VIERNES Ť 23 Ť FEBRERO Ť 2001
 
Ť Miseria y abandono de los campesinos, causa de la violencia en Chiapas, dice

Desde 1994, la Iglesia pide diálogo con el EZLN

Ť En más de 20 documentos enfatiza sobre la atención a los rezagos de pueblos indios

JOSE ANTONIO ROMAN

El diálogo y la negociación política entre el gobierno federal y el EZLN, la atención prioritaria de los ancestrales rezagos de los pueblos indios y una reconciliación basada en el perdón, son las peticiones constantes que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha expresado oficialmente, más allá de las declaraciones individuales de los obispos, en una veintena de documentos cuyo tema central ha sido la paz en Chiapas.

A 12 días de iniciado el conflicto zapatista, el arzobispo de Monterrey, Adolfo Suárez Rivera, originario de San Cristóbal de las Casas y en ese entonces presidente del Episcopado, anunció la creación de su propia comisión para la paz en Chiapas, la cual estaría integrada por siete obispos, entre ellos los tres de las diócesis de la entidad: San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En ese primer documento, la instancia episcopal señala que "la situación de miseria, abandono y desprecio en que viven los campesinos de Chiapas, como de otros lugares de México, es la raíz de la violencia que se ha desatado en los Altos de Chiapas. Y el mal uso de la riqueza de algunos puede ser hasta un insulto para la pobreza de otros. Por lo tanto, creemos que el sistema económico que genere el TLC ha de tener en cuenta la situación de los campesinos y de los indígenas y propiciar una economía con rostro humano, una economía de la solidaridad".

A lo largo de esta veintena de documentos y cartas pastorales, algunas de ellas resultado de visitas que han hecho a Chiapas, la constante ha sido la necesidad de reconstruir la confianza, requisito indispensable para un diálogo que culmine en una paz verdadera. Han sido múltiples las invitaciones a ambas partes a que expresen, simultánea y conjuntamente, gestos que propicien la recuperación de la confianza y el reinicio de un diálogo orientado a la solución sustantiva de las causas del conflicto.

Varios de estos textos se han basado, primero, en el documento de la cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en 1992 en Santo Domingo, República Dominicana, y posteriormente, en el texto Ecclesia in America, entregado por el papa Juan Pablo II en su cuarta visita a México, en enero de 1999.

Por ejemplo, el numeral 20 del primer documento señala que no pueden olvidarse los "enormes sufrimientos" que los pobladores de este continente sufrieron durante la época de la Conquista y la colonización. "Hay que recordar con toda verdad los abusos cometidos debido a la falta de amor de aquellas personas, que no supieron ver en los indígenas hermanos e hijos del mismo vigilancia-moises Padre. Lamentamos que estos dolores se han prolongado, en algunas formas, hasta nuestros días".

En tanto, en el documento Ecclesia in America se insiste en que la Iglesia debe dedicar especial atención a aquellas etnias que todavía hoy son objeto de discriminaciones injustas. "En efecto, hay que erradicar todo intento de marginación contra las poblaciones indígenas. Ello implica, en primer lugar, que se deben respetar sus tierras y los pactos contraídos con ellos; igualmente, hay que atender sus legítimas necesidades sociales, sanitarias y culturales. Habrá que recordar la necesidad de reconciliación entre los pueblos indígenas y las sociedades en las que viven".

Sin embargo, durante 1996 ?año en que fueron suscritos los acuerdos de San Andrés? y 1997, el número de documentos emitidos por la Comisión Episcopal es sumamente reducido, tan sólo cuatro, aunque en esos mismos años hubo un prolongado silencio y las negociaciones se dieron por suspendidas.

Además, en ese largo silencio se percibió una clara reticencia del gobierno federal a aceptar al entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, como presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, hasta que esta situación desemboca en la desaparición de dicha instancia, el 7 de junio de 1998.

Durante esos años también se registra una ambigüedad en la posición del Episcopado Mexicano, pues en conjunto y en forma individual, los obispos católicos expresan a don Samuel ?"hermano en el Episcopado"? su solidaridad y apoyo como obispo y como pastor de la grey católica en San Cristóbal, pero señalan que su papel como mediador es personal, y que sobre su desempeño sólo deben opinar las partes en el conflicto.

Asimismo, otro elemento que con frecuencia aparece en las cartas episcopales es que los obispos se reconocen solamente como pastores, sin ofrecer nunca "soluciones técnicas" a los problemas sociales o económicos. Pero, desde su misión evangélica ?según dicen-, "proponemos los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices generales de acción que deben ayudar a los fieles laicos a realizar su vocación y misión en el mundo".

Todavía en su mensaje de septiembre pasado, la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas reiteró su invitación al EZLN y al gobierno federal a empeñarse en un diálogo en el que, superando lo que nos contrapone y separa, "exista la osadía de recuperar todo aquello que en los acuerdos de San Miguel y San Andrés fueron verdaderos aportes ?en métodos y contenidos? a la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz, así como la consideración de la integralidad de la realidad nacional, de su diversidad y pluralidad".

Aclara que después de lo sucedido en Acteal, los mexicanos debemos renunciar definitivamente a buscar vencer al contrincante a cualquier costo y por los métodos que sean. "Nunca más la tolerancia de grupos armados y de estrategias sucias, pues son radicalmente contrarias a los derechos humanos, la verdad y la justicia. En esto, el papel de la autoridad estatal es absolutamente imprescindible y no se puede prestar a ningún juego de intereses partidistas o particulares".

Pero destaca que otra de las misiones fundamentales del Estado es la de la justicia distributiva, por lo que llama a atender con urgencia los rezagos sociales de tantas poblaciones marginadas, sobre todo las indígenas, pero previos acuerdos con las mismas comunidades, para que no sean acciones impuestas desde fuera y buscando superar cualquier forma de dependencia o condicionamiento.

Incluso, en ese mismo documento, fechado el 15 de septiembre de 1999, se exhorta a las autoridades del gobierno federal a considerar la reubicación del Ejército Mexicano a aquellas posiciones que se justifiquen como absolutamente necesarias para mantener el respeto de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, la integridad y la seguridad de la nación.

En el más reciente, con fecha del 12 de febrero pasado, la comisión se dirige también al EZLN, y le dice que ha de ser consciente de que el país está conformado por grupos y corrientes de pensamientos muy diversos, por lo que no se pueden imponer a toda una nación los criterios de un grupo, aunque éste sea muy respetable y ofrezca elementos muy dignos de ser tomados en cuenta. "Esto significa que, una vez que hayan sido escuchados por los legisladores, han de aceptar la ley resultante que éstos decidan libre y conscientemente".