La larga lucha de la sociedad argentina por la justicia y la verdad, iniciada desde el colapso de la tiranía que se abatió en ese país entre 1976 y 1983, y que ha experimentado avances históricos y dolorosos retrocesos, logró, ayer, una significativa victoria: la declaración de nulidad de las ignominiosas leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final" --aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín bajo el chantaje y la presión de asonadas golpistas--, las cuales representaron, durante casi tres lustros, una garantía de impunidad para los militares criminales que torturaron, asesinaron, vejaron, encarcelaron, persiguieron y exiliaron a decenas de miles de ciudadanos argentinos.

En el marco de la querella legal iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la desaparición a manos de los uniformados, en 1978, de José Liborio Poblete, Gertrudis Marta Hlaczik y la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete, el magistrado bonaerense Gabriel Cavallo determinó que las dos normas referidas son anticonstitucionales. En lo inmediato, tal resolución tiene un efecto limitado, pues únicamente afecta a los militares directamente involucrados en el secuestro y en el probable asesinato de los Poblete-Hlaczik, así como en el robo de su hija, será, probablemente, apelada ante instancias superiores de justicia. Pero el fallo sienta un precedente que, de prosperar, hará posible el procesamiento de más de mil militares de segundo rango, cuyos crímenes no han podido ser juzgados debido a que los amparan las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final".