Ť Piden militares al gobierno y ONG que informen si tienen acusaciones o causas abiertas

Temor de torturadores argentinos por posible ajuste de cuentas judicial

Ť Estampida castrense ante versión de que serán declaradas inconstitucionales leyes protectoras

Ť Los actuales altos oficiales intentan distanciarse del ejército que comandó el ex dictador Videla

AFP, AP, PL Y REUTERS

Buenos Aires, 3 de marzo. Más de 700 oficiales del ejército argentino re-clamaron al gobierno y a dos or-ganismos humanitarios que les in-formen acerca de si tienen acusaciones o causas abiertas en su contra sobre violaciones contra los derechos humanos, con base en la ley conocida como habeas data (tienes tus datos).

El reclamo de los oficiales, en-cabezados por el jefe del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, se produjo luego de que el diario La Nación señaló que el juez federal Gabriel Cavallo estaría por de-clarar inconstitucionales las leyes de amnistía de obediencia debida y de punto final, emitidas por el gobierno del presidente Raúl Al-fonsín (1983-1989).

De confirmarse la inconstitucionalidad de dichas legislaciones, que en su momento frenaron los juicios contra integrantes de la pasada dictadura militar (1973-1983), se reanudarían los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Ambas leyes "protectoras" fueron derogadas por el Congreso ar-gentino el 24 de marzo de 1998, pero sin carácter retroactivo.

En ese marco, los más de 700 oficiales en activo se presentaron ante la Subsecretaría de Derechos Humanos --dependiente del Mi-nisterio del Interior--, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a fin de que les entreguen todos los datos que posean sobre cada uno de ellos acerca de eventuales violaciones contra los derechos hu-manos en esa época.

El reclamo, a la justicia

De momento se supo de la negativa de la APDH de recibir el pedido castrense, por lo que los militares tienen ahora el recurso judicial conforme a la ley 25,326 del ha-beas data, que fue incorporada a la Constitución argentina por la reforma de 1994.

Incluso, sobre la base de la citada ley el reclamo de los militares de todas las jerarquías tiene el aval tanto del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, como del presidente socialdemócrata Fernando de la Rúa, quien recién el jueves pasado recibió al teniente general Brinzoni, señalaron me-dios de prensa locales.

Se espera que el reclamo de los oficiales irá a la justicia el próximo lunes, y se estima que habrá más de 3 mil peticiones de oficiales en actividad y que la armada hará también una presentación oficial, mientras que la fuerza aé-rea analiza el tema.

Abogados civiles, que representan a los oficiales, dijeron que la presentación es de "carácter individual y voluntaria" y está destinada a que los interesados conozcan con la debida anticipación si alguna organización defensora de derechos humanos tiene acusaciones puntuales o causas abiertas que traben sus ascensos o les im-pidan viajar al extranjero.

Una alta fuente del ejército, citada por el diario Clarín, expresó que "lo que le decimos a la sociedad es que estamos intentando un camino para transitar libremente, sin ser señalados por el dedo de la gente, sin tener la obligación de demostrar que somos inocentes".

El periódico interpretó que esta apelación masiva de los militares "parece un intento del ejército ya no sólo de diferenciarse de aquel que comandó el ex dictador Jorge Rafael Videla (1976-1981), sino también de esclarecer la situación legal de los oficiales de esa arma, que eran jóvenes militares subalternos hace 25 años".

A un año del retorno de Pinochet

Este día se cumplió un año de la liberación de Augusto Pinochet en Londres por motivos de salud, lo que permitió su retorno a Chile el 3 de marzo del 2000 y fuera recibido como héroe por las fuerzas armadas del país sudamericano.

Sin embargo, más tarde habría de perder su fuero parlamentario y actualmente está bajo arresto do-miciliario y en proceso por el juez Juan Guzmán Tapia, por el caso caravana de la muerte, un operativo criminal para eliminar líderes izquierdistas en los 70.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, destacó a su vez que a 10 años del Informe Rettig --una investigación ordenada por el ex presidente democristiano Patricio Aylwin para es-clarecer los crímenes de la dictadura pinochetista--, de un total de mil 197 detenidos desaparecidos sólo han logrado encontrar menos de 10 por ciento de ellos.

No obstante esa falta de esclarecimiento de la verdad, admitió, ha habido algunos avances en derechos humanos, como por ejemplo el enjuiciamiento de Pinochet iniciado por el juez Baltasar Garzón en España y su posterior detención en Londres, donde sólo después de 503 días de arresto domiciliario logró ser liberado por su-puestos motivos de salud.

Tal arresto, dijo la dirigente hu-manitaria, sentó las bases para su desafuero y posterior enjuiciamiento por la causa de la caravana de la muerte, cuyo fallo debe conocerse la próxima semana.

Reconciliación, pide la Iglesia

Mientras, el nuevo cardenal chileno, Francisco Javier Errázuriz, re-cibió este sábado una gran acogida por parte de los católicos en Santiago, tras su investidura por el papa Juan Pablo II, el 21 de febrero, junto con otros 43 obispos, y en su primera homilía llamó a todos los chilenos a la reconciliación y a la fraternidad "pensando en el bien de nuestra patria".

En Tegucigalpa, mientras tanto, el ex militar hondureño José Ba-rrera, deportado esta semana de Canadá, negó ante las autoridades judiciales haber sido integrante de los escuadrones de la muerte que en los años 80 desaparecieron a unas 184 personas.