ALMA E. MUÑOZ

A nivel mundial, alrededor de un millón de niños y niñas forman parte del mercado de explotación sexual comercial, con una ganancia anual aproximada de 7 billones de dólares.

Noventa y cinco por ciento de los "clientes" son hombres casados, con hijos y tendencia bisexual, quienes no tienen una vida erótica satisfactoria dentro de la convivencia marital.

El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) externaron preocupación porque el número de involucrados en este problema se incremente en México.

Las cifras revelan, según estudio dado a conocer en la Reunión trinacional sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que en México hay por lo menos 16 mil menores afectados por esta actividad ?en Estados Unidos sean entre 250 mil y 500 mil y sobre Canadá no se informó?.

A partir de los resultados ayer expuestos, el DIF se encargará de reactivar la Comisión Interinstitucional de Delitos Sexuales para prevenir el problema y buscará cambios legislativos que permitan, entre otras cosas, tipificar de manera uniforme sobre la explotación de la sexualidad infantil, la cual se practica, en muchos casos, por sobrevivencia.

Richard Estes, profesor de la Universidad de Pennsylvania e impulsor del estudio, rechazó que los menores provenientes de las clases más desprotegidas sean el grupo más vulnerable. En Estados Unidos, puntualizó, se comprobó que la clase media es la más afectada por este tipo de delitos y los jefes de las bandas en ocasiones comercian incluso con drogas y armas.

Los menores, a decir del investigador, representan una ganancia importante para los traficantes, cuyas redes de prostitución traspasan las fronteras y suministran de documentos apócrifos a quienes tienen bajo su cargo. Por ello, sostuvo, esta situación no puede ser resuelta únicamente por un país, sino que se requiere de la colaboración internacional.

De la reunión surgieron, entre otras recomendaciones, la necesidad de reconocer la existencia del problema en México y aplicar cero tolerancia a quienes fomentan esta actividad ?incluidos los "clientes"?; contar con un padrón nacional de niños desaparecidos para conocer quiénes son explotados; brindar capacitación a las personas involucradas en las investigaciones y contar con una red auténtica de servicio al niño rescatado, para reintegrarlo a la sociedad.

Además se propuso que México firme los protocolos de la Organización de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los infantes, y celebrar convenios binacionales, principalmente con Estados Unidos, para combatir la acción de pandillas que se han creado entre ambas naciones, que utilizan a los pequeños como mulas para transportar drogas o armamento.

Según el profesor de la universidad de Pennsylvania, hay disposición para castigar a aquellos estadunidenses que se acercan a la frontera con México en busca de "sexo barato. Queremos detener a quienes explotan a sus niños, pero esto requiere un mayor nivel de colaboración".

Elena Azaola, académica del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (Ciesas), resaltó la necesidad de dar un "rostro humano" a quienes se convierten en víctimas de la explotación sexual, sin olvidar a quienes se vieron orillados a ello por falta de alternativas sociales.

A la académica, representante de México para encauzar la investigación, y quien basó su análisis en trabajo de campo realizado en siete ciudades del país, le resulta claro que hay daños irreversibles entre los afectados por la red de pornografía infantil, donde se ven involucrados taxistas, intermediarios, enganchadores, representantes artísticos e, incluso, "autoridades, por omisión o porque están a cargo de algo". Para combatir este tipo de crímenes, afirmó, no basta elevar las penas. En Estados Unidos "se tienen las tasas de encarcelamiento más altas, pero hay también los números más serios". Incluso, pidió se considere como válida la denuncia hecha por menores.

Para la directora general del DIF, Ana Teresa Aranda, hay disposición gubernamental ?como externó también el secretario general de la institución, Carlos Rodríguez Ajenjo? para hacer frente a este conflicto, que a nivel internacional arroja cada año, por lo menos, 7 billones de dólares de ganancias, cifra que garantizaría el acceso a la educación primaria de todos los niños y niñas del mundo.

Y se pronunció por homologar los códigos de procedimientos penales en todo el país, para "garantizar una pena muy importante a quienes se dedican al tráfico sexual de menores, aunque esto sería sólo una parte para la solución del problema". Además, definir claramente al respecto, porque algunas leyes consideran la actividad como corrupción de menores, otras atentados al menor, estupro o, de plano, se carece de penalización.

En la institución hay certeza de que el conflicto se acrecienta en las zonas con "mayor dinamismo poblacional" como los márgenes urbanos, lugares turísticos o zonas fronterizas. Y los hechos se complican por la presencia de drogas, retención forzada, maltratos, servidumbre y "muchas veces, la participación de familiares".

Los datos ayer aportados forman parte del análisis que se tiene previsto concluir en el año 2002. En México se efectuó un estudio preliminar en el Distrito Federal y seis ciudades grandes, que a la vez son fronterizas y turísticas: Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula, Cancún, Acapulco y Guadalajara. En cada una de ellas, salvo la capital del país ?donde se calculan 7 mil?, se estima un total de entre 500 y mil niños y niñas víctimas del comercio sexual, en cualquiera de sus modalidades: prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico. Sus edades oscilan entre 13 y 17 años, pero hay más pequeños. Excepto en Cancún, no se detectaron infantes de Estados Unidos o Canadá. Pero en la frontera sur, especialmente Tapachula, se encontraron niñas guatemaltecas, hondureñas y de El Salvador, traídas a México con engaños.

El documento, que se dará a conocer el día 15, alerta sobre la presencia de pornografía infantil en calles, plazas, mercados, parques, estaciones de autobuses, hoteles, moteles, prostíbulos, pensiones, bares, cantinas, table dance, centros nocturnos, loncherías, casas clandestinas, cervecerías, restaurantes o centros botaneros, casas de masaje, estéticas, agencias de modelaje y acompañantes.

Ana Teresa Aranda fue entrevistada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también denunció que el año pasado se detectaron cerca de 36 mil niños ?desde bebés hasta los 18 años? que fueron repatriados de Estados Unidos después de que se detectó que fueron abandonados por polleros en aquella nación.

Para hacer frente a este problema, el DIF, junto con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, prepara un proyecto integral para entregar rápidamente a esos niños a sus familias y mejorar las condiciones de los albergues a donde llegan.