MIERCOLES Ť 7 Ť MARZO Ť 2001

Ť Presunta responsabilidad en la alteración de una ley de bebidas alcohólicas

Desaforados, Ríos Montt y otros 23 diputados guatemaltecos por orden de la Suprema Corte

Ť Fallo histórico contra la impunidad: ONG Ť Menchú, confiada en un juicio al ex dictador

AFP, DPA Y AP

Guatemala, 6 de marzo. La Corte Suprema de Guatemala desaforó hoy al presidente del Congreso, el ex dictador Efraín Ríos Montt, y a otros 23 diputados del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) por su presunta responsabilidad en la supuesta alteración de una ley de bebidas alcohólicas. Grupos de derechos humanos -que hicieron guardias frente a los tribunales en respaldo al retiro de la inmunidad del general- consideraron que con esta medida comienza la lucha por el Estado de derecho.

"Es necesario investigar las circunstancias en las que -el presunto crimen- podría haberse cometido y la posible participación de los diputados del Congreso", señaló el presidente del tribunal supremo, Hugo Maúl, al dar a conocer la resolución.

Para el líder del grupo Alianza contra la Impunidad, Miguel Angel Albizúres, se trata de un "fallo histórico contra la impunidad que ha reinado en Guatemala". No obstante, alertó que actualmente hay un clima de "tensión política", al recordar que apenas la semana pasada hubo rumores sobre un eventual golpe de Estado.

La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, al conocer el fallo se mostró confiada en que el ex dictador sea procesado en España por delitos de lesa humanidad, pese a que en diciembre pasado la justicia en Madrid rechazó iniciarle proceso. Pero Menchú dijo que uno de los obstáculos para esa demanda que le fincó ante la Audiencia Nacional de España era la inmunidad parlamentaria de que gozaba Ríos Montt.

El fallo, que constituye la procedencia de un pedido de antejuicio contra el ex dictador y los otros 23 legisladores, fue decidido por 12 votos a favor y uno en contra emitidos durante una reunión de los 13 magistrados que se prolongó más de 13 horas.

El retiro de la inmunidad parlamentaria a los 24 legisladores oficialistas obedeció a que se encontraron suficientes indicios en torno a que alteraron una ley que grava las bebidas alcohólicas, según una denuncia hecha en agosto pasado por el diputado y líder del opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN), Leonel López.

De acuerdo con López, las tarifas de referencia a la ley aprobadas por el pleno del Congreso el 27 de junio pasado, fueron reducidas hasta 50 por ciento por los diputados del FRG y así apareció publicada la norma en el Diario Oficial el 1o. de agosto.

Además el denunciante, en nombre de la bancada del PAN, el principal de oposición, también acusó a Ríos Montt y sus correligionarios de haber destruido las pruebas sobre lo acordado en la sesión parlamentaria del 27 de junio, tales como libretas taquigráficas, el video de televisión y las cintas de audio.

La corte, al decidir sobre el retiro de la inmunidad, consideró que los imputados pudieron haber incurrido en al menos seis delitos: falsedad material, falsedad ideológica, violación de la Constitución, ocultación y destrucción de evidencia, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

En consecuencia, la Corte declaró procedente un pedido de antejuicio contra Ríos Montt y los otros 23 parlamentarios, a solicitud del principal partido opositor, por lo que ordenó abrir causa judicial y nombrar un juez para iniciar las investigaciones contra los sindicados, cuya acción recae en la Fiscalía.

Sin embargo, los desaforados seguirán siendo diputados, ya que la bancada del FRG maniobró la semana pasada y reformó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso para impedir que Ríos Montt y otros cuatro dirigentes de la junta directiva perdieran los cargos al quedar sin inmunidad.

Los partidos opositores protestaron por la maniobra, que calificaron como una medida violatoria de la Constitución. En respuesta, el PAN y las bancadas de la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), el Partido Unionista (PU) y cuatro diputados independientes dejaron de asistir a las sesiones y presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la ley interna del Congreso.

En medio de reclamos de que renuncien los 24 diputados desaforados, el FRG celebró este día una reunión a puertas cerradas , al cabo de la cual ese partido de derecha decidió abstenerse de comentar la resolución de la Corte.

Pero el jefe de la bancada del FRG, Mario Rivera, sostuvo que había personas interesadas en emprender un "linchamiento político" y que así surgían las acusaciones contra la tercera parte de sus diputados.

Un vocero del ex dictador, Leonel Soto, arremetió contra la oposición política y los medios de prensa, sectores a los que acusó de fraguar una "conspiración" que se traduce en la resolución judicial. Añadió que no se prestarían a "los juegos de los medios escritos", porque no participarían en "esa actividad desestabilizadora de grupos que no tienen capacidad de convocatoria".

Ríos Montt, de 74 años, a quien los grupos de derechos humanos han acusado de las peores masacres de miles de campesinos indios mayas durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983, ha logrado eludir hasta el momento a la justicia porque los tribunales no han dado entrada a las denuncias de genocidio.

Para el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala, Víctor Galvez, ahora el general en retiro "tiene la oportunidad de demostrar su vocación democrática y apego a las leyes". Con todo, dijo no descartar que ante la pérdida de la inmunidad puedan presentarse otras acciones en su contra, una acumulación de juicios como le sucedió a Augusto Pinochet.

De hecho, activistas de derechos humanos como Frank La Rue y Hellen Mack preparan desde hace algún tiempo la documentación sobre una serie de masacres cometidas durante el régimen de Ríos Montt, cuyos casos en cualquier momento podrían ser llevados a la justicia para incriminar al desaforado diputado.