MARTES Ť 6 Ť MARZO Ť 2001

Ť Una comisión débil no le sirve ni al gobierno ni a la sociedad: José Luis Soberanes

Llama Vicente Fox a consolidar autonomía y fortaleza de la CNDH

Ť El ombudsman nacional presenta ante el Presidente su primer informe de labores

VICTOR BALLINAS Y ROBERTO GARDUÑO

El presidente Vicente Fox aseguró ayer que su gobierno erradicará ''por siempre la tortura, la discriminación, la explotación de las personas, el maltrato a los indígenas, a grupos vulnerables, a migrantes y cualquier otra forma de abuso de poder''. Asimismo, instruyó a todos los funcionarios de su administración a atender los compromisos incumplidos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tras escuchar el primer informe de labores del presidente del la CNDH, José Luis Soberanes -en el que le detalló las violaciones a los derechos humanos de indígenas, migrantes y reclusos-, el mandatario sostuvo que su gobierno no va a encubrir a nadie. Los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas se atenderán: ''Desde ahora decimos šno a la impunidad! La vamos a combatir donde quiera que se encuentre'', añadió.

El ombudsman aseguró ante el Presidente que una Comisión Nacional de Derechos Humanos ''débil no le sirve ni al gobierno ni a la sociedad. Nuestro compromiso está en una defensa incondicional de la autonomía, este es nuestro principal instrumento de acción y de legitimación''.

Tensiones y riesgos

Añadió que la autonomía que se otorgó a ese órgano ''implica riesgos, contra los cuales debemos estar muy atentos para evitar que la institución se debilite, porque hoy que ya no es parte del gobierno, no cuenta con su respaldo automático como antes''.

Soberanes insistió en que el funcionamiento de este órgano ''origina tensiones y puede dar lugar a presiones'', ante lo cual convocó a evitar que esta institución sea presionada, para hacer menos incómoda su actuación y no se debiliten sus recomendaciones.

Ante estas demandas Vicente Fox manifestó que coincidía plenamente con lo expuesto por Soberanes y por ello afirmó: ''Hay que consolidar la autonomía y la fortaleza de la CNDH, para que le cumpla satisfactoriamente a la sociedad. Una comisión débil, no le sirve a los ciudadanos y tampoco al Estado, porque sin acciones firmes no se desterrarán los abusos de poder''.

En su informe, el titular de la CNDH refirió que se han detectado problemas en las contralorías de las dependencias gubernamentales, incluida la propia Secodam, ''toda vez que si bien se aceptan las recomendaciones y soluciones amigables por parte de la autoridad, al dar vista a los órganos de control ocurre en numerosas ocasiones que, a pesar de estar acreditada la responsabilidad de los servidores públicos, no se les sanciona o la sanción es mínima''.

Con este tipo de actuaciones, abundó el ombudsman, se da la impresión que el procedimiento resulta una simulación que tiene un impacto desmoralizador en la sociedad, que ve cómo violaciones graves en los hechos son consideradas como faltas leves dentro del servicio público. ''Este es un problema generalizado. Persiste la impunidad por faltas administrativas y esto representa un grave obstáculo para el avance de los derechos humanos'', dijo.

Fox respondió: ''Daré instrucciones precisas a los órganos de control de las diversas dependencias federales para trabajar en estrecha coordinación con la CNDH. No vamos a encubrir a nadie, los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas serán atendidos''.

Agregó que se asegurará se cumplan los compromisos asumidos por los servidores públicos ante la comisión, y se atiendan sin falta las recomendaciones y las conciliaciones requeridas para reparar las violaciones a los derechos humanos.

En su informe de actividades, Soberanes señaló que el crecimiento de la violencia ha hecho que se asome de nuevo el rostro de una debilidad de fondo del Estado. Y reconoció que el cambio derivado de la desaparición de algunos viejos mecanismos de corte autoritario ''parece que está removiendo anquilosadas estructuras y cotos de poder que desafían al Estado y a sus fundamentos, como son el monopolio del uso de la fuerza pública, la capacidad de contener las violencias particulares y a la garantía para la convivencia social, la paz y seguridad pública''.

Expresó que la sociedad se inquieta porque el Estado tiene instrumentos adicionales de control y seguridad, pues ha visto que en ocasiones éstos llegan a ser utilizados en su contra. Precisó que la transición democrática ha erosionado las estrategias con las que antes contaba, en particular los altos niveles de discrecionalidad y secrecía a los actos de gobierno en materia de seguridad.

Soberanes dijo que el fortalecimiento de la participación de la sociedad organizada y de los recursos coercitivos del Estado es algo que debe pactarse con la propia sociedad, pues el Poder Ejecutivo no puede hacer solo esa convocatoria. ''No parece tener los recursos ni espacio político suficientes para cumplir esa tarea, sin que sea frenado por la sospecha pública y la oposición política''.

En su informe aseveró que no existe justificación para combatir el delito basándose en prácticas ilegales o arbitrarias. Y resaltó que el sistema de justicia penal demanda la aplicación de penas alternativas a la clásica cara de la reclusión. ''Nuevas penas que aligeren la agobiante carga económica y de trabajo para las instituciones encargadas de prevenir y procurar justicia, y sancionar el delito''.

El ombudsman dio a conocer que elabora un proyecto de ley con el objetivo de que la presunción de inocencia tenga una vigencia real en el sistema penal mexicano, y puedan ser erradicadas prácticas inaceptables como la detención para investigar o presumir culpables a todos los involucrados en un delito, sin distinguir su participación.

Enseguida, Soberanes se refirió al problema migratorio. Precisó que los trabajadores migrantes no deben ser objeto de discriminación en virtud de su situación migratoria, con lo cual se deja claro que el trabajador indocumentado tiene derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y demás instrumentos internacionales.

Aseguró que la violación a los derechos de migrantes no radica tanto en la ausencia de disposiciones jurídicas protectoras, sino en el incumplimiento e inobservancia de dichos instrumentos.

Anunció que prepara reformas al artículo 94 de la Ley General de Población, para evitar que los locales de retención o detención administrativa, así como los centros de reclusión, se utilicen para el aseguramiento de indocumentados extranjeros.