Las divergencias en torno a la aplicación o no del horario de verano en la capital de la República y en otras entidades del país, ha ido creciendo y ramificándose en iniciativas y ofensivas políticas y publicitarias que no parecen tener más perspectiva que la confrontación institucional innecesaria.

La nación tiene ante sí debates de mayor fondo y trascendencia, y el México plural y democrático que apenas emerge requiere concentrar su atención en asuntos realmente sustanciales, entre otros, la superación de las pavorosas inequidades sociales y de la miseria extrema; la consolidación de los procesos de democratización; la formulación de nuevas reglas institucionales para enfrentar circunstancias políticas inéditas; la redefinición del pacto social; la construcción de una nueva relación entre el país y sus pueblos indígenas; la propuesta de una noción de soberanía acorde con el mundo contemporáneo; la desactivación de los cacicazgos inerciales pero poderosos, que aún subsisten y el diseño de una política económica que no se traduzca en la depredación del tejido social.

Ante estas necesidades acuciantes, el debate por el horario de verano parece un factor de dispersión y de pugnas estériles. Dicho lo anterior, no puede ignorarse que el asunto se ha convertido en un problema real, generado por una decisión que pudo ser correcta o no desde el punto de vista económico y técnico pero que fue implantada, en el sexenio pasado, con la arrogancia y el autoritarismo característicos de las presidencias priístas y con un fundamento legal por demás dudoso.

Los defensores de la medida aducen ahorros energéticos importantes para el sector público así como una necesaria sincronización con nuestros socios comerciales. Puede ser que tales razones tengan fundamento, pero el hecho es que el entonces titular del Ejecutivo se adjudicó una facultad que las leyes no le otorgaban, que es la de fijar la hora y que, para colmo, lo hizo sin tomar en cuenta el sentir de la población, como fue el estilo de gobernar de los últimos presidentes del régimen que terminó el primero de diciembre del año pasado.

De esa manera, el zedillismo heredó al país un problema que no debió ser agigantado por los gobernantes actuales --locales y federales-- de filiación política diversa. Si el cambio estacional de horario tiene realmente una justificación técnica y económica --especialmente, en los estados de la República situados preponderantemente arriba del Trópico de Cáncer, y en los cuales hay una variación perceptible entre el invierno y el verano--, lo adecuado sería informar con seriedad y transparencia a la sociedad de las ventajas del cambio, las cuales, hasta ahora, resultan intangibles para el grueso de los ciudadanos, y recabar su convencimiento antes de emitir decretos. Pero politizar e ideologizar el reloj es una actitud superflua, venga de donde venga. Suficientes desacuerdos genera el debate por el proyecto de nación como para agregarles una disputa por la hora.