DOMINGO Ť 25 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť No ceden la crisis económica y los escándalos
Navega la situación política en Argentina en un mar de dificultades
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 24 de febrero. El presidente Fernando de la Rúa reunió el viernes a empresarios y a un sector del sindicalismo, en este caso la Confederación General del Trabajo (CGT) oficialista, que aceptó concurrir a la llamada mesa de diálogo, y sin embargo, la situación navega en un mar de dificultades en lo político, lo social y económico.
Continúan apareciendo datos sobre la co-rrupción, el lavado de dinero y las privatizaciones irregulares, y contradictoriamente el mercado, o quienes lo controlan, parece expresar que sería mejor no revisar estos hechos "porque podría provocar una estampida de las inversiones y, como señalan analistas locales, "esto parece un trámite asombroso ya que todos podrían suponer que es mejor prestar e invertir en un país que combate la corrupción".
La mesa de diálogo se consideró "tardía" dentro del espectro sindical, ya que la dirigencia de tres centrales obreras, la de los Trabajadores Argentinos (CTA), el Movimiento de Trabajadores Argentinos --la CGT disidente-- y la Corriente Clasista y Combativa, había roto lanzas sólo un día antes, cuando los reclamos de los desocupados, que no lograron ningún acuerdo con el Ministerio de Trabajo después de una larga marcha que fue considerada como "una extorsión" por algunos funcionarios.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se opuso el viernes a que concurriera a la reunión el delegado de los desocupado, Luis D'Elía, quien integraba la delegación de la CTA. El dirigente Víctor de Genaro decidió entonces que la central no estará re-presentada en el diálogo.
De esta manera la mesa nace sin fuerza para enfrentar la grave situación social del país, mientras se preparan grandes movilizaciones de millones de desocupados du-rante todo marzo, aunque el líder de la oficialista CGT, Rodolfo Daer, dejó entreabierta la posibilidad de que se levante la convocatoria para el paro nacional de 48 horas en protesta por la política socioeconómica del gobierno, anunciado en principio para el jueves.
Pero el gobierno, alerta por la crisis de Turquía que golpeó a todos los mercados en el mismo momento en que comienza aquí el trazado de cómo crecer o al menos de cómo salvarse de la crisis económica, en el marco de una fuerte recesión, trata de calmar el cuadro social, aunque algunos sostienen que es sólo una medida "cosmética".
En este escenario, continúa la investigación del escándalo de lavado de dinero procedente de sobornos y otros ilícitos, como el narcotráfico, que comprometen al presidente del Banco Central, Pedro Pou, y a altos ex funcionarios del pasado gobierno del ex mandatario Carlos Menem, mientras otros escándalos están en puerta.
El desplazamiento del juez Carlos Liporaci, quien debía investigar a los senadores acusados de recibir sobornos del gobierno de la Alianza para votar una ley y también a funcionarios de la actual administración comprometidos en los mismos, puede sacar a la luz otros escándalos políticos, cuyas causas se ocultaron cuidadosamente.
Así, el juez Gabriel Cavallo, quien remplazó a Liporaci --cuestionado por corrupción-- se encontró en el juzgado con un juicio abierto a raíz de una denuncia sobre la privatización de aeropuertos que compromete a Jorge Rodríguez, ex jefe de gabinete de Carlos Menem, pero que el anterior magistrado mantenía en un cajón.
Como éste, hay infinidad de causas que fueron retenidas por los jueces mayoritariamente adictos al anterior gobierno, y cada uno de ellos pone en cuestionamiento la mayor parte de las privatizaciones realizadas en el país en forma irregular.
También estaba detenida otra causa por una denuncia de la diputada y dirigente sindical de Aeronavegantes, Alicia Castro, del Frente País Solidario, contra el intento de Menem de construir una aeroisla sobre el Río de la Plata, que tenía todos los rasgos de convertirse también en otro "monumento a la corrupción".
En tanto, organismos humanitarios organizan una acción que los convertiría en querellantes en el caso del ex oficial de la marina Ricardo Miguel Cavallo, conocido cono Sérpico o Marcelo, acusado de crímenes de lesa humanidad y cuya extradición fue concedida a la justicia de España por el gobierno de México.
Cavallo, detenido el 24 de agosto pasado cuando intentaba escapar de México al descubrirse su verdadera identidad, acaba de presentar un recurso de amparo contra la decisión de extradición, pero los organismos humanitarios y las víctimas del ex re-presor de la Escuela Mecánica de la Armada, durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, están decididos a hacer valer todos sus derechos para lograr justicia en este caso.