JUEVES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Comunidades de Ocosingo y Chenalhó, beneficiarias de la acción del organismo
Apoyo a detenidos y desplazados, tareas del comité internacional durante 2000
ANGELES CRUZ
Las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Chiapas están concentradas en la aplicación de programas de asistencia, visitas a detenidos y prevención. Lo anterior, desde 1994 y en beneficio de casi 10 mil desplazados en 15 comunidades de los municipios Chenalhó y Ocosingo, señala el informe de actividades de 2000 de ese organismo.
Con el apoyo de los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana (CRM) y las aportaciones económicas de las sociedades Cruz Roja española y alemana se distribuyeron más de 2 mil toneladas de productos alimenticios a 9 mil 683 personas, así como materias primas para la siembra de granos y hortalizas en las regiones de los Altos y las Cañadas.
Sin embargo, con respecto a la negativa para acompañar la marcha zapatista, el CICR guarda silencio, igual que desde 1998, cuando firmó un convenio con las autoridades (Secretaría de Relaciones Exteriores) para delimitar su ayuda humanitaria y no intervenir en el conflicto chiapaneco. El documento establece que el CICR tendría alguna participación extra en Chiapas, únicamente en respuesta a una petición expresa del gobierno federal.
En aquella época, el comité suspendió por algunos meses sus labores en la zona de conflicto y hubo cambio de representante del CICR. Bajo el supuesto de una extralimitación en las funciones del comité se ejecutó una ofensiva en contra del organismo internacional por parte del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Desde las altas esferas oficiales se llegó incluso a desacreditar la intervención de extranjeros en Chiapas.
En 1999, Thierry Meyrat fue designado delegado del CICR en México y a la fecha continúa en ese cargo, pero siempre se ha mantenido al margen de controversias. En este caso no ha sido la excepción.
Con base en el convenio mencionado el CICR se ha constreñido a brindar seguridad económica, alimentaria y de salud a los indígenas desplazados en la zona de conflicto y ubicados en diez comunidades del municipio de Chenalhó: Xoyep, Tzajalchen, Acteal, Polhó, Poconichim, Naranjatic Alto, Chimix, Tzanembolóm, Jobeltic y Chenalhó, así como en cinco de Ocosingo: San Diego, La Arena, Emiliano Zapata, Francisco Villa y San Marcos.
El informe de actividades del comité detalla que como parte de los proyectos productivos se realizaron cursos de "mejoramiento de la milpa", los cuales se desarrollaron en 93 comunidades y con la ayuda de 34 promotores. También se dieron cursos de capacitación comunitaria en el manejo de huertos familiares.
En materia de salud, el CICR ha financiado desde el principio de sus actividades un programa de asistencia médica en cooperación con la Cruz Roja Mexicana. Así ha cubierto los salarios del personal operacional y la compra de medicamentos para cinco puestos de salud; las consultas y los gastos de gasolina y mantenimiento de las ambulancias y vehículos involucrados en la realización de los programas.
En los Altos se mantuvieron puestos de salud en Polhó, Acteal, Xoyep y Poconichim. En las Cañadas operó el puesto de San Miguel, municipio de Ocosingo.
Durante el año pasado se brindaron 40 mil 129 consultas médicas, 733 intervenciones de emergencia, 327 traslados de enfermos a hospitales, mil 814 consultas dentales y se aplicaron 5 mil 384 vacunas, principalmente a niños menores de 5 años.
En cuanto a las visitas a detenidos, los delegados del CICR han acudido a los centros de rehabilitación social de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez; de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Comitán, Villaflores y Tapachula. El objetivo ha sido observar las condiciones de vida de los presos, así como el trato que reciben. El CICR estableció un diálogo confidencial con las autoridades competentes para tratar las observaciones hechas durante estas visitas.
Con respecto a las actividades de prevención, el CICR propuso que su oficina en San Cristóbal de las Casas sirviera para la realización de encuentros entre autoridades estatales y municipales con representantes de las poblaciones desplazadas, a fin de buscar soluciones a la problemática. El informe no abunda más en este tema.