MARTES Ť 20 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Supervisarán respeto a los derechos humanos

Vigilarán ONG la actuación de la PGR: Alvarez Ledesma

Ť A iniciativa del procurador, participarán en un consejo consultivo Ť Se busca "abrir" la institución a la sociedad

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A iniciativa del general Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), organizaciones no gubernamentales (ONG) participarán en un consejo consultivo que supervisará que en esa dependencia las actuaciones de peritos, integrantes de la Policía Judicial Federal y agentes del Ministerio Público respeten los derechos humanos, reveló Mario Alvarez Ledesma.

En entrevista con La Jornada, Alvarez Ledesma, director general de Protección a los Derechos Humanos de esa institución, declaró que el programa en la materia planteado para este sexenio tiene como objetivo "trabajar con la sociedad, invitarla a que colabore en forma vigilante de las actuaciones, de manera permanente".

El funcionario fungió como primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante la gestión de Mireille Roccatti. Afirma que la PGR "es una institución maravillosa, con un potencial extraordinario para preservar los derechos humanos, pues es su función primaria".

alvarez-ledezmaComo integrante de la comisión citada, envió siete recomendaciones a la Procuraduría, hasta ahora el mayor número en un lapso menor de un año.

Asegura: "He venido a ayudar a que cumpla su función, a facilitar esa tarea, que es sentar las bases para un pleno respeto a las garantías ciudadanas".

El cómo, asevera, es partiendo del análisis serio que plantea "una problemática dura, contundente: la PGR es la dependencia federal que históricamente más recomendaciones ha recibido por violaciones a los derechos humanos. Ese es el tamaño del reto, pero hay que reconocer también que esta institución, por su tarea asignada, es la más proclive a recibir quejas fundadas en esta materia, ya que atacar a la delincuencia mediante el uso de la fuerza la coloca en un límite de riesgo".

El programa multianual para el rubro elaborado por Alvarez Ledesma tiene como ejes fundamentales "fomentar y arraigar entre el personal de la PGR la cultura de la protección de los derechos humanos; instaurar, como obligatoria de aprobar, la materia de derechos humanos para quienes se preparan en el Instituto de Capacitación de la dependencia" para desempeñarse como agentes, peritos y titulares del Ministerio Público.

También, que "quienes ya forman parte de las filas de la institución, acrediten, como si se tratara del curso de tiro o derecho penal, la materia de derechos humanos, si quieren ser promovidos. Pero esto no sólo en el papel, lo deberán demostrar en su actuación".

Un binomio indisoluble

Alvarez Ledesma es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. La filosofía que se pretende instaurar entre los servidores públicos de la PGR, afirma, es que "la procuración de justicia es un derecho fundamental, por lo que esta institución, en consecuencia, debe ser garante de los derechos humanos"; éstos y "la justicia son un binomio indisoluble", advierte.

Sin embargo, añade, "calar esta concepción es muy complicado y requerirá de un enorme esfuerzo, pero hay que realizarlo, porque hacer seguridad pública y proteger a la ciudadanía de la delincuencia es proteger los derechos humanos".

-¿Qué se les enseña a quienes ya están en el Centro de Capacitación? ¿Qué están obligados a aprender quienes ya son servidores públicos?

-Dado que en derechos humanos existe una gran improvisación, aquí no se trata de llegarles con un rollo espantoso que los  cansara, que los aburriera. Se inicia enseñándoles que son verdaderos promotores de los derechos humanos porque luchan por su país, su familia, sus amigos.

"Los cursos tienen una parte filosófica fundamental sobre procuración de justicia y derechos humanos, y otra, en la que se habla del sistema interamericano en la materia, de lo establecido por la ONU. Pero no es igual para los peritos que para los policías ni para los agentes del Ministerio Público; existe un programa específico para cada uno de ellos.

"Esto no se hará como si se tratara de una tarea burocrática; por ello ya están incorporados a estas tareas los organismos no gubernamentales y académicos de prestigio en la materia. Quienes ya han recibido los cursos, ven a las ONG como parte de su esquema, no el enemigo del que hay que cuidarse, sino sus compañeros."

-¿Cuál es la parte del proyecto que involucra a las organizaciones sociales y civiles en las tareas de la PGR?

-Primero, debe quedar claro que nuestra estrategia es trabajar con la sociedad, no de espaldas a ella ni a un lado. ¡No es responsabilizarla de lo que a la institución le toca realizar! La invitamos a que colabore en forma permanente, como vigilante de nuestras actuaciones; las ONG ya nos están ayudando en la parte educativa. Gente destacada de esas organizaciones, como Rocío Culebro, de Amnistía Internacional, y Francisco Acuña, de la Universidad Iberoamericana, imparten cátedras.

