sabado Ť 24 Ť febrero Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
Del federalismo a la impunidad
Estamos viviendo una serie de cambios políticos que pueden identificarse con una transición, sin que medie un pacto político entre las diferentes fuerzas que han pasado a integrar el nuevo gobierno y las que pasaron a ser oposición o están en riesgo de perder elecciones en un futuro próximo.
Probablemente el gobernador de Yucatán no se ha percatado que su cacicazgo en esa entidad es insostenible en el nuevo contexto político nacional que se abrió después del 2 de julio del 2000 y está llevando la confrontación a su límite.
El partido más difícil de acomodar en la nueva situación es el Revolucionario Institucional, porque era el más dependiente del liderazgo presidencial y recibía más privilegios por su permanencia en el poder. De ahí que varios gobernadores de ese partido ahora pretendan defender un federalismo que nunca les preocupó cuando la Presidencia de la República también era del PRI. Hay que recordar que Víctor Cervera Pacheco ya violó la Constitución porque fue gobernador interino de Yucatán durante cuatro años y después se le permitió ser gobernador electo por un periodo de otros seis años.
La discusión entre Cervera Pacheco y el Congreso local de un lado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial pone en entredicho el nuevo orden legal que fue aprobado por consenso en la reforma constitucional de 1996, y que ha dado mayor transparencia y certeza a los procesos electorales permitiendo la alternancia en muchos poderes locales y en la Presidencia de la República. No se trata de un asunto de incumbencia local, sino de trascendencia nacional por la significación que adquiere para la conformación de los poderes en el estado de Yucatán, dado que el próximo 27 de mayo habrá elecciones en 106 municipios, de diputados locales y de gobernador.
Desde el 30 de agosto del 2000 la controversia se ha dado en torno a la integración del Consejo Estatal Electoral, porque esa decisión fue tomada unilateralmente por la mayoría priísta del Congreso local. Dadas las prácticas clientelares y de control político en las que ha sustentado el ejercicio del poder Cervera Pacheco, la composición del Consejo Estatal Electoral se torna en un problema de primera importancia para garantizar el avance de la democracia en esa entidad. Si no existiera ese interés de "manipular" el proceso electoral no se podría explicar la obstinación del gobernador en desafiar al tribunal.
Después de una larga serie de incidentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial intervino directamente el 29 de diciembre del año pasado para realizar la debida insaculación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, de tal suerte que ahora, ya en pleno proceso electoral, Yucatán se encuentran con dos autoridades electorales organizando las actividades previas a los comicios. El Congreso y el gobierno local se han negado a reconocer al Consejo Estatal Electoral al que dio posesión el Tribunal Electoral y no han entregado las instalaciones y los recursos necesarios, mientras su consejo sigue adelante con una serie de actividades con la pretensión de imponer su punto de vista por la vía de los hechos consumados.
El fondo del conflicto está en garantizar que las elecciones del próximo mes de mayo en Yucatán sean transparentes, libres y equitativas. Así lo entienden las fuerzas políticas de Yucatán y las organizaciones civiles que han luchado por muchos años por el respeto de los derechos humanos y el avance de la democracia. El 15 de febrero organizaron en Mérida dos marchas por la legalidad para que el fallo del tribunal sea respetado. Fue convocada por el Frente Cívico Familiar de Yucatán, la Corriente Democrática del Magisterio, el grupo Indignación, la Federación de Escuelas Particulares, la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán, el PAN y el PRD. Estas protestas contra las acciones del actual gobierno ponen en evidencia que no hay consenso entre los yucatecos respecto de la legitimidad de su intento de perpetuar su dominación a través del control del proceso electoral de mayo.
ƑCuáles serían los medios idóneos para intervenir desde el Poder Ejecutivo? Deben crearse los mecanismos para presionar a las autoridades insurrectas a cumplir con las normas federales que fueron aceptadas en 1996. La intención del legislador fue muy clara; se incluyeron en el texto constitucional una serie de disposiciones para obligar a los gobernadores y a los Congresos locales a respetar los lineamientos de la reforma electoral federal que tuvo el propósito de avanzar en la democratización del país.
ƑEs válido reclamar el federalismo cuando se están violando principios constitucionales? Parece evidente que existen razones políticas y jurídicas por las que el tribunal debe intervenir para obligar a las autoridades locales a respetar los principios para nombrar autoridades electorales.