MARTES Ť 27 Ť FEBRERO Ť 2001

Luis Villoro

La marcha hacia una nueva nación

El proyecto zapatista rebasa con mucho a las comunidades de Chiapas. Abarca a todos los pueblos indígenas, pero ni siquiera se limita a ellos. Es un proyecto que nos concierne a todos. Porque es la visión de una nueva nación.

En tres principios generales, enunciados por los propios zapatistas, se condensa esa visión.

1. Estado plural. Desde la Independencia, México se constituyó como un Estado-Nación, siguiendo la concepción, calcada de los países europeos, que tenía un grupo criollo y mestizo. Se trataba de un Estado homogéneo, que admitía una sola cultura, un solo orden legal, un único poder político.

El Estado-Nación homogéneo es un artificio. No corresponde a la realidad social y cultural del país, extraordinariamente diversificada y compleja. Socapa de igualdad ante la ley, el Estado homogéneo rechaza, de hecho, a todos los que tienen otra cultura, a todos los que siguen formas de vida y abrazan fines y valores distintos al grupo dominante.

El proyecto zapatista conduce a un Estado que respete y promueva las múltiples formas de cultura y elecciones de vida que conforman la nación: reconocimiento de las diferencias. Además del derecho a un trato legal igual, el derecho a ser diferentes. El derecho a las diferencias quiere decir que nadie puede ser excluido ni por el pueblo al que pertenece ni por su modo de pensar ni por las reglas que elige seguir ni por sus preferencias personales. El trato igual a los diferentes es un signo de la justicia.

Un lema de los zapatistas expresa, con fuerza, este principio: queremos -dicen- "un mundo donde quepan muchos mundos".

2. Democracia radical. El reconocimiento de la pluralidad de formas de vida implica garantizar que las decisiones colectivas emanen de la participación de todos los grupos e individuos diferentes.

En la democracia representativa, de corte liberal, el pueblo participa, una vez cada tres años, depositando una papeleta en una urna. Después se ausenta. Otros toman su lugar. Burocracias estatales y delegados de partidos políticos se encargan de gobernarlo. Ellos suplantan al pueblo real.

Pero la raíz de la democracia es el poder permanente del pueblo. Y el pueblo real no es el representado; está conformado por los hombres y mujeres concretos en los lugares donde viven y trabajan. La democracia radical no niega la representación ni rechaza los partidos, pero los sujeta al control de la sociedad. Difusión del poder a los ámbitos donde vive el pueblo: las comunidades, los municipios, las regiones. Control permanente de los representantes por los representados, rendición de cuentas, facultad de destituir a los mandatarios, participación de los pueblos y grupos sociales afectados en los proyectos que les conciernen.

Autonomía es poder de decidir obedeciendo las reglas que uno mismo establece. Los zapatistas piden, por lo pronto, autonomía para los pueblos indígenas. Pero la autonomía abarca, en los acuerdos de San Andrés, a las comunidades y a los municipios. El mismo principio de autonomía es aplicable en todas las asociaciones de la sociedad civil: sindicatos obreros, gremios, universidades, organizaciones no gubernamentales. La autonomía es el ejercicio de la libertad real que se niega a obedecer dictados ajenos.

3. Comunidad. En nuestra sociedad liberal reina el individualismo egoísta. Cada quien sigue su propio interés, perdida la noción de un fin común. Su norma es la competencia universal. Y en la competencia triunfa siempre el que parte con mayores ventajas. La sociedad liberal tiene una consecuencia necesaria: la exclusión de quienes tienen menos recursos.

Frente a la sociedad necesariamente excluyente sólo cabe una alternativa: la comunidad. En la comunidad no se eliminan los intereses individuales, sólo los que necesariamente excluyen el interés de los demás. En la comunidad, el interés de cada quien hace suyo el bien común. El servicio al todo priva sobre el servicio a sí mismo.

La comunidad ha sido el ideal, a menudo incumplido, de los pueblos indígenas; a él vuelven constantemente. Por eso tienen mucho que enseñarnos a los miembros de nuestra sociedad egoísta.

La otra cara del reconocimiento de las diferencias es la colaboración de los diferentes en la consecución de un fin común. Esa es la función de un Estado plural: la solidaridad de todos en la búsqueda de un orden equitativo para todos.

En el ámbito nacional, el nuevo proyecto es caminar, más allá de la competencia, a la construcción de una sociedad solidaria. En el ámbito internacional remplaza la dominación del capital sin rostro del neoliberalismo, por la cooperación de todas las naciones en un nuevo orden de justicia mundial.

Por eso el nuevo proyecto de nación introduce en la política la dimensión ética. Se expresa en un motivo que impulsa su acción: "Para todos, todo; nada para nosotros".

La marcha hacia la construcción de una nueva nación ha comenzado. Es la marcha de todos. Pero su camino será largo. Porque no se detendrá hasta sentar las bases de una nueva nación: una nación respetuosa de las diferencias, que ignora la exclusión, fundada en el poder del pueblo real, donde la competencia entre quienes obedecen sólo a su propio interés cede su lugar a la solidaridad en construir una auténtica comunidad.