MIERCOLES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001

Recomendación de la CNDH a la Procuraduría

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a la PGR una recomendación en la que solicita a su titular, el general Rafael Macedo de la Concha, determinar las responsabilidades administrativas y penales en que incurrieron los funcionarios de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al privar de su libertad y negar los derechos de seguridad jurídica y a una defensa adecuada a 194 empleados del penal federal de Puente Grande, Jalisco, quienes fueron detenidos luego de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el pasado 20 de enero.

Según la recomendación 002/2001, las 194 personas "fueron retenidas en exceso de los plazos legales por personal de la UEDO", esto con base en los reportes de sus visitadores, ya que, supuestamente, las declaraciones ministeriales que los empleados rindieron en relación a la fuga de Guzmán Loera se tomaron en el penal sin respetar los plazos de retención que señala el artículo 16 constitucional.

Sobre la violación a la seguridad jurídica de los 194 detenidos, incluyendo a los 79 que fueron arraigados en el Distrito Federal, se precisa que se violó el marco jurídico porque la autoridad no realizó su tarea con un mandamiento judicial que justificara la conducta de los integrantes de la UEDO.

Tampoco se ordenó la liberación de los implicados o puesta a disposición ante autoridad judicial alguna, lo cual vulneró el derecho a la seguridad jurídica.

Para la CNDH se violentó el derecho a la defensa, pues los visitadores adjuntos constataron que "ninguna de las 194 personas que se encontraban declarando fueron asistidas por abogados o personas de su confianza, por lo que quedaron en estado de indefensión ante las imputaciones en su contra, ya que carecieron de elemental asesoría legal, a la cual la autoridad responsable debió haber otorgado a los agraviados la oportunidad de que nombraran defensor particular o bien designarles defensor público.