jueves Ť 8 Ť marzo Ť 2001
Octavio Rodríguez Araujo
La guerra y la paz
Hemos podido leer en diversos diarios y revistas declaraciones de gente importante en los medios, la política y los negocios en el sentido de que para que se firme la paz entre el gobierno y el EZLN la primera condición es que haya guerra, y que ésta no existe. ƑLa guerra de baja intensidad, llamada también de contrainsurgencia, no es guerra?
Para los desmemoriados conviene recordar que el 9 de febrero de 1995 el presidente Zedillo, haciéndola de Ministerio Público, anunció por televisión que una vez "descubierta" la identidad de los dirigentes zapatistas éstos tenían órdenes de aprehensión. Horas después el Ejército nacional tomó varias poblaciones en Chiapas y obligó a sus habitantes, después de destruirles todo, a huir hacia las montañas y selvas. El EZLN llamó a detener la guerra y amplios grupos sociales, tanto en México como en el extranjero, se movilizaron para frenar al gobierno federal. Javier Elorriaga y Etzin Gómez fueron apresados (más de un año estuvieron en la cárcel de Cerro Hueco), además de otros supuestos dirigentes que en poco tiempo fueron liberados. El primer Aguascalientes fue destruido y en su lugar se hizo un campamento militar. La táctica seguida por el Ejército consistió en hostigar a las comunidades y pueblos, dividirlos, expulsar a la gente, violar a sus mujeres, envenenar el agua, introducir bebidas alcohólicas y prostitutas, quitarles la comida, impedirles el paso a sus milpas, sembrarles mariguana y, más adelante, auspiciar la formación de grupos de paramilitares que han operado en las diversas zonas con absoluta impunidad y en ocasiones con saña desmedida, llegando incluso al asesinato masivo, como ocurrió en Acteal en diciembre de 1997.
Las operaciones policiacas y militares se multiplicaron contra los municipios autónomos zapatistas: Flores Magón en abril de 1998, Tierra y Libertad en mayo, Nicolás Ruiz y San Juan de la Libertad en junio, y así sucesivamente, y se le declara la guerra supuestamente legal a los extranjeros simpatizantes de los indígenas rebeldes, expulsándolos del país. Se multiplicaron, hasta llegar a más de 200, los campamentos y retenes militares, se obligó a la Conai a disolverse y el gobierno intervino para sacar de la diócesis de San Cristóbal tanto a Samuel Ruiz como al obispo coadjutor Raúl Vera. Sólo en la zona norte de Chiapas fueron expulsados de sus comunidades más de 4 mil indígenas, en Los Altos cerca de 10 mil, impidiéndoles con ello sus formas mínimas de subsistencia. Algunos de los indios desplazados incluso fueron asesinados.
Esta guerra, que habría de disminuir en los últimos meses del gobierno de Zedillo, entre otras razones por la proximidad de las elecciones, fue una guerra de baja intensidad, pero fue una guerra.
Vicente Fox ha querido terminar con la guerra y quisiera, como lo ha repetido muchas veces, firmar la paz con el EZLN lo más pronto posible. Pero quizá el Presidente no ha entendido que la anhelada paz sólo puede alcanzarse después de que se cumplan ciertos requisitos mínimos que, por cierto, eran mayores en alcance que lo que se pide ahora.
Debe recordarse que cuando se suspendió el diálogo de San Andrés, el 2 de septiembre de 1996, el EZLN planteó cinco condiciones para continuarlo: liberación de todos los presuntos zapatistas presos, que la comisión del gobierno tuviera plenas capacidades de decisión, que se instalara la Comisión de Seguimiento y Verificación, que el gobierno hiciera propuestas serias y fundadas sobre el tema de democracia y justicia que se debatía en ese momento, y finalmente, que terminara la persecución militar, policiaca y paramilitar en las comunidades indígenas del estado. Al mismo tiempo, la Cocopa trabajó para destrabar el conflicto y preparó un proyecto de reformas constitucionales sobre los derechos y la cultura indígenas con base en los acuerdos de San Andrés, que había aceptado el gobierno federal el 16 de febrero de ese mismo año. El EZLN aceptó la propuesta de la Cocopa. El gobierno la rechazó. Y a partir de ahí, al margen de la guerra de baja intensidad, la demanda principal del EZLN ha sido el reconocimiento gubernamental a los acuerdos de San Andrés. Su viaje a la capital de la República es por lo mismo y para convencer que la iniciativa de la Cocopa sea aprobada en el Congreso de la Unión.
La guerra está latente, las fuerzas militares y paramilitares siguen ahí. Todavía hay presos políticos zapatistas. Sólo hay señales, no soluciones claras. Los motivos del levantamiento indígena no han cambiado en los hechos y, aunque ahora se exige menos, pues la referencia del momento es sólo a la Mesa Uno (derechos y cultura indígenas) de las cuatro planteadas en el diálogo suspendido, hay indicios de que todavía falta mucho para la paz si el Congreso de la Unión no entiende que los indios son una realidad, cada vez mejor organizados y menos pasivos y, como se ha comprobado, con muchos simpatizantes.