MIERCOLES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Ningún cuestionamiento por parte de los estados
La Cruz Roja Internacional nunca ha sido considerada ''injerencista''
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene muy arraigada en su propia tradición la práctica de ofrecer sus servicios para prestar protección y asistencia a las personas afectadas ''por disturbios interiores o tensiones internas'', por lo que aquélla se considera ya como de carácter consuetudinario y nunca ha sido cuestionada por los Estados, pues no constituye una injerencia en los asuntos internos de un país.
El derecho de iniciativa del CICR de actuar en situaciones que no llegan a ser de guerra, y que por lo tanto no están cubiertas por el derecho internacional humanitario, ciertamente no está estipulado en los Convenios de Ginebra de 1949, pero sí se encuentra perfectamente prescrito en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
Textualmente, el párrafo 3 del artículo 5 de esos estatutos refiere: ''El Comité Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias que correspondan a su cometido de institución y de intermediario específicamente neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a tal institución''.
Se aclara en los propios documentos normativos, que aunque el CICR tiene derecho a tomar iniciativas como la mencionada -en cualquier situación- los Estados pueden rechazar su ofrecimiento de servicios. En caso de aceptación, ''el acuerdo resultante constituye la base jurídica de las actividades del CICR''.
En el libro Servir y Proteger, que recoge toda la normativa de la Cruz Roja Internacional en materia de derechos humanos y de derecho humanitario para las fuerzas de policía y de seguridad, se precisa también que ''las diversas violaciones de normas esenciales de humanidad que tienen lugar en caso de disturbios interiores y tensiones internas justifican plenamente los motivos humanitarios de la CICR para actuar...'' Dichas situaciones, se puntualiza, pueden ser: violencia indiscriminada, actos de terrorismo, toma de rehenes, violación de leyes por individuos o por el Estado, desapariciones forzadas, malas condiciones de detención, tortura, etcétera. ''La clásica espiral de violencia y represión conduce, a menudo, a situaciones en que el individuo, de hecho -si no de derecho-, pierde la protección del Estado, bien porque el gobierno ya no puede mantener el orden, bien porque, al mantenerlo, viola asimismo principios humanitarios''.
En estos casos, las actividades de la CICR varían, y pueden incluir, por ejemplo, la visita a lugares de detención para mejorar las condiciones en que se encuentran las personas. Además, y en su voluntad de conservar la confianza de todas las partes, gracias a su neutralidad, el comité ''no se involucra en el problema político que originó los disturbios o las tensiones, ni se pronuncia sobre los motivos de la detención; se preocupa esencialmente de examinar las condiciones materiales y psicológicas de detención''.
Actuaciones a partir de 1994
Casi desde la irrupción del EZLN, en 1994, el CICR ha tenido una amplia participación en su carácter de ''organismo humanitario imparcial'' en relación con el conflicto en Chiapas.
Pueden contarse al menos 15 ocasiones en que los representantes del CICR han acompañado a delegados zapatistas a los lugares de diálogo y a foros de discusión con la sociedad civil. En febrero de ese año, el entonces comisionado para la paz, Manuel Camacho, en atención a la solicitud de los propios rebeldes y de la diócesis de San Cristóbal, pidió la presencia de la CRI en las comunidades de San Miguel y de Guadalupe Tepeyac, que fueron declaradas entonces zonas neutrales.
La institución instaló puestos en esos sitios para atender a la gente.
Asimismo, el CICR recibió de manos de los guerrilleros al ex gobernador chiapaneco Absalón Castellanos cuando fue liberado del cautiverio en que lo mantuvieron por poco más de un mes.
Luego, y tras la ofensiva militar de 1995, la Cruz Roja Internacional salió de Guadalupe Tepeyac, al igual que los pobladores, y se instaló en San José del Río, a pocos kilómetros de ahí.
Así, en el primer diálogo entre el gobierno y los rebeldes en la catedral de San Cristóbal, correspondió a la Cruz Roja realizar el traslado de los delegados del EZLN. Lo mismo ocurrió en las conversaciones sucesivas en San Andrés Larráinzar durante 1996 y 1997.
Actualmente el CICR mantiene una presencia en la comunidad de Chenalhó a través de la Cruz Roja española, decisión de la Unión Europea para atender la emergencia humanitaria en los campos de refugiados de ese municipio, que suman más de 10 mil y que se encuentran en esa condición desde finales de 1997.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la Cruz Roja Internacional sufrió fuertes presiones oficiales e incluso se le tildó de "injerencista''. Tal rechazo estuvo ligado permanentemente a los obstáculos y franca prohibición de ingreso al país a diversos organismos no gubernamentales, lo que produjo una respuesta internacional de repulsa hacia el gobierno mexicano.
Ante ello, en 1998 el gobierno tuvo que librar una batalla diplomática y propagandística para justificar la expulsión de observadores, pero también obligó a la administración zedillista a aceptar que el CICR volviera a trabajar en Chiapas, tras dos años de ausencia de su personal.
Pero lo que siempre fue una constante en el gobierno de Zedillo fue su desagrado ante la presencia del CICR, que por todos los medios intentó sustituirlo por la Cruz Roja Mexicana o por instituciones oficiales.
En ese mismo año, Cornelio Sommoga, entonces presidente del CICR, reconoció que "los gobiernos en situaciones de violencia interna o de guerra civil no ven inmediatamente que la presencia de esta institución humanitaria pueda ser necesariamente positiva, porque creen que con ello se internacionalizará el conflicto, cosa que no es del todo cierta''.
Esta vez, en la nueva marcha del EZLN, el CICR no participará.