martes Ť 27 Ť febrero Ť 2001
Alberto Aziz Nassif
Un triángulo conflictivo
De forma cada vez más clara se han dibujado en el escenario político tres espacios de conflicto en los que se ha concentrado la atención pública en estos primeros días del nuevo sexenio: el crimen organizado y el narcotráfico; la embestida del PRI en contra de las instituciones electorales; y el conflicto en Chiapas y la marcha zapatista. Cada caso representa un reacomodo para el sistema político.
La presencia agresiva y desafiante del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico han hecho acto de presencia a través de golpes desafiantes: la emblemática fuga del El Chapo Guzmán, el atentado al gobernador chihuahuense, que sigue en proceso de investigación, y la embestida de un creciente clima de violencia. Frente a ello, el gobierno ha mostrado preocupación por el alto grado de descomposición de las instituciones públicas encargadas de perseguir los delitos y de impartir justicia. El presidente Fox declaró una guerra al narcotráfico, pero Ƒtiene el gobierno federal las condiciones institucionales y la fortaleza interna para enfrentarse a estos poderosos grupos? La fuga del penal de Puente Grande mostró la debilidad del sistema carcelario y las dificultades de la Procuraduría General de la República para procesar a los arraigados de ese penal expresan otra debilidad institucional.
Entre los desfiguros que ha hecho en la ruta de convertirse en partido de oposición, el priísmo ha descargado sus baterías en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acción que ya tiene tres impactos: en Tabasco se desconoce la decisión del tribunal, pero se acata; en Yucatán se entra en un abierto desacato y el conflicto cada día se complica más, posiblemente las próximas elecciones de mayo tengan que posponerse; y ahora están las presiones, marchas y campañas para modificar la constancia de mayoría o, en su caso, anular las elecciones en Jalisco. Durante años, los gobiernos priístas se resistieron a que hubiera órganos electorales autónomos y procesos electorales con equidad y transparencia; a pesar de ello, en 1996 se logró una importante reforma electoral que tuvo como resultado la alternancia en 1997 y en el año 2000. Hoy los caciques del PRI quieren regresar el tiempo y manipular de nuevo las elecciones. Una salida a estos conflictos se puede dar mediante una federalización de las elecciones.
La marcha zapatista y el incierto destino de la paz en Chiapas se han convertido en un eje central de la política nacional. Primero surgió el litigio sobre la legitimidad de la marcha, en el que los grupos duros mostraron su postura resistente; luego vino la mecánica sobre la seguridad del recorrido y la polémica que desencadenó la negativa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de acompañar a los zapatistas. Como un oleaje que no ha tenido calma, la marcha del EZLN es hoy un territorio en donde se dirimen las posiciones ideológicas entre las izquierdas y las derechas, y entre un proyecto excluyente o incluyente de país. A medida que avanza la caravana crece el apoyo activo y se abren las posibilidades para un espacio de negociación. De cualquier forma, las acusaciones del subcomandante Marcos al gobierno foxista, las respuestas de éste y los desmentidos del CICR enrarecieron el ambiente político previo al inicio de la marcha.
Crimen organizado e impartición de justicia, institucionalidad electoral y pacificación en Chiapas son tres conflictos de un triángulo que tiene a prueba al actual gobierno. Estos nudos problemáticos son un desafío para el nuevo gobierno. La impartición de justicia necesita de una reforma que fortalezca el estado de derecho; con los organismos electorales se requiere una federalización para que los intereses caciquiles no impongan su ley, como en Yucatán; y en Chiapas se necesita una negociación que desemboque en una reforma del Estado sobre derechos y cultura indígenas. Los ritmos y los tiempos de resolución de cada uno de estos conflictos son diferentes y seguramente habrá resultados hasta en un mediano plazo, pero al mismo tiempo también habrá impactos inmediatos que serán nuevas tensiones para el país.
La incipiente democracia mexicana está a prueba, porque los avances logrados hasta el momento pueden ser reversibles; los peligros de una restauración autoritaria y la imposición de los viejos intereses mafiosos están en pie de guerra. De la forma en la que se canalicen estos conflictos dependerá el tipo de gobernabilidad que pueda tener el país en los próximos meses y años. En cada punta del triángulo hay un peligro grave como puede ser el desbordamiento de la violencia, un regreso a los conflictos electorales (sólo este año habrá 14), una polarización en Chiapas. Pero simultáneamente son una oportunidad para ver los avances institucionales que necesita la consolidación democrática de México.