MIERCOLES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Por única vez se destinarán recursos públicos para proteger los ahorros, indica

Se regulará la banca popular para evitar fraudes, anuncia Gil Díaz

Ť Todos los participantes en ese mercado tendrán las mismas facultades y obligaciones

Ť No se demandará un exceso de trámites que aumenten los costos de operación

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y JUAN MANUEL VENEGAS

El gobierno federal anunció que ordenará bajo un solo marco legal a las entidades financieras dedicadas a la banca popular, y dio a conocer que serán destinados recursos públicos, por una sola vez, para proteger los depósitos del público en estas intermediarias y evitar manejos fraudulentos, como los ocurridos en los últimos años.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, informó que un ''aspecto fundamental'' de la reforma al sistema financiero para los primeros 100 días del nuevo gobierno es ordenar bajo un único contexto legal a los intermediarios dedicados a la banca popular, a través de un marco jurídico que establecerá las mismas facultades y obligaciones para todos los participantes en este mercado.

En México, sólo 37 de cada 100 personas tienen acceso a los servicios que ofrece la banca comercial. En los últimos seis años, las entidades de ahorro popular han concedido 20 millones de préstamos, explicó Gil Díaz.

Ante el presidente Vicente Fox Quesada, el titular de Hacienda indicó que se fortalecerán las capacidades regulatorias sobre los intermediarios dedicados al ahorro popular -como cajas de ahorro y cooperativas financieras-, pero sin demandar un exceso de trámites que aumenten los costos de operación.

El Ejecutivo federal, anticipó, apoyará una iniciativa de ley de ahorro y crédito popular que ya analiza el Poder Legislativo para diseñar los esquemas regulatorios del sector.

En el pasado, la ausencia de regulación y de seguros de depósito provocó fraudes en contra de ahorradores, como el cometido por las empresas de José Cirilo Ocampo, que causaron quebrantos contra miles de personas de escasos recursos.

Al hablar en el Primer Congreso Nacional de Ahorro y Crédito Popular, Francisco Gil Díaz expuso que la iniciativa apoyada por el actual gobierno toma en cuenta la realidad del sector al considerar diferentes niveles y entidades, y adapta la regulación prudencial en función del nivel de sofisticación del intermediario. Esto, dijo, permite que las pequeñas entidades que operan en zonas marginadas no se vean sofocadas por costos regulatorios excesivos, pero asegura que se cuente con la información mínima para evaluar su evolución, establecer controles adecuados y, en su caso, las medidas correctivas que procedan.

Se trata, explicó, de un esquema de supervisión delegada, de manera que los intermediarios de base se agrupan en federaciones, las cuales son las encargadas de realizar la supervisión directa de los intermediarios. Por su parte, señaló, la autoridad vigilará y supervisará que las federaciones cuenten con la infraestructura necesaria para que realicen la supervisión auxiliar y cumplan eficientemente su función.

En este caso, la labor de supervisión será ejercida por un comité profesional e independiente para evitar conflictos de interés.

Francisco Gil Díaz anunció que para dar certeza a estos mecanismos de ahorro popular se creará un fondo de seguro de depósito privado, que proteja los ahorros y brinde estímulo a la vigilancia.

''Sin embargo, para que el seguro tenga credibilidad y pueda cumplir sus objetivos, el gobierno hará una aportación única a cada confederación o federación''. El funcionario, en breve entrevista posterior a su discurso, aseguró que los recursos para cubrir este seguro de depósito ya estaban presupuestados, pero ''no me acuerdo'' en qué renglón específico del gasto.

Una fuente del área encargada del programa de crédito y ahorro popular del gobierno, señaló que no había ninguna partida presupuestada para cubrir el seguro a los depositantes. Sin embargo, señaló que obtener esa cantidad era relativamente fácil, con una colocación de deuda del gobierno.

Reconocimiento, exigen

El organismo privado que agrupa a las entidades de ahorro y crédito popular demandó ayer al gobierno federal el reconocimiento e integración plena de estas intermediarias al sistema financiero nacional, y pidió que los programas de microcrédito que impulsarán varias dependencias del Ejecutivo no se conviertan en una competencia desleal.

El presidente del Consejo Mexicano del Ahorro y el Crédito Popular (Comacrep), Ramón Imperial Zúñiga, demandó la creación de un sistema de financiamiento popular que reduzca el costo de intermediación financiera y de esta manera lleguen los servicios a un mayor número de personas, sobre todo a las de menores recursos.

Ante el presidente Vicente Fox, Ramón Imperial pidió aumentar las facultades legales de los organismos privados de ahorro popular para proveer a sus usuarios servicios financieros como el manejo de transferencias de divisas de Estados Unidos a México y que se refuercen las leyes para evitar que se presenten más casos de defraudación a ahorradores.

''El mayor problema de este sector es la dispersión, la gran diversidad de expresiones jurídicas y formas diferentes de trabajar'', expuso Imperial Zúñiga, al solicitar que el Congreso de la Unión apruebe una iniciativa enviada a las cámaras desde el año pasado, en materia de ahorro y crédito popular.

Expresó la preocupación del gremio por el hecho de que varias secretarías de Estado del área financiera, económica, social o rural, pudieran aplicar como parte de los programas de gobierno ''múltiples acciones'' con componentes de micro finanzas y micro créditos ''con lógicas diferentes y contradictorias'' entre sí. ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y JUAN MANUEL VENEGAS