miercoles Ť 28 Ť febrero Ť 2001
Francisco López Bárcenas
La gran marcha indígena
Este 11 de marzo, después de dos semanas de caminar por once estados, llegan al corazón de la República mexicana 23 comandantes del EZLN y un subcomandante; 24 personajes de la rebelión indígena que desde el primero de enero de 1994 no han dejado de sacudir la "conciencia nacional", recordándole que seguirá incompleta mientras no reconozca su rostro indígena. No es ninguna coincidencia que los 23 comandantes pertenezcan a diversos pueblos indígenas de Chiapas y que el subcomandante sea un mestizo autoadscrito a la cultura indígena de sus compañeros. Eso, en sí mismo, ya es una enseñanza de la que todos deberíamos aprender.
Los 24 insurgentes no vienen solos, caminan con ellos cientos de personas, que son apenas un pequeño puñado de todos los que simpatizamos con su lucha, porque creemos justas sus demandas; vienen también miles de personas que de una u otra manera hemos compartido su sacrificio, y otras más que lo hicieron mucho tiempo atrás, porque la marcha que salió de Chiapas comenzó hace varios siglos, por lo menos desde antes que este país se comenzara a construir sin tomar en cuenta a los habitantes originarios de estas tierras.
Ya hace varias décadas don Emilio Abreu Gómez puso en boca de Jacinto Canek, líder de las rebeliones mayas precursoras de nuestra Independencia, esta afirmación: "Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio, hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por eso va el indio por los caminos que no tienen fin, seguro de que la meta, la única meta posible, la que lo libera y le permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte".
Ningún exceso cometía don Emilio al afirmar esto. Los indígenas fueron a la guerra de Independencia y pagaron su cuota de sangre para que la nación fuera soberana e independiente, sólo que al triunfo se les negó la posibilidad de formar parte de ella. En el Acta Constitucional de 1824, en lugar de reconocer nuestra existencia y derechos, se estableció como facultad del Congreso de la Unión arreglar el comercio con las naciones extranjeras entre los diferentes estados de la Federación y tribus de indios, disposición que se reiteró en el artículo 49, fracción XI, de la primera Constitución federal del México independiente, promulgada el 4 de octubre de ese mismo año.
Esta disposición estaba fuera de contexto, no respondía a una realidad social y por tanto ningún derecho representaba a nuestros pueblos indígenas, porque sus problemas iban más allá de asuntos comerciales, los cuales seguramente eran ajenos a la mayoría que luchaba por la defensa de su identidad colectiva y sus tierras comunales, que desde entonces eran asediadas por la nueva clase gobernante y agredidas con leyes estatales que impulsaban su fraccionamiento. La única explicación coherente sobre la inclusión de esta disposición en la Carta Magna apunta que fue copiada textualmente del artículo 1.8.3. de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, en la que el Estado había reconocido status jurídico a los indígenas, aún bajo su tutela.
Para mediados del siglo XIX, cuando se discutió la Constitución federal de 1857, el asunto de los derechos indígenas se había convertido en un problema nacional. Sobresale la postura del diputado Ignacio Ramírez, quien destacó la necesidad de que el proyecto constitucional que se discutía se adecuara a las necesidades específicas del país. En ella lamentó que "entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea" e invitó a los diputados a cambiar su visión del país. "Levantemos --les dijo-- ese ligero velo de la raza mista que se estiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola". A diferencia de quienes le antecedieron en la palabra, expresó: "Muchos de esos pueblos conservan todavía las tradiciones de un orígen diverso y una nacionalidad independiente y gloriosa".
Igual sucedió en el Congreso Constituyente de 1917, cuando se discutió nuestra actual Constitución política. Utilizando el criterio colonial de que la tierra era del rey y él se reservaba el derecho de transmitirla a sus vasallos, el grupo carrancista impuso su visión de que la tierra, los montes y las aguas eran propiedad de la nación, y ésta podía transmitirla a particulares para formar la propiedad privada. De nada valió que la sangre que se regó en los campos de batalla fuera mayoritariamente indígena; los derechos de estos pueblos se redujeron a los de las comunidades agrarias despojándolos de todo poder político.
Eso habla de la importancia de la gran marcha indígena a través de la historia, y de la que ahora protagonizan 23 comandantes y un subcomandante del EZLN que armados con la razón y la historia vienen al corazón de esta nación a ofrecer a la sociedad un espejo donde ver nuestro rostro mutilado en tanto sigamos excluyendo de todo derecho siquiera a la existencia a más de 10 millones de indígenas mexicanos; a exigirle al Congreso de la Unión sepa estar a la altura de las circunstancias y que a la hora de discutir la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas enmiende los errores de los tres Congresos Constituyentes anteriores y no dude en reconocer como sujeto colectivo con plenos derechos a esta importante parte de la sociedad mexicana constituida por sus pueblos indígenas.
El hecho de que sean los indígenas quienes encabecen estas luchas debería llevarnos a reflexionar y a no seguir considerándolos como los pobrecitos a los que hay que ayudar a salir de su postración, sino reconocerlos como sujetos con potencialidades y capacidad que buscan una oportunidad para integrarse a la construcción de un país donde todos podamos vivir decorosamente. Si los indígenas en la mayoría de los casos estamos pobres, no es por ser indígenas, sino por la estructura económica y el colonialismo interno a que se ha sometido a nuestros pueblos. En ese sentido ningún programa asistencial resuelve el problema; puede paliarlo y postergarlo, pero no resolverlo, para eso se necesita reconocerlos como sujetos con derechos plenos.
La gran marcha indígena que llega al corazón de la ciudad de México es una oportunidad para pensar en el futuro de los derechos indígenas, pero también en el país que queremos, antes de que se nos vaya de las manos la oportunidad de reconstruirlo. No podrá haber plena democracia sin derechos indígenas, pero éstos tampoco serán posibles sin aquélla. Por eso es importante la participación de todos en la construcción del estado de derecho, plural y democrático al que aspiramos los mexicanos. Ť