiera mundial originada en Asia. Dada esa doble problemática, el producto interno del país caía verticalmente mientras la situación financiera de Pemex se erosionaba.

A pesar del descenso en la demanda pública, en 1997 el producto había crecido a un alto ritmo de 6.8 por ciento y en 98-1 (primer trimestre de 1998) la tasa de crecimiento se elevó hasta 7.5; de ahí en adelante vino el descenso: en 98-2 el crecimiento fue de 5.8; en 98-3 de 5.6; en 98-4 de 4.8; en 99-1 de 1.8 por ciento. Al comenzar 1999 la tormenta internacional había pasado y la actividad económica mexicana se recuperó aceleradamente a partir del segundo trimestre de 99. Durante los tres primeros trimestres de 2000 el crecimiento del producto se aproximó a 8 por ciento.

Esta sincronía de la evolución de corto plazo de la economía mexicana con los bandazos de algunas regiones del sector financiero internacional y con la marcha inestable de los precios del crudo, se configura mediante decisiones de política económica fuertemente determinadas por la precariedad del aparato fiscal mexicano, incluido el régimen de exacción a que está sujeto Pemex.

La caída en la entrada de divisas ocasionada por el hundimiento de los precios del crudo esa vez fue alcanzada por la amenaza de interrupciones en el sistema internacional de pagos, la cual afectó al mundo periférico, provocando el freno a las entradas de capital de corto plazo y aun impulsando la salida de este mismo capital. Esa doble causal operaba encogiendo los flujos de divisas hacia México, por lo que las autoridades mexicanas se vieron impelidas a realizar ajustes de urgencia para compatibilizar la tasa de crecimiento del producto con la disponibilidad de divisas en el marco de los compromisos macroeconómicos por la convergencia en el seno de la OCDE, mientras defendían el aumento de las reservas de divisas. El país no podía sostener el crecimiento nuevamente mediante una ampliación del desequilibrio externo echando por la borda los avances en el proceso de convergencia aludido.

El rígido régimen fiscal de exacción a que está sujeto Pemex y la baja en los precios del crudo son una doble pinza que asfixia sus finanzas. Ese régimen fiscal no es sino la otra cara de la moneda de la estrechez del sistema tributario. Superar ese irracional régimen que desangra a Pemex, exige una reforma fiscal general efectiva. Precavernos frente a embates externos, como los que en 1998 frenaron violentamente la economía, exige en voz más alta esa reforma.

La nunca realizada reforma fiscal fue decisión del Estado corporativo. El pacto fiscal en México consistía precisamente en no hacer ninguna reforma: el poder político de la familia revolucionaria en buena medida provenía de dejar intocada a la clase empresarial. La reforma más importante, que fue la sustitución del viejo Impuesto sobre Ingresos Mercantiles por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no significó un aumento de la carga fiscal de los particulares. La anterior sustitución del sistema de cédulas por un sistema general en materia de impuesto sobre la renta, tampoco elevó la recaudación fiscal. Aunque ambas reformas hayan significado una modernización considerable del sistema impositivo mexicano. El pacto corporativo no tenía demasiadas razones para cambiarse a sí mismo.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la recaudación del impuesto sobre la renta empresarial es una de las más bajas del mundo: 1.8 por ciento del PIB, mientras en Chile es de 3.1; 2.5 en Estados Unidos, o 2.9 por ciento en promedio para la OCDE. Corregir esta perversión es ineludible: es parte del imperativo de abatir la desigualdad y fortalecer las finanzas públicas para sostener el desarrollo.

Eliminar la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas para aliviar el raquitismo fiscal es indispensable. Un subsidio general a consumos generales, como siempre beneficia mucho más a quienes más consumen. Eliminada la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas (sobre todo si se construye la canasta básica del consumo de medicamentos y de alimentos de los grupos de bajos ingresos y es a éstos que se aplica la tasa cero), la recaudación de este impuesto elevaría sustancialmente la recaudación fiscal. La tasa real del IVA pagada en México es de 3.2 por ciento, que es lo que representa la recaudación total por este impuesto frente al producto (en el conjunto de los países de la OCDE, llega a 6.6 por ciento). El ingreso fiscal crecería entre 120 mil y 160 mil millones de pesos, y con esa plata se puede hacer cosas.