JUEVES Ť 22 Ť FEBRERO Ť 2001

Octavio Rodríguez Araujo

No más piedras en el camino

Unas horas antes del diálogo de San Cristóbal, iniciado el 20 de febrero de 1994, se previó la liberación de presuntos zapatistas presos en Cerro Hueco. Se interpretó como una demostración de buena voluntad por parte de las secretarías de Gobernación, federal y estatal, para facilitar el ambiente de diálogo, de la misma manera que el EZLN había liberado al general Absalón Castellanos tres días antes.

La Cruz Roja Internacional (CRI), dirigida entonces por Francisco Meyers, si no me traiciona la memoria, intervino como mediadora en el acto de liberación de Castellanos, así como en la revisión médica de los presuntos zapatistas presos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Posteriormente, para llevar a los representantes del EZLN a San Cristóbal de las Casas, la CRI participó también, pero sólo transportando a los 12 zapatistas no armados. El resto de la delegación (siete), incluido el subcomandante Marcos, fue transportado por vehículos sin el emblema de la CRI, ya que asistieron armados al diálogo con Manuel Camacho y sus colaboradores. En otros términos, además de elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de varias ONG, para facilitar el diálogo de San Cristóbal participó la CRI como transporte y protección de los dirigentes zapatistas. Debe recordarse, asimismo, que en otros momentos posteriores se dieron las mismas garantías mediante la misma institución humanitaria.

No hay razón por la que el gobierno federal vea con suspicacia que intervenga la CRI y no sólo la Mexicana, ni mucho menos que el viaje de los dirigentes zapatistas sea considerado un asunto de "seguridad nacional", como equivocadamente lo ha querido ver el procurador general de la República, sin duda todavía influido por las formas castrenses de pensar, pese a su licencia del Ejército. No hay, pues, mucho que analizar. En esta ocasión ninguno de los rebeldes zapatistas viajará armado.

Pareciera que es táctica de este gobierno y de algunos políticos del PAN y del PRI poner piedras en el camino hacia el entendimiento y la paz digna y justa en Chiapas, aunque después de algunos titubeos las quiten. Recuérdese que tanto el mismo Fox como no pocos diputados y senadores (además de empresarios insensatos) han hecho declaraciones que en lugar de acercar los momentos de diálogo han pretendido obstaculizarlos. Ya no digamos el gobernador de Querétaro, por más que repita que ha sido malinterpretado.

Sin embargo, a pesar de esos obstáculos declarativos, incluso para que los dirigentes zapatistas pudieran salir de Chiapas y con el rostro cubierto, el presidente Fox, inopinadamente ante el Ejército nacional en su día, ha pedido respetar la marcha y todo lo que esto implica en términos de movilizaciones de masas y de seguridad para los participantes. La posición de Fox ante las fuerzas armadas y la nación debe interpretarse como algo irreversible, Y el hecho de que los miembros de la Cocopa aceptaran acompañar en diversos tramos a los zapatistas en su viaje al Distrito Federal hace pensar que el entendimiento y la razón finalmente privan en los ámbitos del poder y la representación política nacional.

Es obvio que las motivaciones del gobierno y las del EZLN no son las mismas. Para Fox es importante, en su proyecto para el sureste y el istmo, que la paz se firme cuanto antes, pues sabido es que las inversiones privadas no se dan si existe un clima de inestabilidad y de guerra más o menos encubierta. La paz y una relativa armonía social significan posibilidades de desarrollo, especialmente si se mejora la calidad de vida de los habitantes del sur y en particular de Chiapas. Y ciertamente los indios no desdeñan el desarrollo, lo único que exigen es que se dé respetando sus derechos, sus tradiciones y su cultura; que se les trate como mexicanos, sí, pero también como indios y que, por lo tanto, se les respete con sus diferencias y modos de hacer su vida.

Para el EZLN, y para quienes siendo indios lo apoyan, la paz también es importante, siempre y cuando sea precedida de las reformas constitucionales que implica la iniciativa legal de la Cocopa, que aunque no es todo lo que quisieran, sí responde en lo fundamental a los traicionados acuerdos de San Andrés. Los zapatistas vienen a convencer y para ello lo único que piden es que los escuchen y les permitan en el Congreso de la Unión exponer sus argumentos y rebatir, en su caso, los que sean distintos o incompletos para la realización plena de los pueblos indios en esta fase de su historia y de la historia de México.

Los pasos a seguir son muy sencillos, si se parte de una premisa: su derecho a ser escuchados por quienes constitucionalmente son representantes de la nación y de las entidades federativas. El cómo ya está en curso; que nadie ponga más piedras en el camino.©