En el primer informe de labores del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, rendido ayer en Los Pinos, se plantearon puntos de vista plausibles y hasta cierto punto inéditos, tanto por parte del ombudsman como del presidente Vicente Fox. Es pertinente reflexionar sobre algunos de esos aspectos.

Destaca, en primer término, el énfasis con que Soberanes vinculó la defensa de los derechos humanos con la necesidad de construir una nueva relación con los pueblos indígenas del país. La relación entre uno y otro asuntos es por demás pertinente, toda vez que, en las estructuras sociales, políticas y legales vigentes en el país, los indígenas --en tanto que individuos y en tanto que comunidades-- constituyen el sector más vulnerable a los atropellos y los abusos de autoridad perpetrados por servidores públicos de los tres niveles del poder público. Esa indefensión no sólo se explica por la marginación, la opresión, la explotación y la desatención en que se encuentra ese segmento de la población nacional, sino también porque la legislación actual no considera de manera específica los derechos de los pueblos indios y porque las actitudes discriminatorias y racistas siguen vigentes --para oprobio nacional-- en diversos sectores sociales. Con el telón de fondo de la marcha zapatista a la capital, y en el contexto de la lucha por la aprobación de la iniciativa de la Cocopa en materia de derecho y cultura indígenas, las reflexiones del titular de la CNDH sobre indígenas y derechos humanos resultan oportunas y pertinentes.

Otro asunto que Soberanes enfatizó en su informe es la necesidad de emprender, de manera urgente, una reforma de fondo al sistema carcelario del país, habida cuenta que los reclusorios se han convertido en islas de impunidad cuya existencia misma constituye un mentís a la vigencia del estado de derecho.

En su respuesta al ombdusman, el presidente Fox se comprometió a respetar la autonomía de la CNDH y a pugnar por su fortalecimiento. Ello implica, desde la perspectiva del mandatario, involucrar al Poder Ejecutivo en la erradicación de las "simulaciones de legalidad" y evitar la complicidad o la complacencia hacia los funcionarios que incumplan las recomendaciones del organismo.

El exhorto de Fox a las movilizaciones sociales contra la autoridad, "que se encubre en la discrecionalidad y en la investidura para abusar de los ciudadanos", evoca lo expresado por el mandatario el pasado 5 de febrero, en el marco de la conmemoración constitucional, cuando señaló la necesidad de cambiar las relaciones del poder con la sociedad y se refirió a la intolerable contradicción entre "una sociedad democrática y muchas instituciones autoritarias".

Después de seis años de deterioro de los derechos humanos --Amnistía Internacional se refirió incluso a una "crisis de los derechos humanos en México--, los señalamientos formulados ayer por el ombudsman nacional y por el Presidente de la República abren un nuevo margen para pugnar por el respeto irrestricto a las garantías individuales y combatir la impunidad de las autoridades que las quebrantan. Cabe esperar que los propósitos gubernamentales se reflejen en hechos concretos. Para lograrlo, la voluntad presidencial es indispensable, pero no suficiente; es necesario, además, que la ciudadanía mantenga una actitud vigilante, organizada, apegada a la legalidad e intransigente ante los abusos cometidos desde cualquier instancia del poder público.