LUNES Ť 26 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť El objetivo, evitar "parches" e impuestos regresivos, afirman senadores
Participará más el PRI en la reforma fiscal
Ť Advierten que se opondrán, en cualquier caso, a que se graven alimentos y medicinas
ALONSO URRUTIA
Con el objeto de que la reforma fiscal anunciada por el presidente de la República, Vicente Fox, no se limite a incorporar "parches", así como evitar que se sustente en la aplicación de impuestos regresivos, la fracción del PRI en el Senado de la República acordó participar de lleno en la discusión sobre el tema.
Los legisladores priístas Laura Alicia Garza Galindo y José Natividad González Parás anunciaron que en cualquier caso, el PRI se opondrá a la pretensión gubernamental de gravar alimentos y medicinas, porque consideran que afectaría la economía de los sectores populares.
Garza Galindo aseveró que llevarán a la discusión económica y fiscal puntos medulares que les fueron encomendados por el Consejo Político Nacional del PRI, destacando que para la fracción priísta el punto medular de la reforma es acordar mecanismos que permitan un combate mucho más eficaz en contra de la evasión fiscal, lo cual impediría que los nuevos ingresos del gobierno federal se sustentaran en la afectación de la economía familiar.
La legisladora dijo que el PRI llevará también a la mesa de discusión algunos otros aspectos como la revisión de los esquemas de coordinación fiscal que regulan la relación financiera entre la Federación, los estados y los gobiernos municipales.
A su vez, González Parás aseveró que otro punto en el cual el PRI se opone a las propuestas del gobierno federal, es lo relativo a la política sobre las tarifas del agua.
Los priístas -dijo- decidieron hacer del agua un "asunto de interés nacional", particularmente a partir de las declaraciones del presidente de la República, Vicente Fox.
Comentó que el PRI analiza la posibilidad de proponer una reforma constitucional para que el agua se considere como un bien social, estratégico, de interés público y con ello, se asegure el derecho de todos los mexicanos para acceder a ella.
Para el legislador es fundamental que este precepto se incorpore en la Constitución con el objeto de que en las políticas federales el agua se considere como un bien social y no como un bien comercial o una mercancía.