MARTES Ť 27 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť "Se levantan restricciones y se autoriza la internación", les informó el gobierno

Larga lucha de expulsados por retornar a México

Ť Con su indulto bajo el brazo, una joven española regresa para asistir a actos del EZLN

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de febrero. La "pesadilla" de Olga Clavería comenzó el 13 de abril de 1998, en Taniperla, cuando las autoridades migratorias mexicanas decidieron detener y expulsar a un grupo de "extranjeros" dedicados a la defensa de los derechos humanos en Chiapas. Clavería, junto con 11 jóvenes italianos y españoles más, estuvo incomunicada dos días, hasta que fue finalmente expulsada del país por violar el artículo 33 de la Constitución.

Desde ese día, Clavería inició un calvario judicial que se prolongó tres años, hasta que el pasado 23 de febrero las autoridades diplomáticas mexicanas acreditas en España le informaron a la antropóloga española que "se levantan restricciones y se autoriza la internación". El próximo miércoles, Clavería viajará a México para unirse a la marcha zapatista y "visitar a los amigos".

"Cuando me expulsaron yo llevaba tiempo en Taniperla, donde estaba haciendo un trabajo de campo, de antropología, y al mismo tiempo era observadora de derechos humanos en los campamentos civiles por la paz. Eso yo en ningún momento lo he negado, porque no es una actividad ilegal y ni siquiera violaba mi estatus migratorio, pues yo tenía una FM-3 de estudiante. Cuando yo estaba en esa comunidad iba a los destacamentos militares a llevar denuncias con una credencial con mi nombre, pero en un momento dado decidieron criminalizar nuestra actividad", relató Clavería a La Jornada.

El gobierno mexicano les acusó de organizar a "los indígenas para levantar un municipio autónomo", de "violar las leyes establecidas" y de "golpear a las fuerzas de seguridad".

"Fue una locura, una auténtica pesadilla", dice la joven española. Clavería fue expulsada junto con 11 personas más, entre ellas dos jóvenes vascos, lo que suscitó incluso acusaciones de tener vínculos con ETA. Sus expulsiones fueron inmedi atamente recurridas ante las autoridades mexicanas por abogados de la Asociación Miguel Agustín Pro.

"Yo ahora me voy a juntar con los abogados y con el resto de los expulsados para decidir qué tipo de acciones seguir, pero hablándolo entre todos. Yo particularmente pienso que debemos seguir diciendo que las expulsiones fueron ilegales y que no se ha hecho justicia. Independientemente de quién vaya a México, lo importante es que se levanten todas las sanciones. Ha sido un proceso innecesariamente largo y una pesadilla que parecía que no tener fin, ya que en México no me pude defender por lo fulminante de la expulsión.

"Me he tenido que dirigir a la embajada de México para tratar de presionar, en la medida de lo posible, que se acelerara el indulto. La embajada ha sido la que ha servido de enlace; ellos nos han dicho todo este tiempo que el retraso de la resolución judicial es porque esto tiene medidas administrativas que llevan su tiempo. Yo esto no lo creí, pues si fueron decisiones políticas las expulsiones, también es político el que te dejen entrar de nuevo al país", explicó la defensora de los derechos humanos, quien dice estar "muy emocionada" por regresar a México y visitar a todos los amigos que dejó cuando fue expulsada por el gobierno anterior.

Clavería dice que viajará este miércoles a México con el "indulto bajo el brazo", un oficio emitido por la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM) en el que se le informa que puede volver a "internarse" en el país. Sin embargo, en el texto del documento, rubricado por Felipe de Jesús Preciado Coronado, titular del INM, se le advierte a "la extranjera" lo siguiente: "Hágasele saber al extranjero que de conformidad al artículo 33 constitucional, de ninguna manera podrá inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Esta misma advertencia también la hacen de forma explícita la embajada de México en España y la Subsecretaría de Población y de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación. Esta última ademas señaló que "la extranjera se internó a territorio nacional por el aeropuerto internacional de la ciudad de México el 30 de octubre de 1997 para realizar estudios de posgrado de antropología económica en la UNAM, de lo que se desprende de manera indubitable que la extranjera realizó actividades no autorizadas como observadora de derechos humanos, lo cual ella misma reconoce en su solicitud de readmisión".