MIERCOLES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Corresponden a implicados en la fuga de El Chapo
Devuelve juez a la PGR legajo con 73 órdenes de aprehensión
Ť Según fuentes judiciales la averiguación previa estaba mal integrada y sin sellos Ť Los implicados seguirán arraigados
CAROLINA GOMEZ, JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO
Por considerar que la averiguación previa está mal integrada al carecer de sellos y firmas que le den validez oficial, entre otras anomalías, el juez cuarto de distrito en materia penal, José Mario Machorro Castillo, devolvió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente en el que ésta solicitó 73 órdenes de aprehensión en contra de los implicados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal federal de Puente Grande.
Por su parte, la dependencia federal afirmó que no está en riesgo el resultado de la investigación ni el ejercicio de la acción penal solicitada en contra de los implicados, ya que continuarán arraigados hasta la obtención de las órdenes de aprehensión.
Ordenan detener a jefe del cártel de Sinaloa
En tanto, un juez del fuero común con sede en Jalisco y el segundo de distrito de Toluca, estado de México, libraron órdenes de captura contra el jefe del cártel de Sinaloa, por lo que la Policía Judicial Federal (PJF), ya cuenta con las atribuciones necesarias para detenerlo, informaron fuentes de la PGR.
Con la devolución de la averiguación previa PGR/UEDO/001/2000, la PGR cuenta con un plazo de 17 días para solicitar de nueva cuenta las órdenes de aprehensión, y mientras tanto, los presuntos implicados en la evasión del jefe del cártel de Sinaloa seguirán bajo arraigo.
Poco después de las 14 horas, cuando estaba a punto de vencer el plazo para que el juez resolviera si obsequiaba o no las órdenes de aprehensión, fuera del hotel Fontan -donde permanecen 59 custodios del penal de Puente Grande- se arremolinaban familiares de los arraigados y representantes de los medios informativos. Se dio a conocer que el Ministerio Público federal no folió los 47 tomos de la averiguación previa, no presentó pruebas que acreditaran las acusaciones de cohecho y de manera inexplicable se solicitaba acción penal por violaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin sustento jurídico alguno.
Según fuentes judiciales, el expediente enviado no tenía valor legal por carecer de sellos y firmas de las autoridades ministeriales que integraron la averiguación previa.
Además, en el legajo se mezclaron las imputaciones que la PGR formuló a cada uno de los presuntos responsables de la fuga de Guzmán Loera. Esto es, que nombres de quienes se les iba a acusar de cohecho aparecían como presuntos responsables de delincuencia organizada y también de evasión de reo, situación que creó confusión en el juez Machorro Castillo.
Plazo, antes del 10 de marzo
La PGR tiene plazo hasta antes del 10 de marzo -fecha en que concluye el arraigo- para integrar de manera adecuada la nueva averiguación previa, de no hacerlo los presuntos implicados podrían quedar en libertad por no haberse acreditado su responsabilidad en actos ilícitos.
A partir del 20 enero José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la UEDO, tomó bajo su mando la responsabilidad de las indagatorias relacionadas con la fuga de Guzmán Loera. El 29 de enero, el juzgado noveno de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México concedió un arraigo por 40 días a 71 personas, incluyendo al ex director del penal federal de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana.
Respuesta de la dependencia
Por la noche, la PGR aseguró mediante un comunicado que en el caso de Guzmán Loera no esta en riesgo el resultado de la investigación ni el ejercicio de la acción penal solicitada, ya que continuarán arraigadas las personas involucradas hasta la obtención de las órdenes de aprehensión.
La dependencia señaló que el pasado 19 de febrero la UEDO ejercitó acción penal en contra de 73 personas por diversos delitos, y que tomó conocimiento de que ayer martes, el juez consideró "que existían diversas insuficiencias formales, no de fondo, en el expediente que se puso a su disposición, ante lo cual regresó el expediente al Ministerio Público federal, con el objeto de que se subsanaran las mencionadas deficiencias y entonces pudiera pronunciarse sobre el fondo de la acción penal solicitada".
Para la PGR "las insuficiencias detectadas han sido subsanadas por ministerios públicos que se incorporaron de otras áreas".
Otro caso
El abogado Alejandro Waldo Hernández aseguró, por su parte, que cuatro de las 10 personas involucradas en la fuga de José Manuel Díaz Pérez, ex subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF) en Chihuahua y que el domingo pasado fueron consignados al Reclusorio Norte podrían quedar en libertad el próximo viernes debido a que el expediente de la PGR estaría mal integrado.
El defensor de Yolanda Ortega, Ismael Reyes, Ernesto Díaz y Carlos Bojórquez --ex empleados de la PGR--, indicó que la averiguación previa de la PGR contiene errores que serán utilizados por la defensa para revertir la situación penal de las personas citadas.
Entre las irregularidades, según dijo, está la acusación por delito de evasión de reo, siendo que Díaz Pérez no tenía tal calidad jurídica pues sólo estaba arraigado; se les acusa de mala administración de la justicia y ese ilícito sólo es imputable a personal del Poder Judicial de la Federación.