VIERNES Ť 23 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Las negociaciones en Gobernación, para facilitar el cumplimiento de la ley, advierte
En Yucatán debe acatarse el fallo del TEPJF, afirma Creel Miranda
Ť Cervera Pacheco responderá por escrito el cuestionario de la PGR: Macedo de la Concha
Ť El diálogo está abierto, pero nunca para negociar el derecho, precisa el titular de la SG
JESUS ARANDA
El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, aseveró que "no está a discusión" el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso Yucatán, y que el gobierno federal "está concentrando" su esfuerzo en la labor de la Procuraduría General de la República (PGR), que "ya ha empezado a actuar" con el lenguaje más elocuente que hay, el de los hechos.
Creel aclaró que las negociaciones que tienen lugar en Gobernación sobre el conflicto yucateco tienen el propósito de "facilitar que las partes cumplan voluntariamente el fallo". El diálogo está abierto, pero nunca para negociar la ley, enfatizó ante los miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Después, en entrevista, precisó: "la ley puede cumplirse de dos maneras, voluntariamente o forzada, y podemos hablar para que se cumpla de manera voluntaria".
En riesgo, el estado de derecho, señala Góngora Pimentel
El presidente de la Suprema Corte, Genaro David Góngora Pimentel, reconoció que el incumplimiento de la sentencia del TEPJF sí pone en riesgo el estado de derecho y nos puede llevar "a que después en otros lugares de conflicto pase exactamente lo mismo".
Góngora recordó a los actores políticos -es decir, al PRI- que precisamente fueron los partidos lo que decidieron dejar en manos del TEPJF los conflictos electorales, por lo que los exhortó a que "recapaciten" y cumplan las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "que ellos mismos establecieron".
Por su parte, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, también en entrevista, dijo que el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, le notificó a la PGR que responderá por escrito el cuestionario que le presente la dependencia sobre su presunta responsabilidad en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral.
En ésta se le ordenó a Cervera que dispusiera lo necesario para que el Consejo Electoral "insaculado" contara con todos los elementos necesarios para cumplir sus funciones.
Teniendo como marco la reunión con litigantes del país -los tres funcionarios participaron en la ceremonia en la que tomó posesión la nueva mesa directiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados-, Creel dijo en su discurso que éste era el mejor esc enario para hablar del caso Yucatán, porque precisamente se habla de la aplicación del derecho.
El estado de Yucatán, comentó, vive circunstancias inéditas "que nadie desea que se repitan en ninguna otra parte del país".
Y fijó su postura: "De esto nadie debe tener duda. La última palabra en asuntos electorales, incluidos los que surjan en las entidades federativas, la tiene el TEPJF." Se podrá estar de acuerdo o no con los méritos o deméritos de un fallo, "lo que no puede estar a discusión es su cumplimiento, eso es la esencia de la seguridad jurídica".
Y en clara alusión a la posición asumida por el gobernador Cervera Pacheco, el titular de Gobernación dijo: "Hace dos semanas anuncié que el gobierno federal responderá cabalmente a su obligación de hacer valer el orden jurídico en todo el territorio nacional y que el respeto a la soberanía de los estados no implica la posibilidad de actuar al margen de la ley".
"Tal vez algunos pensaron que se trataba de un discurso más, es decir, sólo de palabras que se pierden en el olvido". Sin embargo, subrayó, la PGR ha empezado a actuar y así se acredita una vez más que no hay lenguaje más elocuente que el de los hechos.
Respecto del posible uso de la fuerza, Creel indicó que la autoridad federal necesitaría de una orden expresa del Tribunal Electoral, pero por el momento la administración centra su labor a través de la PGR.
-Las elecciones en Yucatán podrían aplazarse, en razón de que las investigaciones de la Procuraduría General de la Repúbnlica pueden llevarse mucho tiempo. ƑEsto ya se está previendo?
-Lo que estamos previendo es que se cumpla la ley. Y no estamos preocupados, estamos ocupados en el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora, recordó en entrevista que el artículo 89 constitucional obliga al Presidente de la República a auxiliar al Poder Judicial, "terminante y expresamente".
-ƑEntre ellas está el uso de la fuerza pública?
-Todo lo que sea auxilio.
Aunque el posible uso de la fuerza en el caso Yucatán depende de los magistrados del Tribunal Electoral, acotó.
-ƑLas resoluciones son para acatarse?
-Así es.
-ƑSe pone en riesgo el estado de derecho si no se cumple la ley?
-Sí, sí se pone. Y nos puede llevar a que en otros lugares de conflicto pase exactamente lo mismo. Los actores políticos decidieron dejar los acuerdos y las transacciones, y el país a través de sus actores políticos, se dio un tribunal electoral federal para resolver esta clase de problemas. Si ahora, habiendo llevado los problemas al TEPJF no acatan las resoluciones, pues es el regreso a la situación anterior; esperemos que esto no pase y que recapaciten, reconsideren los actores políticos y cumplan las sentencias del TEPJF que ellos mismos establecieron.
Inaceptable, negociar la resolución del tribunal
Al menos en dos ocasiones se han reunido el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y el presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, para hablar sobre el conflicto en Yucatán.
En ambos encuentros Góngora ha señalado que es inaceptable la negociación del fallo del Tribunal Electoral de la Federación, y dejó en claro que la Corte no tiene facultades para "hablar" con los magistrados electorales sobre el tema.
Asimismo, en el máximo tribunal existe la certeza de que si se negocia el dictamen del TEPJF quedará en entredicho no sólo la aplicación de la justicia, sino el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.
Trascendió que los 11 ministros opinan que el dictamen del TEPJF es definitivo e inatacable, y esa visión es la que le ha expresado Góngora a Creel en sus reuniones privadas.
Por otra parte, hay consenso entre los ministros en el sentido de que cualquier recurso legal que se pretenda interponer ante la Corte con el propósito de invalidar el fallo del Tribunal Electoral en el caso Yucatán, será rechazado porque se sentaría un mal precedente para la impartición de la justicia en el país. JESUS ARANDA