JUEVES Ť 22 Ť FEBRERO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Igualdad en el pacto federal
La igualdad de ciudadanos y gobiernos ante la ley y la equidad en su aplicación son condiciones necesarias, aunque no suficientes de la democracia. Tema central en el cambio constitucional y legal que materializaría la conclusión de la reforma política para el DF (en esta etapa, pues en el futuro pueden surgir nuevas necesidades) es el de otorgar a los ciudadanos y gobierno de la capital y sus demarcaciones territoriales la igualdad con las demás entidades (estados y municipios) integrantes del pacto federal que constituye a los Estados Unidos Mexicanos.
Aun después de las sucesivas e incompletas reformas aprobadas desde 1993, los ciudadanos y gobiernos del Distrito Federal siguen sometidos a un estatuto de excepción que consagra la desigualdad ante los demás integrantes de la sociedad y el Estado mexicano, y sirve de base para el trato desigual que se les da al interior de la Federación.
Los ciudadanos defeños no elegimos a un gobernador, sino a un jefe de Gobierno con facultades restringidas respecto a los demás gobernantes; y tenemos jefes delegacionales semiautónomos, con menos atribuciones que los presidentes municipales y más subordinados que éstos al gobierno central del DF.
Elegimos una Asamblea Legislativa (ALDF) con poderes restringidos y no un Congreso local pleno. En las "delegaciones" (denominación incongruente) no elegimos un cabildo que exprese la pluralidad política local y que actúe como órgano colegiado de gobierno.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene ámbitos de subordinación al Ejecutivo federal que no tienen los demás gobernadores, como es el nombramiento de secretario de Seguridad Pública y el de procurador de general Justicia. El Congreso federal se reserva atribuciones en materia legislativa local en diversos campos, que no tiene para los estados, en particular en la aprobación del techo de endeudamiento.
Por la desigualdad jurídica frente a los demás congresos estatales, nuestra Asamblea Legislativa no tiene la facultad de discutir y aprobar las leyes federales. Los ciudadanos del Distrito Federal carecemos de una Constitución local que especifique nuestras condiciones, nuestros derechos y deberes y los de nuestros gobernantes.
La lista de desigualdades e inequidades a las que da lugar este estatuto de excepción sería larga y casuística; la más conocida y aún sin resolver plenamente es la de la exclusión discrecional, parcial o total, del DFde las aportaciones federales del ramo 33, sobre todo de los fondos para la lucha contra la pobreza, porque no es un municipio ni sus delegaciones lo son.
Por ello, estamos convencidos de que la única solución clara y real para esta desigualdad política y administrativa es la conversión del DF en un estado más de la Federación, y la de sus anacrónicas "delegaciones" --las actuales o las que se diseñen y acuerden-- en municipios. Sólo así lograrán sus ciudadanos y gobiernos la igualdad de derechos con los demás mexicanos y se contará con un referente histórico-jurídico codificado, independientemente de sus problemas y fallas, que permita gobernar y ser gobernados sin tener que inventar cada día las respuestas ni reivindicar derechos ya otorgados a otros ciudadanos y gobiernos; sin tener que vivir en el ensayo-error. Sólo así tendrá el DF soberanía local plena en el marco del pacto federal.
Los argumentos del PRI para mantener esta situación de excepcionalidad jurídico-política son remembranzas de principios del siglo pasado; no tienen en cuenta los cambios políticos y sociales ocurridos en México y el Distrito Federal durante el siglo XX, explicables quizá porque no pueden o no quieren reconocer que su régimen político tiene que pasar a la historia. No hay ninguna razón objetiva para que en una democracia republicana plena, la presencia dispersa de los poderes federales obligue a mantener su estatuto de excepción; y no todo el DF los soporta territorialmente, aunque todos paguemos sus costos: excepción del pago de tributos fiscales y de tarifas de servicios, sobrecostos de mantenimiento, presencia de conflictos sociales de otras entidades, etcétera.
La falsa sombra de la competencia entre el Presidente y el gobernador de un posible estado 32, debido a su peso demográfico, político y económico llevaría a otra aberración más: que los municipios conurbados del estado de México y el estado mismo tuvieran también estatuto de excepción. Si apostamos a la democracia, no podemos imaginar hoy una sublevación de las fuerzas militares de la capital (?) contra el poder federal, como a comienzos del siglo pasado. Hay, en cambio, razones de mucho peso para que el Distrito Federal sea un estado, y todas tienen que ver con la igualdad y la equidad, sustentos esenciales de la democracia.