"Qué mejor que estos cursos los impartan las ONG, que son lo más auténtico y nos van a ayudar en la tarea; ya platicamos con muchas de ellas, incluyendo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y estamos abiertos con todas aquellas que quieran acercarse.

"Les hemos planteado que su participación será para que nos digan, desde su posición crítica e independiente, qué les parece el plan de trabajo y qué le agregarían. Además, los hemos invitado para que una vez al mes se haga de manera conjunta una evaluación, dentro de una especie de consejo consultivo de derechos humanos, en el que ellos nos señalen en qué la estamos regando, si vamos bien, si estamos torcidos en algo, si no nos estamos moviendo en alguna cosa. Estaremos permanentemente con ellos y los va a escuchar el procurador."

Se le preguntó si eso significa una apertura de la institución hacia la sociedad. El funcionario respondió: "Sí, involucrarla, pero no hay que confundir abrir con romper la secuencia de las investigaciones, porque es evidente que las pesquisas policiacas" requieren de discreción, la cual "no es sinónimo de cerrazón. Que la sociedad sepa lo que está haciendo la PGR, es nuestro objetivo, eso es democracia, aunque a algunos les cuesta trabajo entenderlo".

-¿Qué se pretende? ¿Reducir el número de recomendaciones de la CNDH?

-No. Se propone apostarle a la educación de nuestros servidores públicos, aunque sus efectos son a mediano y largo plazos, pero tenemos que jugárnosla. No es lo mismo agarrar a una gente con principios y tratar de corromperla, que a una que tiene conciencia. Se trata de dignificar al policía, al perito, al agente del Ministerio Público y hacerles ver que son una parte importantísima de la sociedad; es hacerles ver que traemos una camiseta que dice PGR-derechos humanos.

Un concepto que "flota en el ambiente"

-En este momento, ¿dónde está el concepto derechos humanos en la conciencia del personal de la PGR?

-Es algo que flota en el ambiente, pero todavía no es una convicción; está ahí. Para algunos es una incomodidad, es una piedra en el zapato; para otros, son los que nos complican la vida dentro de la institución, y para unos más son un mal necesario. Se tiene confianza en que para los nuevos sean el mejor aliado en la lucha contra la delincuencia organizada y en su trabajo cotidiano. En tanto, para los que ya están adentro, que los derechos humanos se conviertan en su piel.

-¿Está usted hablando de un desconocimiento pleno de lo que son los derechos humanos?

-En algunos niveles, pero también se debe matizar esta expresión; esto sucede porque la sociedad mexicana, y esto es culpa de todos, porque dejamos al final los temas de procuración de justicia.

-Entonces, ¿los derechos humanos sirven a los policías y no es como a veces lo percibe la sociedad, de que cuando se atiende a esos preceptos jurídicos sólo son útiles a los delincuentes?

-¡Claro! Los derechos humanos, tanto en el plano internacional como nacional, permiten las detenciones, los cateos, las revisiones, pero con apego a la racionalidad, a la proporcionalidad, a la legalidad. Es decir, los derechos humanos y el uso del poder no están encontrados, como a veces se ha percibido en México, porque hay una gran improvisación en el tema. El uso de la fuerza legítima por parte del Estado no está automáticamente reñida con los derechos humanos; muy por el contrario, es un instrumento para garantizar la seguridad, que es un derecho humano fundamental. Son un paradigma para medir cómo funcionan las instituciones.

"Entonces, los derechos humanos permiten aplicar la fuerza, pero con racionalidad, con proporcionalidad, con técnica, ofreciéndole garantías al detenido, al cateado, a quien es propietario de un bien que aparentemente tiene orígenes ilícitos. Esto es ahora más complicado, pero esa es la condición de garantizar la libertad y el precio de ésta en una sociedad democrática, porque los derechos humanos sólo tienen sentido en las democracias y son una condición para el desarrollo del Estado."


 
Prevenir violaciones a garantías

La Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR se ha planteado:

-Fomentar y arraigar entre el personal de la PGR la cultura de protección a los derechos humanos, mediante un programa permanente de promoción, capacitación y actualización en la materia. Será obligatorio que los aspirantes, los policías, los agentes de Ministerio Público y los peritos acrediten los cursos.

-Generar confianza entre la sociedad de que en sus acciones la PGR respeta los derechos humanos. Se aplicará el Programa Nacional de Difusión para la Prevención del Delito y la Procuración de Justicia con Respeto a los Derechos Humanos. En esto participarán la CNDH, comisiones estatales de derechos humanos, instituciones académicas y ONG.

-Atacar y prevenir las causas de violaciones a los derechos humanos en la PGR, que originan quejas y recomendaciones de la CNDH. Se establecerán directrices institucionales de actuación; se elaborarán manuales que permitan la fácil y rápida procuración de justicia con apego a derechos. Se realizará una reunión semestral de evaluación, con la presencia del procurador Macedo de la Concha.