MARTES Ť 27 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť La propuesta oficial sustituiría pactos y acuerdos instituidos desde los años ochenta
El CDSP estaría integrado por 10 representantes del gabinete y otros tantos de obreros y patrones
ELIZABETH VELASCO C.
La propuesta gubernamental para la creación del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos (CDSP), en poder de La Jornada, propone integrar ese órgano con diez representantes del gabinete presidencial e igual número de delegados obreros, patronales y campesinos.
El consejo propuesto por las autoridades sustituirá pactos y acuerdos productivos creados desde los ochenta para el ajuste "estructural" del modelo económico prevaleciente entre 1950 y mediados de los setenta.
En el CDSP, la Unión Nacional de Trabajadores participaría sólo si se acepten sus sugerencias, formuladas en una contrapropuesta, para que se cambien forma y contenido del consejo. Fuentes consultadas subrayaron la necesidad de "democratizar" el funcionamiento y decisiones del CDSP.
Según el texto oficial, propietarios y suplentes de los sectores obrero y patronal "serán nombrados por el secretario de Trabajo y Previsión Social (Carlos Abascal) a propuesta" de los organismos correspondientes con "mayor representantividad" en el consejo. Para tal efecto el presidente de ese órgano los convocará cada dos años. El titular de la STPS fungirá como presidente del CDSP.
El presidente estará facultado para "presidir reuniones, convocarlas, conceder la palabra y dirigir las deliberaciones"; dará "curso a los asuntos del orden del día"; vigilará que se adopten acuerdos o resoluciones suscritas por los integrantes de ese órgano y "transmitirá" al Ejecutivo federal las propuestas ahí formuladas, entre otros puntos.
El consejo se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses; y "cada vez que el presidente por sí o a propuesta de la mayoría de sus miembros lo convoque a extraordinaria".
Como presidente, Abascal también podrá "por sí o a propuesta" de miembros del consejo convocar "como invitados" a las reuniones del consejo, "a otros funcionarios de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, académicos o expertos, organismos sociales, asistenciales, no gubernamentales u otras", además de las obreras y patronales.
Representarán al gobierno las secretarías de Hacienda, Economía, Agricultura, Educación Pública, Desarrollo Social, Turismo; el gobernador del Banco de México, los directores de IMSS e Infonavit y, por supuesto, la STPS. Pueden ser "invitados permanentes" el director del INEGI y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El consejo y su presidente se apoyarán para realizar sus tareas y dar seguimiento a los acuerdos en una secretaría técnica que presidirá el subsecretario de Capacitación, Productividad y Empleo de la STPS, José Mario Garza Benavides, egresado del ITAM y ex secretario de la dependencia en Nuevo Léon, quien formulará "el proyecto" del orden del día y presentará la documentación correspondiente a las reuniones.
Además de cumplir con las instrucciones del presidente del CDSP, Garza auxiliará a Abascal en la "vigilancia del cumplimiento de resoluciones y acuerdos que se adopten". También estará a su cargo presentar informes sobre avances, resultados de actividades y resoluciones y acuerdos del consejo.
El proyecto está integrado por seis artículos, cinco resolutivos y amplia exposición de motivos en el "considerando". En éste se argumenta que para "el desarrollo nacional" deben concurrir los sectores público, social y privado para que "se apoye a las empresas de los sectores social y privado", bajo los principios "de equidad social y productividad".
Además, se justifica la creación del CDSP en "la legislación vigente", cuyos referentes son la Carta Magna, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la de Planeación y la Federal del Trabajo, a fin de establecer "la elaboración, actualización y ejecución" del plan nacional y los programas de desarrollo.
En el proyecto oficial se plantea la relación laboral entre las partes; productividad y calidad en el trabajo; preservación e incremento del empleo; confianza y respeto mutos y aplicación "justa y razonable" de normas laborales. La UNT rechaza las sugerencias de nulificar armas de lucha del sindicalismo como manifestaciones, paros y protestas.