sabado Ť 24 Ť febrero Ť 2001
Daniel Rodríguez Velázquez
La marcha y la Cruz Roja
Desde el 19 de febrero era evidente la indisposición del gobierno federal para aceptar la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como garante de la seguridad de los zapatistas que llegarán en marzo al Distrito Federal. El presidente Fox ha planteado en sus discursos su apoyo a la marcha, y aunque en el gabinete de Orden y Respeto hay contradicciones al respecto, se supondría que la decisión gubernamental estaría encaminada a garantizar la seguridad y el respeto a los integrantes del EZLN, con apego a la ley de concordia que le reconoce plenos derechos a éste, además de la ley Cocopa, firmada hace seis años, y a los derechos constitucionales. Pero cuando se presiona para que el CICR no participe, se genera un clima propicio a la provocación.
2. Los cuatro Convenios de Ginebra (1949), firmados por el gobierno mexicano, incluyen en su artículo tercero disposiciones comunes para garantizar la protección a combatientes en estado de indefensión y a la población civil. El gobierno mexicano no ha firmado el Protocolo Adicional referido a conflicto armado interno (1977), razón por la cual desde el 1o. de enero de 1994 tuvo en su favor un margen de maniobra política y legal (discrecionalidad, arbitrariedad y abuso de poder) para aceptar o no los "buenos oficios" del CICR en el conflicto armado. De esta manera, el Presidente ha decidido si es o no conveniente que el CICR tome la iniciativa de apoyar el proceso de pacificación (La Jornada, febrero 21); además, sirvió para que la estrategia de contrainsurgencia se consolidara en dos aspectos que legalmente impiden aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En primer lugar, con la aplicación de la llamada "guerra de baja intensidad" se creó una modalidad bélica no considerada en el DIH, que responde a los parámetros de la guerra convencional, lo que permitió a estrategas militares y gubernamentales evadir responsabilidades al no existir "guerra formal" y aplicar sus políticas contrainsurgentes en varios países del "Tercer Mundo".
En segundo lugar, con la creación y fortalecimiento de las fuerzas "paramilitares", se presenta en el conflicto un actor "no militar", de carácter civil, ante lo cual tampoco sería aplicable el DIH.
Sin embargo es sorprendente que sea el propio CICR quien se negara aduciendo la no aplicabilidad del DIH, cuando ya había participado en tiempos "de paz", en un clima de guerra no convencional en Chiapas. Una deuda pendiente con la paz mundial es aportar propuestas para reformar el DIH, a todas luces caduco, como lo ilustra el caso chiapaneco (lo mismo que en otros países).
3. Por otra parte, el manejo de protección civil, derivado también de los Convenios de Ginebra, y que desde 1986 forma parte de la institucionalidad mexicana ante desastres, es otro ejemplo de irregularidades como las acotadas.
En 1994 el llamado Sistema Nacional de Protección Civil reconocía públicamente a través del entonces secretario de Gobernación su labor para atender a la población en varios municipios de Chiapas, no obstante que en la normatividad existente en ese momento (como tampoco en la actual ley general) no se establecía que el conflicto armado sea materia de intervención de protección civil. Otra muestra de discrecionalidad en función del cálculo político.
En 1997 la oficina de Protección Civil de Chiapas informaba, días antes de la masacre de Acteal, que estaba atendiendo a algunos desplazados en el municipio de Chenalhó, excepto a los identificados con el EZLN. El apoyo fue notoriamente menor a las necesidades de la población acosada y agredida por los paramilitares; era una acción de mercadotecnia.
4. Del 24 de febrero al 11 de marzo la marcha zapatista en demanda del reconocimiento real a los derechos y la cultura indígenas en México estará siendo observada por los sectores que han aprovechado estas anomalías y ambigüedades, y es un deber de la sociedad y del Estado velar por el respeto a esta acción civilizatoria, y debe demandarse que se apliquen todos los preceptos legales, nacionales e internacionales, para crear un verdadero estado de derecho en nuestro país, en caso contrario, seguiremos con la ley del más fuerte y aberraciones similares, y es de esperar que esa no sea la apuesta foxista.