SABADO Ť 24 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Improcedentes, los cargos a los 10 vigilantes: jueza
Apelan decisión de liberar a guardias del fugado representante de la PGR
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Libres los 10 implicados en la fuga del ex subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF) en Chihuahua, José Manuel Díaz Pérez -dos por falta de elementos para procesar y ocho, que alcanzaron libertad bajo caución, al no enfrentar acusaciones por un delito grave-, la Procuraduría General de la República apeló el fallo de la jueza Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara.
Al mediodía de este viernes, en el juzgado tercero de distrito con sede en el Reclusorio Norte, se notificó a los cinco militares y cinco agentes de la PJF implicados en la fuga de Díaz Pérez que las imputaciones en su contra eran improcedentes, por cuanto hace al delito de evasión de preso.
Se consideró que Díaz Pérez no era interno de ningún reclusorio, sino que su calidad jurídica era de arraigado y por ende no procedía enjuiciarles por ese delito.
Ernesto Díaz Hernández y Jesús Lozano Duarte, fueron absueltos de evasión de reo y delitos contra la administración de la justicia, por lo que se ordenó su libertad.
A Ismael Reyes Cruz, Yolanda Ortega, Carlos Alberto Bojórquez, Juan Hernández Hernández, Isidro Andrés Ciro, David Bastián Centeno, Luis Hernández Hernández y Juan López, se les dictó formal prisión por obstrucción de la justicia y se les retiró el cargo de evasión de reo, situación que les permitió obtener su libertad bajo fianza.
La caución impuesta fue de entre 5 y 20 mil pesos, al considerar que hay quienes ganan entre 3 mil y 7 mil pesos mensuales, sin embargo a los 10 les ordenó pagar una multa de 50 días de salario mínimo.
Estas 10 personas, cuatro de ellos agentes de la PJF, un Ministerio Público Federal y cinco efectivos del Ejército, estaban comisionados para custodiar y "no perder de vista" al ex subdelegado de la PJF mientras permaneciera bajo arraigo.
Sin embargo, Díaz se fugó de la casa en donde estaba, sin que nadie se percatara de ello, el pasado 15 de febrero. Situación que originó la intervención técnico-jurídica y operativa a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).