MARTES Ť 20 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť No se quejan de las condiciones de vida, "sólo quieren dominar las cárceles": funcionarios

Controlan la situación en 29 penales de Sao Paulo; al menos 16 muertos

Ť Lo único que se negoció fue la entrada y salida de la policía, dijo el secretario de Seguridad

Ť El sistema penitenciario brasileño "es una catástrofe": comisión de derechos humanos

REUTERS, AFP Y DPA

Sao Paulo, 19 de febrero. La policía antimotines controló hoy la mayor revuelta carcelaria en la historia de Brasil, que involucró a 7 mil rehenes en 29 penales y dejó al menos 16 reclusos muertos, aunque la búsqueda de cadáveres y armas en los centros penitenciarios continúa, dijeron las autoridades.

La rebelión, que estalló el domingo al mediodía, "se acabó, pero no conocemos con certeza en qué condiciones o cuántos muertos hay, hasta que finalicemos la búsqueda", dijo Renato Simoes, presidenete de la comisión de derechos humanos de la asamblea estatal de Sao Paulo.

La mayoría de los motines terminaron después de que se llegó a acuerdos entre las autoridaes y los presos sobre la manera como se iba a llevar a ccabo la recuperación del control de los penales por parte de la policía, informó a su vez el secretario de Seguridad del Estado de Sao Paulo, Marco Vinicio Petreluzzi.

"No se negoció para atender las inaceptables reivindicaciones", del grupo que convocó -utilizando teléfonos celulares- el supermotín, el Primer Comando de la Capital (PCC), la banda de reos que se autodenomina "Partido" y que desde 1993 controla la mayoría de la fugas y rebeliones en Sao Paulo.

El PCC exigía la devolución a Carandirú, el mayor penal de América Latina y el principal que participó en la rebelión, de 10 de sus líderes que fueron trasladados el viernes a otros penales, dijo Petreluzzi. "No se quejan de sobreocupación ni de las condiciones de alojamiento. Quieren controlar los penales", sostuvo a su vez Nagashi Fukurama, secretario provincial de Administración Penal.

Hacinamiento y torturas

Pero de acuerdo con activistas de derechos humanos, el hacinamiento y las torturas ayudaron al PCC a reunir partidarios para organizar "esta explosión sincronizada", como la definió el ministro de Justicia, José Gregori.

"Sólo negociamos para definir cómo dejar entrar y salir a las tropas" de choque de la Policía Militar, aclaró Petreluzzi. En estas negociaciones actuó como mediadora una comisión de derechos humanos.

Pero muchas esposas y madres de presos -parte de los miles de rehenes, junto con funcionarios penitenciarios- se negaron durante un tiempo a abandonar las prisiones temiendo que se repitiera la tragedia de Carand irú, escenario en 1992 de la peor matanza en una cárcel brasileña. Entonces, 111 presos murieron -la mayoría de tres o más disparos- al irrumpir la policía para controlar un motín.

"Salimos porque el director (del penal de Carandirú) nos dijo que no iban a invadir, que entrarían sin violencia", sollozó una mujer, temiendo por su marido y su hermano presos.

Los familiares formaron en los portones de Carandirú barreras humanas trantado de impedir el paso de la policía militar, a la cual le lanzaron palos y botellas. Pero finalmente fueron dispersados con bombas de gas lacrimógeno.

Unos 16 reclusos murieron desde el comienzo de la revuelta, siete de ellos en Carandirú, pero la cifra de víctimas podría aumentar, ya que no concluyó aún la inspección de penales, dijo Petreluzzi.

El funcioario sostuvo que las autoridaes investigarán la responsabilidad de la policía en las muertes de tres de los presos, y en una explosión que provocó graves heridas a un niño de cuatro años, que estaba entre los rehenes. "Los otros reclusos fueron asesinados por su propios compañeros", precisó y agregó que 50 personas más resultaron heridas.

Un barril de pólvora

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diptuados, el legislador Marcos Rolim, responsabilizó hoy al ministro Gregori por la catastrófica situación del sistema penitenciario brasileño, al asegurar que la cartera de Justicia no atendió un conjunto de propuestas concretas para mejorar la situación, presentado por un grupo de legisladores que recorrió varios penales del país.

Añadió que "el rigor en los indultos de Navidad" el año pasado, que sólo beneficiaron a dos mil reclusos, podría haber sido también responsable de este estallido.

De su lado, la experta en sistema penal Julita Lemgruber, aseguró que "la ausencia del Estado en la periferia pobre de las grandes ciudades fomenta la violencia, y la escasa inversión en el sistema carcelario estimula motines y fugas masivas".

El supermotín sacó nuevamente a la luz los graves problemas del sistema penitenciario brasileño: sobrepoblación, falta de control, y una extendida industria de tráfico de drogas y armas, entre otras.

"El que quiere salir, paga y lo consigue; el que quiere un arma, también", declaró el coordinador del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, Luiz Souza.

Según el especialista, la rebelión dejó en claro que las autoridades penitenciarias no controlan los centros, y esto, junto a la sobrepoblación de los penales -que en Sao Paulo albergan nada menos que 93 mil personas- genera un "barril de pólvora".

"No tenemos presidios, tenemos depósitos de presos: cada mes tenemos rebeliones, muertos, hay grupos organizados y, sobre todo, el principal problema es la sobrepoblación", señaló a su vez el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robertto Costa Leite.

El año pasado, durante una visita a Brasil, el consejero de la Organización de Naciones Unidas para casos de tortura, Nigel Rodley, calificó de "impresionantes" las condiciones de vida de los reclusos brasileños, y acusó al país de tratar a sus presos "como si fueran animales peligrosos".