Ayer, en forma por demás inesperada, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) rechazó la petición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de que ese organismo se encargara del traslado de los comandantes rebeldes que, en los próximos días, saldrán de Chiapas con destino al Distrito Federal, después de pasar por varios estados de la República. La parte medular del boletín que comunica la negativa es tan confusa, imprecisa y evasiva, que hace necesaria la cita literal: "Debido a que dicha solicitud (la de los zapatistas) no se basa en el Derecho Internacional Humanitario, el CICR examinó la oportunidad y el principio de ofrecer sus servicios en este caso concreto a la luz de sus criterios en materia de buenos oficios, como institución neutral, imparcial e independiente, de la posibilidad práctica y logística de lo solicitado y del acuerdo de las partes concernidas. Después del examen de los criterios mencionados, el CICR considera que las condiciones no están actualmente reunidas para que pueda participar". 

Como es evidente, las dos frases anteriores no explican las razones por las cuales los directivos de la Cruz Roja Internacional decidieron desentenderse de la gesta por la paz que está a punto de realizarse en nuestro país; dejan, en todo caso, un vago margen para conjeturar tres posibles motivos de la negativa: que "las partes" -- o sea, el EZLN y el Ejecutivo federal-- no se pusieron de acuerdo en torno a la participación del organismo en la marcha zapatista; que la demanda de protección formulada por los rebeldes no estaba redactada conforme a ciertos requisitos burocráticos, o bien que el CICR no está en posibilidad "práctica y logística" de atender la petición. 

Es claro que el alzamiento chiapaneco y sus episodios involucran al derecho internacional humanitario. La mejor prueba de ello es la continua presencia de la propia CICR en la zona de conflicto prácticamente desde los inicios de éste, salvo en los años 1997 y 1998, cuando la manifiesta hostilidad de Ernesto Zedillo orilló al organismo internacional a ausentarse de la entidad. Si la carencia de medios por parte del CICR --"posibilidad práctica y logística"-- fuera un argumento, sería poco serio y difícilmente verosímil. La razón menos improbable para el rechazo de la institución a participar en la marcha de los dirigentes zapatistas es, en todo caso, la falta de acuerdo al respecto entre el gobierno federal y los rebeldes o, para ser más precisos, la falta de acuerdo en el gobierno federal. 

No hay motivos para suponer que el presidente Vicente Fox, después de todas sus muestras de buena disposición y voluntad para resolver el conflicto, se hubiera opuesto a que el CICR garantizara el tránsito de los zapatistas al DF; en cambio, Adolfo Aguilar Zinser, comisionado de Orden y Respeto y consejero de Seguridad Nacional, ha reiterado su rechazo a la participación, en la marcha, del organismo internacional; en contraste, el director del Instituto Nacional Indigenista, Marcos Matías, consideró necesario y oportuno que la Cruz Roja Internacional resguardara la caravana pues, dijo, "todavía hay sectores que pueden avivar el fuego". Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, confundió a la opinión pública al asegurar, anteayer, que la Cruz Roja Mexicana había "solicitado" dar cobertura a los rebeldes, asunto que fue desmentido, un día después, por esa organización. 

Es improbable que el CICR vaya a expresarse con claridad, en los días próximos, sobre las razones de lo que es, en el fondo, una negativa a contribuir en el proceso de pacificación de Chiapas. En cambio, el gobierno de Fox debe informar inequívocamente a la opinión pública en torno a su posición al respecto y al peso que pudieron tener las actitudes de altos funcionarios en la decisión final del organismo internacional. Por lo demás, la ausencia del CICR de la marcha es un dato preocupante, por lo demás, porque, como dijo Marcos Matías, hay quienes pretenden "avivar el fuego" Chiapaneco, y porque el Ejecutivo federal no está en condiciones de garantizar la seguridad de los comandantes zapatistas, no porque al actual Presidente le falte buena disposición o medios para ello, sino por la desconfianza histórica --y fundamentada-- de los rebeldes ante las instituciones gubernamentales y sus tendencias represivas e incluso --si se recuerda el 9 de febrero de 1995-- traicioneras. En tales circunstancias, la única instancia confiable de seguridad para los zapatistas es la que no los ha dejado solos desde enero de 1994: la sociedad civil.