MIERCOLES Ť 28 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Emilio Pradilla Cobos

Realidad y percepción de la violencia urbana

Mientras el Gobierno del Distrito Federal afirma con estadísticas en la mano que los índices de criminalidad en la ciudad han disminuido desde 1998, algunos medios de comunicación, sobre todo televisivos, insisten en que no es cierto a partir de la "percepción" de la gente y el "clima de inseguridad" predominante. Uno parte de los datos estadísticos que miden la realidad; otros imaginan, interpretan o tratan de medir la violencia con encuestas limitadas basándose en "lo que piensa o siente la gente".

Ambas opciones son válidas, pero no pueden descalificarse mutuamente. Mientras la estadística cuenta delitos denunciados o registrados, la gente expresa visiones y sensaciones, cuyo origen puede estar cargado de subjetividad. Lo que no reconocen los medios y sus periodistas es que ellos mismos, con su difusión masiva y espectacular de hechos delictivos ejemplares y sonoros, a veces con lujo de imágenes sádicas, con su insistente campaña de magnificación de la situación de violencia y sus ataques a las autoridades, reproducen y amplifican esa percepción ciudadana que influye en la parálisis de la sociedad frente al crimen.

La percepción social sólo cambiará cuando la reducción de la incidencia del crimen sea tan grande que nadie se sienta amenazado. Las autoridades capitalinas no han afirmado que ello sea así; lo que sostienen es que han disminuido los delitos denunciados o perseguidos de oficio. Es evidente que el número de denuncias es muy inferior a los delitos ocurridos, situación que hay que revertir y que ocurre en muchos países, ya que es un problema de cultura, de falta de confianza, de miedo o de comodidad; pero en iguales circunstancias, la reducción del número de los denunciados es un avance. Para recobrar la confianza es importante además divulgar las acciones gubernamentales con el fin de mejorar la eficacia de los cuerpos policiales y judiciales, y para erradicar la corrupción. Sería bueno que los medios, sin renunciar a la crítica justa y mesurada, lo hicieran.

Los ciudadanos y los medios también deberían analizar con la misma severidad --y no lo hacen-- los factores estructurales que inciden en el alto grado de delincuencia que persiste en el país. Son muy complejos. El impacto demoledor de las crisis del capitalismo mexicano y de las políticas neoliberales de libre competencia, privatización y reducción del salario real inciden en la multiplicación del desempleo, la informalidad y la pobreza, generadoras de una masa de población proclive a la delincuencia incidental o a ser carne de cañón del crimen organizado. La descomposición familiar y la desatención de la niñez y la juventud en este contexto de exclusión, y la paulatina degradación de la situación social derivada del abandono de la responsabilidad social del Estado en el modelo neoliberal, las empujan a las adicciones y a la delincuencia. La globalización del crimen organizado (narcotráfico, contrabando de mercancías robadas y de armas) se acentúa con la globalización de la economía. La persistencia de la corrupción en las policías y los aparatos judiciales, propia del viejo régimen político aún no desmantelado, es alimentada por el flujo internacional de recursos sucios y por la ideología del enriquecimiento rápido y el consumismo.

La cultura de la violencia --reproducida masivamente por muchos de los medios de comunicación como entretenimiento, en el cine, las caricaturas, la música, la radio, la televisión-- impacta desde la infancia y la juventud a la población. Las tortuosas y degradadas estructuras urbanas, legado de décadas de urbanización salvaje, facilitan la acción de los delincuentes. En este marco y con estas determinaciones estructurales, la violencia se ha adueñado de las grandes ciudades de México y del mundo, atrasado o desarrollado, como una característica de esta anacrónica modernidad; las diferencias de grado y naturaleza no logran ocultar su universalidad.

No cabe duda que enfrentamos una plaga resistente y generalizada ni de que los esfuerzos gubernamentales, federales o locales, son insuficientes y, en muchos casos, ineficaces ante organizaciones no sujetas a límites jurisdiccionales ni legales que disponen de redes y recursos suficientes para armarse y equiparse con lo más avanzado de la tecnología y para comprar la conciencia de individuos y grupos en todos los niveles de la jerarquía social y administrativa.

Por ello, no es la polémica constante la justificación desestabilizadora que hemos observado en casos muy importantes ni la confrontación por oficio y como sistema que hoy vivimos, las que nos permitirán avanzar en la lucha contra la violencia, sino la acción colectiva y concertada para modificar prácticas y sumar fuerzas.