LUNES Ť 5 Ť MARZO Ť 2001
Ť Según el gobierno de Guerrero debe haber elementos nuevos, "si no es demagogia"
Cuestionan reapertura del caso Aguas Blancas
Ť Obispo y legisladores perredistas saludan aceptación de la recomendación de la CIDH
LA JORNADA / EL SUR
Acapulco, Gro., 4 de marzo. En referencia a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir la investigación de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, el secretario de Gobierno de Guerrero, Marcelino Miranda Añorve, dijo que un caso se reabre "cuando hay nuevos elementos, si no se trata de pura demagogia".
Por su parte, el senador Héctor Vicario Castrejón, a quien se considera delfín del ex gobernador Rubén Figueroa, señaló que "la ley no debe aplicarse por venganza ni por resentimientos".
Mientras, el arzobispo coadjutor de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, consideró que con la aceptación de parte del gobierno mexicano de la recomendación de la CIDH, "se debe aclarar la verdad ante toda la ciudadanía".
El prelado indicó que a los responsables de la masacre se les debe administrar una justicia "no sólo punitiva, sino distributiva". Asimismo, insistió en que la medida adoptada por el gobierno mexicano es "un desagravio para la sociedad", y se dijo confiado en que el hecho de retomar la investigación indica que "se quiere clarificar más de lo que se ha descubierto".
Por su parte, el diputado perredista Félix Salgado Macedonio señaló que la reapertura del caso Aguas Blancas será la oportunidad de que el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sea encarcelado, "porque es un asesino", y de fincar responsabilidades en contra de otros funcionarios involucrados en la matanza, como el juez que llevó la causa, Adolfo van Meeter Roque, apenas designado delegado en Acapulco de la Procuraduría de Justicia del estado, y el entonces jefe de la Policía Judicial local, Gustavo Olea Godoy, actualmente director de la Defensoría de Oficio, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La aceptación del gobierno foxista de la recomendación de la CIDH es, para el diputado federal, "un síntoma de que hay interés en el actual gobierno federal de llegar a la conciliación verdadera".
El anuncio de la embajadora especial de México para cuestiones de derechos humanos, Mariclaire Acosta, dejó "complacido" al legislador, quien señaló que acciones similares se pueden tomar con los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos en la cárcel de Iguala.
Mientras que para la senadora perredista Leticia Burgos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el gobierno federal "se estaba tardando" para reabrir el caso Aguas Blancas.
Aparte del aspecto de justicia, dijo, el expediente de Aguas Blancas encarna una faceta de progreso social en la región, tema que han tocado CIDH, Suprema Corte de Justicia y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El acatamiento de la recomendación de la CIDH, dijo la legisladora, coloca en la agenda nacional casos como las masacres de El Charco, El Bosque y Acteal.