Ť Reformas al Código Financiero afectaron sus derechos laborales, aducen

Servidores de la Tesorería promueven amparos por supuestos abusos del gobierno y la ALDF

Ť Unos 150 inconformes alegan que dejaron de recibir ingresos por recuperar multas

RAUL LLANOS SAMANIEGO

En diferentes tiempos y formas, 150 actuarios, notificadores, auditores y analistas de la Tesorería del gobierno capitalino promovieron 15 amparos, durante febrero pasado, ante juzgados de distrito en materia laboral y administrativa, por lo que consideraron abusos laborales y violaciones constitucionales de parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los inconformes alegan ante la autoridad judicial que en diciembre pasado la ALDF derogó el artículo 515 y reformó el 101, ambos del Código Financiero, con lo que los marginó, por un lado, de recibir una parte proporcional de las multas que recuperan de los contribuyentes morosos, y por la otra, los colocan en una situación de quitarles materia de trabajo, y por ende, ganancias económicas.

Responsabilizan, además, al jefe de Gobierno de haber promulgado dichas acciones, y al tesorero y procurador fiscal de haberlas aplicado.

Un acuerdo firmado en 1992, durante la administración de Manuel Camacho Solís (diciembre de 1988 a noviembre de 1993), entre la Tesorería y los sindicalizados, y plasmado luego en el Código Financiero, establecía que una parte proporcional de las multas fiscales que recuperaran los trabajadores iría a fondos que se repartirían cada tres meses entre todos los empleados de la Secretaría de Finanzas, incluso con el mismo titular de esa dependencia. Aunque, claro, el mayor monto lo recibían los actuarios. Y así fue hasta diciembre pasado.

Por lo que hace al 101, los diputados agregaron una frase en el tercer párrafo de este artículo para que las autoridades locales pudieran habilitar servidores públicos como actuarios y practicar diligencias para requerimientos o embargos.

A mediados de enero, dirigentes sindicales de las secciones relacionadas con la Secretaría de Finanzas --11, 15, 17, 30 y 39-- se entrevistaron con Andrés Manuel López Obrador para solicitarle, en especial, su intervención ante la derogación del artículo 515. La respuesta del Ejecutivo local fue que no podía hacer nada, pues los autores de esos cambios habían sido priístas y panistas en la ALDF, además de que era asunto ya escrito, por lo que decidieron irse por la vía legal.

Les niegan la suspensión provisional

De acuerdo con información radicada en los juzgados, en los primeros días de febrero empezaron a interponerse las solicitudes de amparo ante los juzgados en materia laboral y administrativa, aunque en varios de ellos se negó a los quejosos la suspensión provisional del acto reclamado, es decir que no puede la situación ser como antes, pues al publicarse en la Gaceta Oficial del DF el Código Financiero, se trata de un hecho consumado.

El amparo 125/2001, interpuesto en el juzgado segundo en materia de trabajo, fue solicitado por 25 actuarios, auditores y analistas el 8 de febrero, y es contra la derogación del artículo 515. Ahí aseguran que las multas eran parte de sus percepciones y aluden al acuerdo 001/92. Agregan, también, que la ALDF no tenía facultades para legislar en el ámbito laboral.

En este caso, el juez Ricardo Castillo les negó a los inconformes, el 15 de febrero, la suspensión provisional. No obstante, ese mismo día los empleados de la Tesorería solicitaron un amparo, pero ante el juzgado sexto de distrito en materia administrativa, que quedó radicado con el número 87/2001. Los términos prácticamente son los mismos.

Con respecto al artículo 101, un grupo de actuarios solicitó un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia de trabajo, y en él señalan a 50 autoridades responsables de estarlos afectando laboralmente. Alegan que la ALDF incurrió en un acto de inconstitucionalidad. Es de mencionar que en este trámite también se les negó la suspensión provisional.

Será el próximo 16 de marzo cuando se realice la audiencia constitucional para determinar si se les otorga o se les niega su solicitud de amparo.
 

Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Alvaro Arceo Corcuera, dijo que en la mayor parte de las dependencias del gobierno capitalino se falsifican documentos, por lo que se buscará un convenio con una empresa especializada de Suiza a fin de establecer candados a documentos oficiales. En estos hechos ilícitos hay muchos funcionarios involucrados con personas que se dedican a la impresión y que existen averiguaciones previas abiertas para investigar los hechos. Se trata de preservar la papelería oficial como la del Registro Civil, el Registro de la Propiedad o de la Secretaría de Finanzas, que tiene que ver con asuntos patrimoniales y de ingreso de recursos, dijo Arceo.