Tanto en el país como en el entorno internacional se confirman los signos negativos para el crecimiento económico. 

Ayer en Estados Unidos se dio a conocer que la inflación de enero fue del doble de la esperada --0.6 por ciento, cuando la previsión era de 0.3--. Ese dato, sumado a la ya evidente desaceleración en el crecimiento de la economía más poderosa del mundo, configuran el más indeseable de los escenarios: la llamada estagnación, es decir, alza de precios y estancamiento de la producción combinados. A ello deben agregarse los pronósticos pesimistas sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener por más tiempo su política de disminuir las tasas de interés, así como la caída de los principales indicadores bursátiles --el Dow Jones y el Nasdaq-- en la nación vecina. 

En nuestro país, el Banco de México, las firmas consultoras y las autoridades económicas del gobierno federal coincidieron, también ayer, en que es inevitable revisar, a la baja, las metas macroeconómicas inicialmente fijadas para este año. Unos y otros admitieron lo inocultable: las tendencias recesivas estadunidenses impactarán en México y producirán, aquí, efectos aumentados y multiplicados, como es tristemente proverbial. Aunque los declarantes coincidieron en que el principal factor para el pesimismo es la angostada economía del país vecino, voces del sector privado han empezado a achacar al gobierno de Vicente Fox actitudes que consideran negativas, como la supuesta intención gubernamental --señalada por Bursamétrica y Standard and Poor's-- de efectuar un recorte subrepticio al gasto público. Los analistas actuales de la Secretaría de Hacienda, por su parte, deslizan recriminaciones al gobierno precedente por haber incurrido, afirman, en políticas fiscales expansivas y poco disciplinadas. Estas divergencias --más otras, como las que no pueden ocultar Hacienda y el Banco de México-- son un síntoma por demás preocupante, no sólo porque expresan un rumbo poco definido sino porque evocan el ominoso recuerdo de las mutuas recriminaciones, casi siempre bizantinas y en definitiva inútiles, entre el salinismo y el zedillismo en torno a la responsabilidad de la crisis que se desencadenó a raíz del "error de diciembre" de 1994. 

Desde una perspectiva social, una proyección particularmente preocupante es la formulada por la Canacintra acerca de un crecimiento desmesurado del desempleo abierto: el organismo cúpula estima que, en el presente año, el indicador correspondiente pasará del 1.9 por ciento que registró en diciembre pasado, al 2.5 por ciento. Habida cuenta que los criterios oficiales tradicionales --y aún en vigor-- para medir el desempleo constituyen un acto de clara simulación, orientado a minimizar el problema de la falta de fuentes de trabajo, si la nefasta predicción de la Canacintra se cumple, ello se traducirá en un drama social de consecuencias necesariamente graves. 

Otro factor de alarma es la insinuación formulada ayer por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para que se recurra --como se ha venido haciendo desde 1982-- a una política de contención salarial a fin de cumplir con los objetivos antiinflacionarios. De ser escuchada, tal sugerencia podría tener resultados políticos sumamente riesgosos, ya que, ante las desmesuradas expectativas que generó el triunfo electoral del actual presidente, y que en gran medida se mantienen, una actitud oficial propicia a la congelación de salarios se traduciría en un desaliento y una frustración ciudadanos igualmente desmesurados. 

Finalmente, debe constatarse que la vulnerabilidad de nuestro país ante las fluctuaciones de la economía estadunidense se incrementó de manera por demás peligrosa durante los tres últimos gobiernos surgidos del PRI, y que los funcionarios del actual --el primero emanado de la oposición desde 1929-- no parecen preocupados por diseñar estrategias que reduzcan nuestra fragilidad a fenómenos externos; dan, por el contrario, muestras de buscar el incremento de nuestra subordinación económica hacia el vecino del norte.