LUNES Ť 26 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Labor de cada congreso, no de diputados federales, dice

Objeta investigador auditorías a las universidades estatales

Ť Ignoran que se remiten estados financieros a la SEP, indica

CIRO PEREZ SILVA

La Cámara de Diputados se encuentra "imposibilitada" para auditar los recursos que la Federación destina a las universidades estatales, asegura el investigador Víctor Manuel Aretia Pulgar, miembro de la Asociación Nacional de Administradores Especializados en Instituciones Educativas (ANAEE).

Aretia Pulgar, quien por más de 11 años tuvo a su cargo la asignación de recursos desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las universidades del país, asegura que la pretensión del gobierno federal, los gobiernos estatales y los congresos de cada entidad no es nuevo, pero sostiene que esta inquietud obedece al "desconocimiento" del uso que se da a los recursos destinados a estas instituciones.

El investigador explica que quien como auditor pretende conocer el destino de los recursos que las universidades estatales establecen, "demuestran un profundo desconocimiento", ya que si bien el gobierno federal aporta recursos del gasto fiscal para el funcionamiento de estos centros, "estos recursos no ingresan directamente a las instituciones, sino a los gobiernos estatales que los incorporan a su presupuesto. En su momento entregan a su vez los recursos ya no provenientes de la Federación sino de los presupuestos estatales para financiar a la institución educativa de su entidad".

Las universidades federales, precisa el investigador, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Metropolitana (UAM), el Politécnico Nacional o la Universidad Pedagógica, sí son financiadas directamente por el gobierno federal, nacieron por decreto del Congreso de la Unión y por tanto son susceptibles de ser auditadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Violación a la soberanía

Sin embargo, las estatales nacieron por decreto del Congreso de cada estado. Se trata de organismos públicos descentralizados del gobierno federal o de los gobiernos estatales, que deben ser auditadas por aquél que las financia, es decir, "el gobierno federal a las federales y los gobiernos estatales a las estatales. De otra forma se violaría la soberanía de las entidades federativas. El organismo calificado para hacerlo es la Contaduría Mayor de Hacienda de cada Congreso. Entendiendo que la auditoría es una función normal en el manejo de los recursos fiscales", advierte el investigador.

Aretia Pulgar menciona que el gobierno federal puede auditar a todas las universidades en dos casos: Cuando se trata de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, derivadas de ordenamientos federales, por ejemplo, la retención y el entero del impuesto sobre la renta a salarios (ISPT), o el traslado del impuesto al valor agregado (IVA), y cuando el financiamiento se realiza directamente sin intervención de los gobiernos estatales, como se señala en líneas anteriores. De hecho, las auditorías ya se han realizado sin mayores complicaciones.

El investigador de la ANAEE sostiene que el efecto de una auditoría practicada a las universidades públicas "es la parte más delicada del tema", ya que es preciso tener presente que las instituciones públicas, ya sean federales o estatales, se rigen por una Ley Orgánica y, al amparo de ésta, por toda una reglamentación interna que incluye estatutos académicos y reglamentos internos reguladores tanto de la relación de trabajo como de la operación institucional, todo, ligado con el cumplimiento cabal de las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Una auditoría externa, explica, puede calificar con exactitud el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la legalidad en el ejercicio del gasto, basándose en los principios de contabilidad y auditoría existentes. Sin embargo, no puede emitir recomendaciones en cuanto a la razonabilidad de dicho gasto, en relación con el cumplimiento de las funciones señaladas, sin tomar en cuenta la normatividad interna de cada institución, por tanto, no puede haber opiniones generalizadas.

La razonabilidad del gasto está, absolutamente, en función del plan institucional de desarrollo, del presupuesto por programas, de la especialización docente de cada institución, de la cobertura territorial en la entidad federativa que atiende, de los niveles educativos que cubre, etc.

"Practicar una auditoría que aporte algo más que una revisión de cuentas, implica la participación de especialistas en la materia, de conocedores profundos de la administración de la educación y no sólo de inspectores fiscales,p ya que el riesgo de que la información sea mal interpretada es enorme", asevera.

Por otra parte, informó que las universidades públicas entregan a los gobiernos estatales y a los congresos respectivos un informe de las auditorías externas que todas contratan, además de que todas han sido evaluadas en su operación administrativa a través de los comités interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de la propia Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC).

Atendiendo a los requerimientos de la SEP, todas le remiten anualmente sus estados financieros, auditados o no. "Por desgracia, ciertos sectores del gobierno federal, y aun el Congreso de la Unión, desconocen esa información. ƑPor qué no recurren mejor a la fuente que por lustros ha sido la Dirección General de Educación Superior, en la SEP?", cuestionó.