MIERCOLES Ť 28 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Será dado a conocer este viernes en Oaxaca
Abarca programa de liberación a menos de 1% de indios presos
Ť Favorecerá a quienes delinquieron por primera vez, tienen buena conducta y no alcanzan fianza por falta de recursos
ALMA E. MUÑOZ
El programa de liberación de indígenas, impulsado por el gobierno, abarca menos de uno por ciento del total de la población de este sector presos en diversas cárceles del país y son beneficiarios quienes delinquieron por primera vez, tienen buena conducta y no alcanzan libertad bajo fianza por falta de recursos económicos.
La Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas sólo obtuvo el apoyo económico de Teléfonos de México -10 millones de pesos- para cubrir fianzas, en una primera etapa, de 200 personas -la meta es llegar a mil- y junto con el Instituto Nacional Indigenista (INI) hace las gestiones necesarias para que el Estado, independientemente de los defensores de oficio, cuente con un cuerpo de peritos y traductores para ayudar a ese tipo de acusados y brindarles asistencia jurídica, acorde con la pluriculturalidad del país.
Entre los inculpados -siete mil 431 provenientes de diversas etnias-, hay quienes permanecen encarcelados porque no pueden pagar fianzas que van desde los 300 hasta los cinco mil pesos y el INI sólo cuenta con 15 abogados a nivel central y entre uno y tres en ca- da una de sus 24 delegaciones para auxiliarles.
Trabajo a favor de la comunidad, alternativa para indígenas
Para esta institución "sería conveniente analizar la posibilidad de incorporar alternativas como el trabajo a favor de la comunidad -tratándose de indígenas- y con ello se evitaría el desarraigo comunitario y la desintegración familiar, además de que se fortalecerían los métodos de readaptación social".
En Chiapas y Campeche, donde se cuenta con juzgados de paz y conciliación, los jueces comunitarios determinaron que 85 por ciento de los asuntos del fuero común se resuelvan por la vía de la conciliación y la recuperación del daño, bajo la supervisión del Poder Judicial, pero recuperando la costumbre y la lógica indígena.
Según datos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, de los acusados que dicen ser indígenas, siete mil 175 son hombres y 256 mujeres.
Por entidad federativa, Oaxaca tiene el mayor número de reclusos provenientes de etnias (mil 775) y aquí es donde se dará a conocer el programa de liberación que impulsa el actual gobierno -previsto para el próximo viernes en San Isidro, Ojo de Agua-. Pero este estado, junto con Veracruz, Puebla y Chiapas concentran 56.92 por ciento de los indígenas presos.
Indios, 4.8% de reclusos, en el Sistema Peniteciario Nacional
El Sistema Penitenciario en México se integra por 447 centros de reclusión. Al 31 de agosto del 2000 se contabilizaban 154 mil 843 personas y 4.8 por ciento de ellos se identificó como indígena. De ellos, 83 por ciento se encuentran a disposición de autoridades judiciales y administrativas del fuero común y el resto responde por la comisión de delitos federales, en su mayoría contra la salud.
Dentro de este renglón, el INI sostiene que "la pobreza, incomunicación y aislamiento geográfico de algunas regiones indígenas las convirtió en zonas propicias para fomentar la producción de estupefacientes, por medio de mecanismos que van desde la amenaza, la coerción o el ofrecimiento de grandes utilidades económicas. Los riesgos y la violencia que estas actividades generan en las regiones indígenas exacerban aún más las condiciones de pobreza y marginalidad. Y la intervención gubernamental en la lucha contra el narcotráfico ha llegado a involucrar a algunos individuos indígenas, aunque el resto de la población resulta estigmatizada por su vecindad con los infractores, así como sometida en algunos casos a acciones que limitan su desenvolvimiento y desarrollo como personas o como grupo".
El INI lamenta que el servicio de defensoría pública y estatal no cuente con modelos de capacitación y actualización permanentes que permitan proporcionar un servicio eficaz a la población indígena, particularmente respecto a la diferencia cultural, y denuncia la falta de "equilibrio procesal necesario entre la defensa y el órgano acusador".
Le queda claro que el desconocimiento de la legislación nacional y el insuficiente manejo del español provoca que los indígenas sean objeto de violación a sus derechos cuando se enfrentan a un proceso judicial. Pero también es visible -denuncia la institución en uno de sus reportes-, "que entre los profesionales del derecho y las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia prive comúnmente el desconocimiento sobre los valores y costumbres de esas comunidades y su derecho a la diferencia cultural", además de manifestarse una ignorancia sobre las reformas legislativas que desde 1987 incorporan, en los tres órdenes de gobierno, derechos específicos para ese sector poblacional.
Las modificaciones en materia procesal penal establecen con claridad el derecho de los indígenas a contar con un traductor durante un juicio. Pero ninguna dependencia tiene responsabilidad ex profeso para garantizar el cumplimiento de dicha disposición y de esta manera cubrir, formar, capacitar y supervisar el quehacer de aquellos. "De esto se desprende entonces reconocimiento de que no se puede asegurar que este servicio elemental sea proporcionado efectivamente para ofrecer una procuración de justicia expedita y eficiente".