LUNES Ť 5 Ť MARZO Ť 2001
Ť Capacitación obligatoria, plantea el CDSP
Confianza y buena fe, postulados para la relación obrero-patronal
Ť Rechazo de la UNT por no basarse en aspectos legales
ELIZABETH VELASCO C.
El Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos (CDSP) se sustenta en "la concertación y el entendimiento" como vías para resolver las diferencias que en materia laboral y desarrollo productivo surjan entre gobierno, trabajadores y empresarios.
Según el CDSP, cuyo texto se elaboró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los sectores obrero-patronal, en adelante, deberán regir su relación en postulados como "la confianza mutua", "buena fe", "contratación colectiva auténtica, lealtad, corresponsabilidad, respeto, cooperación, corresponsabilidad, conciliación" y otros.
Presentado la semana pasada por el presidente Vicente Fox y rechazado por la Unión Nacional de los Trabajadores, por no considerar la visión de las agrupaciones "independientes", el CDSP obliga a las partes a impulsar "una cultura de cumplimiento a las normas jurídicas", y a ejercer con "responsabilidad y mutuo respeto" los acuerdos contraídos entre esos sectores, que estarán abiertos a "transformarlos con flexibilidad a las exigencias sociales y al entorno de la globalización económica que hoy vivimos".
Más allá de esos criterios, que para la UNT conllevan serios riesgos para el ejercicio de los derechos sindicales y de acciones previas a la huelga (manifestaciones, paros y otras estrategias), el CDSP pone énfasis en la capacitación, a la cual otorga un "carácter obligatorio", como establece la Carta Magna.
Adopta, asimismo, el compromiso de establecer programas de productividad y calidad en los niveles regional, sectorial y de las empresas, y la inclusión de mecanismos "de reconocimiento económico y estímulo al desempeño de los trabajadores".
Para ello, indica, las partes realizarán "diagnósticos productivos por rama, cadena, sector y región productiva, mediante convocatorias abiertas". Esos análisis, enfatiza, serán el "aspecto clave" que permita el diseño de los "reformas legales (en materia laboral) y las políticas públicas como las de empleo, capacitación, productividad, salarios, contratación colectiva y celebración de acuerdos productivos", entre otros.
El texto que ha causado polémica entre las organizaciones sindicales, excepto en las afiliadas al Congreso del Trabajo, que lo "aprobaron" con autoridades de la STPS, asienta que se promoverá la "aplicación razonable y justa interpretación" de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que la administración de personal, productividad y competitividad; aportación productiva de los trabajadores y otros asuntos laborales respondan a las "exigencias del bienestar social y de la globalización económica".
En torno al "libre ejercicio del derecho de asociación", plantea evitar "confrontaciones ilegales" por la titularidad de los contratos colectivos, a partir del "estricto apego a la legalidad en la conducta de quienes hacen uso del derecho de asociación, eliminando prácticas simuladas e ilegales de contratación". Del salario, se dice la intención de "crear instrumentos" que garanticen una remuneración "justa y digna".
Sobre ese acuerdo, la UNT elaboró su propuesta, pero modificando varios conceptos y, en algunos casos, dio otro contenido a los artículos para aclarar que las relaciones laborales deben basarse en postulados legales, más que en aspectos de buena fe.