Ť La primera víctima habría sido José Trinidad Larrieta, afirman fuentes militares

El distanciamiento PGR-Sedena por filtraciones del caso García Ochoa "sólo beneficia a narcos"

La filtración de información confidencial asentada en la averiguación previa PGR/UEDO/091/2000, que involucra al general Moisés García Ochoa --actual secretario particular del general Ricardo Clemente Vega García, titular de la Defensa Nacional-- en las investigaciones sobre la presunta venta de plazas de la PGR en Chihuahua, generó un distanciamiento entre la dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha y altos mandos del Ejército Mexicano, pues consideran que dichos señalamientos "pretenden manchar" a ambas instituciones e interferir en su colaboración en la lucha antidroga.

Según fuentes castrenses, estas diferencias ya cobraron su primera víctima: José Trinidad Larrieta debió renunciar a la dirección de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), y no se descartan otros cambios en la PGR, entre ellos el del actual subprocurador general, Alfonso Navarrete Prida, aunque los informantes subrayan que los únicos beneficiados por estos problemas interinstitucionales son los propios narcotraficantes.

Según fuentes consultadas en ambas dependencias, José Luis Thirión Muñoz, quien desarrolló investigaciones encubiertas por más de 20 años, fue identificado como "doble agente" que sirve tanto a órganos oficiales como a cárteles de narcotráfico, sobre todo al de Juárez.

Según reportes de inteligencia militar, "en su doble papel de espía", Thirión utilizó al ex subdelegado de la PJF en Chihuahua, José Manuel Díaz Pérez, para obtener ganancias millonarias y afectar la credibilidad de la PGR y de la Sedena en un presunto caso de corrupción, "enlodando para ello al delegado de la PGR" en ese estado.

Cabe señalar que García Ochoa fue director del Centro de Inteligencia Antinarcóticos Nacional (CIAN) que depende directamente del titular de la Defensa Nacional y --según las fuentes-- es uno de los militares que manejan más información sobre el tráfico de estupefacientes, lo que le valió para estar en un puesto clave al lado del secretario Vega García.

En este contexto, altos mandos del Ejército consideran que la filtración de información en la que se pretendió involucrar a García Ochoa en la venta de plazas de la PGR busca "debilitar" la coordinación entre militares y la PGR, y en consecuencia, las acciones antinarcotráfico. Afirman que esto se debe a que, desde que el general Rafael Macedo de la Concha asumió la titularidad de esta dependencia, se consideró que la colaboración --entre militares-- entre PGR y la Defensa se intensificaría.

Destacan que al menos cuatro generales llegaron con Macedo a ocupar puestos clave en el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) y la Fiscalía Especializada para la Atencion de Delitos contra la Salud (FEADS)

En tanto, en la PGR se considera que Thirión Muñoz "es la clave para desemarañar la trama de una historia que pudo haber sido diseñada desde alguna organización de narcotraficantes, especialmente el cártel de Juárez, pues hay constancias que lo involucran con Ramón Alcides Magaña El Metro, jefe de la llamada célula del sureste, también ligada con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva".

"Lo curioso", dicen las fuentes, "es que en las filtraciones sobre la indagación de la supuesta venta de plazas se intenta hacer aparecer que varios generales, un subprocurador y un fiscal están involucrados", mientras el responsable del dinero, José Manuel Díaz Pérez, está prófugo desde el 15 de febrero, y el delegado, de cuya "complicidad" no hay constancias, sigue bajo arraigo.

"Es más, no se ha citado a declarar ministerialmente al general García Ochoa, pues hay plena confianza en que él fue el enlace para descubrir un ilícito, pero la falta de claridad en manejos jurídicos de la indagatoria por parte de la UEDO es lo que desconcertó y molestó a altos mandos castrenses, quienes consideran que la UEDO debió deslindar a funcionarios que fueron involucrados y que no tienen responsabilidad".

En este contexto, indicaron, "se estima que Thirión, quien al parecer se cree perdido y con un pie en la cárcel, ha comenzado a involucrar a personalidades del fuero castrense y del civil, en una indagatoria que aún no concluye, en un afán por difamar a funcionarios que en su trayectoria han golpeado el tráfico de enervantes".

Son los casos, señalan, de García Ochoa, Larrieta Carrasco y Navarrete Prida, el primero ex director del Centro de Investigaciones Antinarcóticos Nacional (CIAN), dependiente de la Sedena, desde donde se han realizado múltiples indagaciones antidroga cuyo resultado han sido fuertes golpes contra los cárteles de Amado Carrillo Fuentes, los Arellano Félix y Juan García Abrego; en cuanto a Larrieta, éste colaboró en indagaciones contra el cártel de Tijuana e indició a narcos como Ismael Higuera Guerrero El Mayel; por su parte, Navarrete no perdió un solo caso en cuatro años, e incluso ganó dos sentencias contra Héctor Luis El Güero Palma Salazar y fue fiscal del caso Gutiérrez Rebollo.

Los tres, hoy afectados por las revelaciones, tienen en común haber desarrollado labores de inteligencia antinarcóticos; obtuvieron resultados concretos, y un solo caso, la supuesta venta de plazas, los colocó "bajo la sombra de la sospecha y abrió diferencias entre las dos instituciones que tienen en sus objetivos combatir el narcotráfico"  .